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62 Muertes evitables

Por Francisco Pomares

Publicado en El Día

 

 

 

 

Cincuenta y siete personas murieron en Canarias como consecuencia de accidentes de circulación durante 2014. Es una cifra terrible, pero es sustancialmente inferior a la de 175 fallecidos en las Islas tan solo diez años atrás, en 2004. En toda España, los accidentes mortales de tráfico suponían una auténtica sangría, hasta que desde la Dirección General de Tráfico se decidió aplicar políticas destinadas a reducir el drama diario de miles de vidas rotas por accidentes evitables. La legislación en materia de conducción y seguridad vial, la mejora mecánica de los automóviles, la reducción de la velocidad permitida y las campañas de prevención han logrado que los accidentes de tráfico hayan menguado extraordinariamente en los últimos años. Han hecho falta campañas de toma de conciencia -a veces brutales- en televisión, y el aumento de la presión legal sobre todo tipo de infracciones a la seguridad antes consideradas de menor importancia, como el uso de cinturones de seguridad, de casco en las motos, y otras medidas punitivas e informativas. Pero la estadística nos muestra que lo que parecía imposible se ha conseguido: el milagro de evitar miles de accidentes y sus fatídicas consecuencias.

 

Por el contrario, el pasado año, según cifras publicadas la semana pasada, murieron 62 personas ahogadas en Canarias. Se trata de una cifra poco conocida, a la que se presta muy escasa atención, tanto desde las administraciones como desde los medios. Una parte de los ahogamientos se produce en piscinas, los consideramos accidentes domésticos o deportivos, y otra -la más importante- se produce en nuestras playas y costas. Algunas de las personas que mueren ahogadas son extranjeras, turistas que nos visitan y que desconocen la fuerza del Atlántico, la facilidad con la que la resaca puede arrastrar a los nadadores desprevenidos fuera de las playas. Otras son jóvenes a los que una vida en la ciudad no ha preparado para entender los peligros que comporta la relación con el mar. Y en gran parte son personas ya mayores, incapaces de hacer frente a las corrientes.

 

La cifra de ahogamientos con desenlace mortal -se calcula que uno de cada cuarenta casos de riesgo concluye en fallecimiento- se mantiene básicamente estable desde hace años, sin que ninguna de las administraciones implicadas -municipios, gobierno regional, administración del Estado- se considere responsable de esta situación. Canarias es la región española con mayor número de ahogados en relación a sus habitantes y la segunda en cifras absolutas, solo después de Andalucía, mucho más poblada. Pero en las Islas no hay política alguna para reducir el número de personas que mueren en el agua: las zonas costeras peligrosas y las playas están mal señalizadas, en la mayoría de las zonas de baño hay poco servicio de vigilancia y ninguno de rescate, y las campañas de prevención de riesgos y de educación en buenos hábitos de baño son inexistentes.

 

¿Podría evitarse una parte de las muertes por ahogamiento con una política de prevención? Sin duda, lo demuestra lo que ha ocurrido con los fallecimientos por accidente de tráfico... Solo hace falta que alguien decida ponerse a ello

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