Cumbre autonómica
Francisco Pomares
Fernando Clavijo ha propuesto la convocatoria y celebración en Canarias de la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, un organismo del Estado que se creó para debatir y adoptar acuerdos sobre asuntos de relevancia para el sistema autonómico. La convocatoria pretende activar la Conferencia para exigir del Gobierno en funciones que aclare asuntos de importancia vital para las regiones. Todas las autonomías necesitan saber con urgencia qué va a pasar con los presupuestos generales del Estado del próximo año, cuál va a ser la fórmula de regla de gasto que se va a aplicar a los presupuestos regionales y cómo va a influir en los compromisos adquiridos por el Gobierno con las regiones el adelanto del cierre del ejercicio presupuestario de 2016, un adelanto que Rajoy precipitó al 20 de julio y que muchos gobiernos regionales -entre ellos el de Canarias- quieren emular para contener el déficit público... en fin, lo que se quiere conseguir con la cumbre de presidentes es que este Gobierno en funciones, atascado y con menos poderes y competencias que un Gobierno normal, adopte las medidas necesarias para evitar que las administraciones regionales se contagien de la parálisis que hoy afecta al Estado.
La Conferencia de Presidentes, constituida en octubre de 2004, es el órgano de máximo nivel para la cooperación entre el Gobierno nacional y las Comunidades Autónomas, por encima de cualquier otro órgano de cooperación multilateral, como -por ejemplo- el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Formada por el presidente del Gobierno y los de todas las comunidades autónomas, además de los de Ceuta y Melilla, la Conferencia solo se ha reunido en seis ocasiones desde su creación, la última en octubre de 2012, con Rajoy siendo ya presidente.
La propuesta de convocarla, sin ser novedosa -en realidad ya fue planteada por Susana Díaz al propio Clavijo en el encuentro que mantuvieron en Sevilla hace unos meses-, tiene hoy mucha más enjundia de la que podría parecer. Es cierto que la convocatoria de la Conferencia es una potestad de Rajoy, ese presidente en funciones acobardado e inactivo que -por cierto- solo la ejerció una vez, a pesar de que el apoyo de las instancias regionales habría sido de extraordinaria utilidad para hacer frente a algunos de los desafíos a los que se enfrenta el país, especialmente a los de carácter soberanista. Pero aún siendo prerrogativa de Rajoy la convocatoria formal, la iniciativa de pedir que se reúna, si cuenta con el respaldo suficiente y la necesaria justificación -y esta es más que evidente-, sería difícilmente rechazable y de extraordinaria utilidad para Canarias y el resto de las regiones. Permitiría afrontar en un solo encuentro la indefinición sobre los presupuestos que el próximo año han de garantizar las prestaciones y servicios públicos que desempeñan las regiones. Que son casi todas las que tienen que ver con la atención directa de los ciudadanos: sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, justicia...
Y quizá pudiera servir también para mandar un mensaje de cordura y entendimiento a un Parlamento embargado por la incapacidad para lograr acuerdos entre los partidos y que parece irresponsablemente decidido a abocarnos a unas terceras y -quizá de nuevo- inútiles elecciones.
