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Truchas

Francisco Pomares

 

Uno de los Juzgados de La Orotava investiga al Cabildo de Tenerife y a tres técnicos insulares por las irregularidades que provocaron el cierre de la piscifactoría de Aguamansa, que se saldó con la muerte de 12.000 truchas. En el auto judicial, conocido ayer, también se cita -en calidad de testigos- a los agentes del Seprona que firmaron el primer atestado el 23 de septiembre, a un responsable de la empresa de aguas Emmasa, al jefe de servicio de Fauna del Cabildo y al inspector de la Consejería de Sanidad que ordenó la clausura de las instalaciones, provocando con ello la muerte de los peces.

La historia la conocen ya: a finales de septiembre, el Seprona recibió un aviso de un vecino y acudió a las instalaciones de la piscifactoría de Aguamansa, encontrando (como quien dice "con las manos en la masa") a un grupo de obreros del Cabildo que vaciaban las peceras, en las que se encontraban alrededor de 12.000 truchas difuntas. El origen de la muerte de los peces fue la interrupción del vertido y circulación de agua por las peceras, ordenada 24 horas antes por un inspector de la Consejería de Sanidad, tras haber descubierto dos sacos de pienso medicamentoso, al parecer usados en el mes de julio, en cuya composición figuraba un antibiótico -el florfenicol- que puede ser tóxico. La drástica decisión de interrumpir la circulación -que fue lo que provocó la muerte de los peces- se basó en el hecho de que el agua de las peceras se volvía a incorporar después a los sistemas de consumo humano, que salían de las instalaciones con dirección al canal del Norte. Ese intercambio fue cifrado ayer por el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, José Antonio Valbuena, en alrededor de cinco millones de litros al día.

No contando con medios para dilucidar si esa agua teóricamente apta para el consumo superaba el límite máximo de residuos químicos y orgánicos autorizados, el inspector optó por bloquear la circulación y sacrificar a los peces. Sin duda, fue una decisión radical: 12.000 truchas muertas son muchas truchas muertas. Pero es que el inspector no solo encontró esa irregularidad, también pudo comprobar que la instalación carecía del preceptivo libro de registro sobre los alimentos suministrados a los peces, y no realizaba el control de sanidad veterinario de las ventas de pescado excedente -unas 50.000 truchas al año-, careciendo del libro de explotación.

En el Cabildo intentan ahora encontrar una explicación a lo ocurrido y delimitar los riesgos que se produjeron para la salud -el consejero Valbuena asegura que no hubo ninguno- y las responsabilidades de cada cual en este penoso asunto. De momento, el juez -que ha pedido multitud de informes- investiga a dos funcionarios y técnicos del Servicio de Gestión Forestal y al responsable de la piscifactoría de Aguamansa, teórico culpable de que la instalación funcionara con criterios de seguridad alimentaria bastante laxos. Pero la historia irá a más: el juez puede ampliar las responsabilidades al Cabildo de Tenerife y a Valbuena. Es un asunto que traerá cola.

 

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