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Soria, cazador cazado

 

Francisco Pomares

 

El exministro Soria ha sido imputado por injurias, calumnias y delito electoral, tres delitos de cierta enjundia de los que se verá forzado a defenderse este mes de febrero ante un juzgado ordinario. Soria, que denunció a finales de 2015 la implicación de la jueza Victoria Rosell en lo que él definió como "el mayor escándalo de corrupción de la historia del archipiélago", ha visto cómo una querella contra él del pasado mes de diciembre, presentada por la jueza Rosell, ha sido admitida. La querella responde a lo ocurrido durante la campaña de las Legislativas de 2015, en las que Soria, entonces candidato al Congreso por el PP de Las Palmas, acusó públicamente a la Rosell de haber cometido varios delitos para favorecer a su pareja. La acusación de Soria, y una posterior demanda presentada por él contra la jueza en excedencia, provocó que -en aplicación del código ético de Podemos, que no permite la presentación a las elecciones de candidatos acusados- Rosell tuviera que renunciar a ser candidata en 2016, quedándose fuera del Congreso de los Diputados.

 

Lo que ocurrió después es conocido: el entramado de esa historia, la participación del juez Salvador Alba en la persecución de la Rosell, las artimañas montadas para encausarla, la difusión de conversaciones grabadas entre jueces y acusados o entre los propios jueces, constituyen uno de los hitos más bochornosos de la historia judicial de Las Palmas, en los que han quedado implicados -de una u otra manera- media docena de magistrados y se ha puesto todo el sistema en entredicho.

 

La tesis de Rosell sobre este particular asunto es que Soria preparó intencionadamente toda la operación, con la ayuda de Salvador Alba, para impedir que fuera diputada. La querella de Soria, presentada ante el Supremo -dada la condición de aforada de la jueza-, se trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias cuando Rosell renunció a seguir como miembro de la Diputación Permanente del Congreso y a su acta de diputada. A principios de diciembre, la querella de Soria fue archivada, y fue entonces cuando Rosell, de nuevo en el Juzgado número 8 de Las Palmas, presentó la suya contra el exministro, que se enfrenta a una condena máxima inferior a los dos años y un día, que en ningún caso tendrá que cumplir en la cárcel.

 

La importancia de este asunto no tiene que ver con la entidad de la pena o del delito. No se trata de eso, sino de un juicio que puede revelarnos si la intención de Soria, con sus ataques a la candidata de Podemos en su circunscripción, luego diputada, era dejarla fuera del proceso electoral, usando para ello -precisamente- el código deontológico de Podemos, que coloca en situación de indefensión a los cargos públicos denunciados por sus adversarios u oponentes de cualquier tipo. Este juicio, al margen de desvelar la catadura política del exministro, y la utilización de una campaña de descalificaciones e injurias en toda la prensa nacional, acompañada de algunas actuaciones como mínimo dudosas de la Delegación del Gobierno en las Islas, debería servir también para que Podemos reflexione sobre los problemas morales y prácticos de un Código ético que considera y trata como automáticamente culpable a cualquier denunciado.

 

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