Ramírez, en horas bajas

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Francisco Pomares

 

El Cabildo de Gran Canaria estudia cómo romper sus vínculos contractuales con Seguridad Integral Canaria -la que fuera mayor empresa de seguridad de las Islas y empresa central del "holding" de Miguel Ángel Ramírez- antes de que finalice este mismo año de 2017. Parece que en el Cabildo se han dado cuenta ahora de que la empresa del más activo factótum empresarial de Las Palmas anda con problemas graves y no paga a tiempo a su personal. El contrato del Cabildo finaliza en junio, pero Antonio Morales ha decidido negociar su resolución por la vía de urgencia, y cuenta ya con la autorización de la intervención para hacerlo. El Cabildo espera que tanto la adjudicataria provisional (para los próximos seis meses) como la definitiva subroguen al personal y cumplan con el convenio estatal, pagando a rajatabla a los empleados. Si el Cabildo lo hace bien, para los trabajadores puede ser una buena noticia, y una solución mejor que la del Ayuntamiento de Las Palmas, que ya ha anunciado su intención de rescindir los contratos con las empresas de servicios del Grupo Ralons, "holding" de Ramírez. Es como si de pronto todo el mundo cayera en la cuenta de que Ramírez atraviesa graves dificultades financieras y que el pato lo están pagando sus empleados.

 

Han tardado en pillarlo?

 

El hecho es que, de muy poco para acá, Ramírez -un personaje de novela, remedo del "hombre cargo" polinesio, proveedor de grandes satisfacciones para la mayoría de los políticos de esta región- se ha convertido en una suerte de apestado: el lunes ni el alcalde de Las Palmas ni el presidente del Cabildo acudieron a la comida de Navidad de la Unión Deportiva, una institución que no depende de Ralons, pero en la que pastorea como dueño y presidente Ramírez, también propietario directo de un importantísimo paquete de acciones del Tenerife, y uno de los empresarios más mimados y consentidos por el poder local en las Islas. Un hombre hecho a sí mismo, surgido de las calles y al que sus buenas mañas con el poder empresarial y político convirtieron en un tipo de oro. Pero nada es eterno: el extraordinario crecimiento de Seguridad Integral y su voluntad de pelear en el mercado peninsular hicieron que Ramírez fuera objetivo a batir por las grandes del sector y por los sindicatos, a los que siempre ninguneó. Aun así, a pesar de su osado estilo en los negocios, Ramírez fue capaz de culebrear escapando a sus propios errores, pero la crisis acabó por pasarle factura. El sector, muy dependiente de la contratación pública, se contrajo a partir de 2009, después de haberse multiplicado por diez el número de empresas y de sobrar más de la mitad del empleo creado. La facturación en seguridad bajó en España un 22 por ciento, mientras los costes subían un cinco por ciento en los últimos cinco años: con la transformación de los contratos públicos en subastas, ninguna empresa de seguridad gana hoy dinero en España. Algunas salvan sus números con el negocio americano, en el que Ramírez no ha entrado.

 

Acuciada por la crisis, y al amparo de la reforma laboral, Seguridad Integral se descolgó del convenio estatal del ramo, pero la decisión fue anulada judicialmente. Cuando eso ocurrió, Ramírez había cerrado ya acuerdos insostenibles con la administración. Y ese fue el principio del fin: buscó distintas salidas, intentó desgajar la seguridad de su negocio, para que no arrastrara al resto de sus actividades, y en eso está. Pero tropezó con los bancos y con la gestión de una deuda cosaca con Hacienda y la Seguridad Social. Sobre todo, perdió el amparo de todos los que habían jaleado su munificencia y aplaudido sus excesos, y ahora se retiran con aspavientos del territorio que él pisa. Dicen que está acabado. Puede ser. Pero yo no lo daría aún por muerto.

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