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El nuevo Estatuto de Canarias

 

José Carlos MAURICIO

Se está abriendo lo que podría llamarse un nuevo proceso constituyente canario * Lo preocupante es que, ante un desafío así, nos encontramos en una situación política más difícil que en anteriores etapas de nuestra historia

 

En los últimos 50 años, desde 1972, Canarias ha tenido que redifinir, cada cierto tiempo, sus relaciones con el Estado español. En los últimos años de la dictadura y principios de la democracia, vivió un proceso constituyente en paralelo al de España. En ese tiempo, estableció sus relaciones especiales con el Estado por medio del REF de 1972, la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de 1982.

 

El Régimen Económico Fiscal de Canarias se consiguió en plena dictadura después de una larga lucha en que se unió toda la sociedad canaria, todas las islas, sin quedar atrás ninguna. El pueblo canario se movilizó unido por un estatuto económico especial, autonomía política y por la democracia. La movilización alcanzó tales proporciones que preocupó y asustó al poder central. Por eso aprobó a regañadientes el REF canario y, con ello, pretendía frenar la lucha por la democracia y la autonomía política.

 

Pero la lucha siguió y en 1976 se produjeron importantes manifestaciones en las islas por la democracia y la autonomía. La dictadura cayó y se abrió un proceso constituyente que dio como fruto la Constitución de 1978. Y en ella, la disposición adicional tercera, en que se reconoce, sin definirlo, el Régimen Económico Fiscal de Canarias. Al menos eso sirvió para dejar establecido algo muy importante para Canarias: la Constitución española reconoce cuatro hechos singulares: Euskadi, Cataluña, Galicia y Canarias. Las tres primeras, por su hecho diferencial histórico, cultural y lingüístico y Canarias, por su hecho diferencial económico y geográfico. “Islas alejadas”, como decía el preámbulo de la Ley de Puertos Francos.

 

En 1982, el proceso culmina con la aprobación del Estatuto de Canarias y sus instituciones de autogobierno: la comunidad autónoma y los siete cabildos. Como hemos dicho, este proceso duró diez largos años, una larga transición de un régimen dictatorial a una democracia, que Canarias aprovechó para definir sus fueros, sus derechos históricos y su hecho singular dentro de la nueva España democrática.

 

Años después, la integración de España en la Unión Europea, en 1986, obligó de nuevo a Canarias a tener que plantear y volver a redefinir sus relaciones con España y el nuevo proyecto europeo. De nuevo se produjo un largo conflicto, ante las incomprensiones del poder central. Al presidente del Gobierno de aquel entonces, Leopoldo Calvo Sotelo, le irritaron tanto las pretensiones canarias que cuentan tiró al suelo, con rabia, la propuesta que elevó la Junta de Canarias. Posteriormente, Felipe González aceptó que Canarias tuviera un estatus especial dentro de la Unión Europea. Fue lo que se llamó el Protocolo-2, dentro del acuerdo de integración de España. El Protocolo-2 duró cinco años, hasta que tanto Europa como España aceptaron que la integración de Canarias se hiciera a cambio de reconocer su hecho diferencial. Es decir, un nuevo REF y un estatuto especial de ultraperiferia.

 

La consecuencia fue que el nuevo Tratado de Maastricht de la Unión Europea introduce los artículos que hacen referencia a las regiones ultraperiféricas y les reconoce el derecho a un tratamiento modulado y diferenciado. Este reconocimiento abre inmediatamente la negociación de un nuevo Régimen Económico Fiscal de Canarias en el Estado español. Se dice en su preámbulo que han pasado 22 años desde el REF anterior y que el mundo ha cambiado tanto que es necesario un REF completamente nuevo. Pero también el Estatuto de Autonomía de 1982 había quedado desfasado por la historia y necesitaba una actualización y un avance hacia el mayor autogobierno.

 

Se abrió así la negociación de un nuevo pacto Canarias-Estado, del mismo tipo que se había abierto en la transición. La negociación duró dos largos años, 1994-1996, y su ampliación a Europa culminó en 1999. Fue tan tensa y conflictiva como todas las anteriores. Y, sin duda, como serán las posteriores. Por de pronto, en 1993, se rompió como consecuencia del REF el pacto PSOE-ATI, el Gobierno Saavedra-Hermoso, que gobernaba Canarias hasta ese momento. Carlos Solchaga, el ministro socialista de economía, el Montoro de la época, se negó a aceptar el REF que proponía el Parlamento de Canarias. La consecuencia fue una moción de censura a Saavedra, que unió a todas las fuerzas nacionalistas y dio nacimiento a Coalición Canaria. El nuevo Gobierno nacionalista y el grupo parlamentario en Madrid fueron los que negociaron con éxito el nuevo REF y el nuevo Estatuto.

 

El Parlamento español aprobó el Régimen Económico Fiscal de 1994, un proyecto tan amplio como renovador, y en 1996 se aprobó la reforma del Estatuto de Autonomía, que consideraba a Canarias “una nacionalidad”, con derecho al máximo nivel de autogobierno. En ese marco, la Unión Europea amplió y consolidó las especificidades de las regiones ultraperiféricas. Sin duda estos hechos históricos ayudaron decisivamente al avance y el progreso de Canarias en el periodo decisivo de 1994 hasta el principio de la crisis en el 2007.

 

2016-2020 

Pero todo lo nuevo, por bueno que sea, termina por hacerse viejo. La historia cambia y las sociedades se ven obligadas también a cambiar, sobre todo cuando se vive un periodo de aceleración histórica como el que ha transformado el mundo entre los años finales del siglo XX y los primeros 16 años del siglo XXI. La globalización, la revolución tecnológica y los cambios geopolíticos han cambiado la situación mundial. En este tiempo ha envejecido la Constitución española del 78 y por eso se plantea ahora reformarla. Han envejecido los tratados europeos y por ello están hablando ya de reformarlos, sobre todo a partir del brexit. Y como es natural ha envejecido el REF de 1994 y el Estatuto de Autonomía de 1996. Si el primero decía que los cambios históricos en los 22 años anteriores habían sido tan profundos que se exigía esa reforma, ¿qué se podrá decir veinticuatro años después del REF de 1994?

 

Los tiempos están cambiando, como dice la canción del cantante-poeta, último Premio Nobel de Literatura. Y los nuevos tiempos exigen cambios urgentes si quieres adaptarte a ellos y no quieres que la historia te pase por encima. Y en ese reto está Canarias, justo en este preciso momento. Abriendo lo que podría llamarse un nuevo proceso constituyente canario desde ahora a 2020. Se inició la semana pasada con la toma en consideración por las Cortes españolas del nuevo Estatuto de Autonomía de lo que se autocalifica como “archipiélago atlántico”. Este debate se producirá en paralelo a la negociación de un nuevo REF, de la financiación autonómica y del desarrollo del estatus ultraperiférico en la Unión Europea.

 

Lo preocupante es que, ante un desafío tan esencial, nos encontramos en una situación política más difícil que en anteriores etapas de nuestra historia. Nos coge con un Gobierno canario en crisis, unas islas enfrentadas peleando por minucias y un escenario político español turbulento, inestable y lleno de incertidumbres. Nos encontramos con un Gobierno en minoría que lo único que hace es ganar tiempo y una oposición en crisis, sin rumbo: una parte solo piensa en alejar lo más posible su congreso y la otra en ganar la batalla de Vistalegre. Mientras tanto los otros dos hechos singulares españoles, aparte del canario, Cataluña y Euskadi, intentan negociar lo imposible o proponer lo poco posible.

 

En Cataluña han convocado una conferencia el 23 de diciembre para acordar la convocatoria en septiembre de un referéndum por la independencia. Mientras Euskadi sugiere negociar con el Estado un estatuto confederal dudosamente constitucional. El Parlamento mira con perplejidad estos acontecimientos, que no le permiten prestar atención al debate sobre Canarias. Por eso el Estatuto Canario ha pasado esta semana sin pena ni gloria por el Congreso de los Diputados. Quizá sea lo mejor, porque mientras están en otra cosa, se abre una ventana de oportunidad para conseguir lo que se necesita. Sobre todo porque lo que necesita Canarias en ningún caso es anticonstitucional. Pero también hay que señalar que las ventanas de oportunidad pueden durar poco. Y por eso es preocupante que los partidos canarios declaren que no tienen prisa, que lo conveniente es la pausa e ir tan despacito que quizá acabe por la ventana cerrarse.

 

Porque hay una amenaza que nadie debe olvidar: la posibilidad, si se complica Cataluña, de unas nuevas elecciones a final de año. Todos dicen que no, pero la semana pasada, en una cena-mitin del Partido Popular para celebrar la Navidad, Rajoy se soltó el pelo y dijo: “Los felicito a todos y sepan que estamos preparando ya las próximas elecciones”. Estas cosas aunque se piensen no se dicen, por eso Soraya Sáenz de Santamaría puntualizó a los periodistas: “Que va, fue un lapsus. No va a haber elecciones. Lo que ocurre es que el jefe suele estar más lúcido por las mañanas que por la noche después de la cena”.

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