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240 millones, más o menos

 

  • Redacción NoticiasFuerteventura
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    Unas sesenta mil personas que ingresan menos de 600 euros al mes tienen derecho en Canarias a recibir la renta básica ciudadana, unos 7.300 euros al año. Es cierto que comienza a saberse ahora que la intención del Ejecutivo no es abonar esa cantidad de forma lineal a quienes la precisen, sino complementar hasta esa cifra las distintas ayudas que hoy se reciben por parte de miles de personas sin recursos, desde quienes malviven con pensiones sociales no contributivas a quienes sólo tienen la Prestación Canaria de Inserción, el subsidio familiar tras concluir las prestaciones de desempleo o incluso las ayudas por dependencia.

     

    La renta básica no va a ser por tanto esa ayuda general y universal de la que se habló con extraordinaria ligereza durante la campaña electoral -una época en la que se promete lo que haga falta- ni tampoco va a aplicarse muy probablemente hasta muy entrada la legislatura, quizá hasta el final. El nuevo Gobierno no dispone de los recursos necesarios para poder destinar 240 millones de euros extra a cumplir su promesa, ni -a pesar de haber declarado de urgencia avanzar en el proyecto de renta básica- dispone de mecanismos legales para acelerar la tramitación de una ley de la que ni siquiera hay un atisbo de dónde puede sacarse el dinero.

     

    La subida de medio punto del IGIC -que pagarán todos los ciudadanos de Canarias por igual, porque todo el mundo paga el mismo IGIC al margen de la renta que perciba-, podría llegar a suponer más o menos la mitad de lo que se precisa para sacar la renta básica adelante. Esa es la verdad, a pesar del cálculo oficioso realizado desde Nueva Canarias de que el IGIC podría recaudar hasta 1.200 millones más sin subir el tipo al 7 por ciento. Los partidos del 'pacto de las flores' hacen ahora las cuentas que debieron hacer antes de la campaña, pero ese es su problema: Canarias tiene la obligación moral -no sólo estatutaria- de aprobar una renta básica que mitigue las situaciones de pobreza grave que se viven en el archipiélago. Y debe hacerse cuanto antes, respondiendo a las expectativas creadas, y sin aumentar el gasto público, entre otras cosas porque el Gobierno de España no va a flexibilizar la regla de gasto.

     

     

    No va a hacerlo porque Sánchez se comprometió con Europa a realizar en 2019 un ajuste estructural de medio punto en el PIB, pero el compromiso no se ha cumplido y el déficit español sigue creciendo. Es verdad que la prórroga del presupuesto de 2018 debía haber servido para bajar el déficit, pero Sánchez se dedicó a hacer campaña con sus 'viernes sociales'. O sea, que de esperar a que Madrid flexibilice nuestra regla de gasto, nada de nada. Con el superávit de Canarias -y otras regiones y municipios- se reduce el déficit del Estado. Si se quiere sacar la renta básica, y hacerlo con cierta urgencia y no a finales de la legislatura, endosándole el coste a los que vengan detrás como ya se apunta, sólo hay dos opciones: o se recauda más o se gasta menos. Y está claro que el nuevo Gobierno de Canarias no tiene la más mínima intención de gastar menos. Si hay renta básica -si no se espera a que Madrid resuelva la papeleta, o se dejan pasar los años- la renta se pagará con un nuevo atraco al bolsillo de los ciudadanos. Y lo harán mientras ellos se suben los sueldos.

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