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Imputados por parejas

 

  • Redacción NoticiasFuerteventura
  • Como era previsible, el juez Alberto Puebla, del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, ha optado por abrir diligencias previas en la denuncia por el delito de malversación en la gestión del Instituto Insular de Deportes, contra el secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. Puebla considera que los hechos denunciados, que suponen un perjuicio económico de 660.000 euros a la corporación insular, "hacen presumir la posible existencia de una infracción penal." El vicepresidente en funciones del Cabildo de Gran Canaria figura así como investigado, en su condición de presidente del Instituto Insular de Deportes.

     

    Tras la acusación del coalicionero Fernando Bañolas, colega suyo en el Cabildo, Ángel Víctor Torres se enfrenta a una situación prácticamente idéntica a la de Fernando Clavijo, y además por motivos parecidos: sendas denuncias presentadas por sus adversarios políticos. Ambos están investigados, que es el término introducido para sustituir el de imputado, palabro que colocaba a los políticos encausados en una situación dicen que más afrentosa. A alguien se le ocurrió que sustituir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal el término imputado por el de investigado suavizaría el asunto, pero no ha ocurrido así. Primero, porque la modificación de 2015 mantuvo los términos antiguos en varios artículos -seguir utilizándolos no es incorrecto-, pero sobre todo porque aunque la ley modifique un término, la política no ha modificado en absoluto sus intenciones: se siguen presentando denuncias para destruir al adversario, para inhabilitarlo como candidato viable para un cargo público.

      

    No entró a valorar el caso de Las Palmas Arena, ya lo hará el juez, pero tengo la impresión de que lo que hizo el socialista Torres, es lo mismo que se venía haciendo antes (condonar con cierta liberalidad el pago por alquiler de los espacios cedidos a quienes por distintos motivos no podían pagarlo) pero parece evidente que ese comportamiento podría ser considerado ilícito. Y si puede serlo, aunque nadie haya actuado con intención de quedarse con dinero público, se aplica la mayor.

     

    Torres comienza ahora un camino parecido al que Clavijo lleva recorriendo obligado desde hace años, y en ambos casos sin que -a mi parecer- tuvieran ni uno ni otro intención de meterse a robar, obtener algún beneficio, o favorecer amiguetes. Ambos -Torres y Clavijo- son los dos candidatos con más posibilidades de acceder a la Presidencia del Gobierno, pero a los dos se les aplicará un formato absurdo, implantado por Ciudadanos, pero que tiende a generalizarse, que es el de asumir que un político acusado debe ser tratado como culpable y apartado de la carrera, perdiendo su derecho a la presunción de inocencia. Un formato que generaliza y alienta el que se denuncie a los adversarios no para esclarecer un delito, sino para arruinar sus posibilidades de ser elegidos. Lo más dramático es que ambas denuncias tienen origen político, y ambas -tras la intervención de Anticorrupción en el caso Grúas, eso es ya obvio- persiguen lo mismo: impedir que Clavijo primero y ahora Torres sean candidatos viables. Una absurda forma de seguir disparando al corazón del sistema que nos permite elegir a quienes nos gobiernan.