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Funcionarios

 

Francisco Pomares

 

Siempre que pensamos en la función pública canaria, hablamos de los casi 58.000 empleados públicos que la integran. Lo cierto es que si de esa gigantesca bolsa se sacan los que trabajan en Educación, Sanidad y Justicia, y los que no son estrictamente funcionarios, resultaría que sólo tres mil empleados de carrera integran hoy la Administración General de la Comunidad Autónoma. En sólo seis años -desde 2011- la Administración amortizó casi mil plazas, la cuarta parte del total, básicamente tirando de no volver a cubrir las vacantes producidas por jubilación en esos años. Se trata de un brutal recorte encubierto de personal, superior al que se ha producido en otras regiones y en el Estado, y que afecta muy especialmente a los puestos más cualificados, cubiertos por personas de mayor edad, entre las que la jubilación tiene una mayor incidencia.

 

La primera reflexión casi obligada es que cuando hablamos de una región con decenas de miles de funcionarios no estamos diciendo la verdad: no se trata de funcionarios, sino de empleados públicos, personas que se ocupan de asuntos concretos y que realizan funciones que no podemos considerar burocráticas, porque no lo son: no es burocracia enseñar a nuestros hijos, curar las enfermedades y lesiones de nuestros mayores o administrar justicia. Se trata de servicios sin los que una sociedad moderna no puede funcionar. Descontando a toda esa gente que sostiene los servicios del Estado del Bienestar, la cifra de apenas tres mil funcionarios de administración general para atender el trabajo de las consejerías y departamentos, la puesta en marcha de proyectos, las inspecciones, la intervención de los fondos y la tramitación de expedientes no parece en absoluto escandalosa, todo lo contrario. Sobre todo, cuando ocurre que la prohibición de convocar nuevas oposiciones no solo ha bloqueado el que se cubran las vacantes de funcionarios con nuevos funcionarios por oposición, sino también ha producido que se acaben vaciando las listas de reserva, por lo que en la mayoría de los casos las vacantes no han sido para interinos, sino para nuevos contratados, en general con poca experiencia. Los retrasos en la tramitación de proyectos y expedientes que eso provoca son terribles: resulta muy evidente cuando se trata de asuntos como las asignaciones de la dependencia en los servicios sociales, o los expedientes de instalaciones eléctricas, que se acumulan por millares en Industria. Pero también en todos los procedimientos que implican planificación y desarrollo: los ciudadanos se quejan de los atascos en carreteras, pero sin funcionarios que diseñen y ejecuten los proyectos de nada va a servir que Madrid transfiera más recursos a la Obra Pública. El sector privado rechaza el gasto público en personal, y los dirigentes empresariales reclaman reducir el número de funcionarios. Pero piden al mismo tiempo agilizar los trámites administrativos. Algunos trámites podrán agilizarse aligerando las leyes, pero es ridículo concebir una administración sin papeleo. Y aunque hoy se trate en muchos casos de papeleo virtual, la administración requiere de funcionarios. Y de que se convoquen oposiciones para cubrir las plazas y se aprueben sistemas internos de traslado, que la ley -una ley que no se ha cumplido nunca, ni antes de la crisis ni ahora- establece que deben hacerse cada dos años...

 

Hace más de diez años que no se convocan ni una cosa ni otra, ni oposiciones, ni concursos de traslado. Han sido años muy malos para todos. Pero ya va siendo hora de empezar a resolver el bloqueo de la administración general.

 

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