Ascav rechaza el intento de introducir una nueva ley canaria sobre vivienda vacacional
"Se ha orquestado con nocturnidad y alevosía vulnerando competencias y con el único objetivo de dilatar la búsqueda de soluciones", afirma Borrego
La Asociación de Alquiler Vacacional de Canarias ha puesto el grito en el cielo ante lo que considera un atropello que vulnera no solo varias sentencias del Tribunal Supremo favorables al alquiler vacacional, sino también contra la generación de empleo y riqueza en las islas.
La responsable de estas críticas es la reforma de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias que se iba a debatir en el Parlamento y que a última hora ha sido retirada al parecer por no pasar el filtro del Consejo Consultivo.
El motivo de las duras críticas de ASCAV está relacionada con que la nueva ley "limita al máximo el alquiler vacacional al que ya no se pretende regular sino casi prohibir". Además, Borrego insiste en que esta "intentona se ha orquestado con nocturnidad y alevosía vulnerando competencias y con el único objetivo de dilatar la búsqueda de soluciones".
La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional advierte que la previsible aprobación de la modificación de la ley turística será una "auténtica bomba" para las familias canarias y un "atentado" a sus derechos como propietarios.
Según la asociación que preside Doris Borrego, la proposición de ley implica que no se pueden realizar alquileres de larga temporada en zonas turísticas ni alquiler vacacional, e incluso residir, con la «limitadísima excepción» de la disposición transitoria de la ley del suelo.
"Si tienes un apartamento, has de saber que de salir adelante esta ley no podrás hacer nada con él salvo entregarla a una empresa explotadora o usarla los fines de semana", afirma la asociación en un comunicado.
Además, apunta que "las sanciones aumentan de los 1.501 euros actuales hasta los 300.000 euros, unas cantidades totalmente desproporcionadas", ya que superan «con creces» los valores de la mayoría de los inmuebles.
Borrego relaciona el periodo electoral y las presiones de los grandes hoteleros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife con el intento de retrasar la regulación del alquiler vacacional, que según recuerda "es falso que a esta modalidad se le pueda achacar la falta de vivienda disponible para residentes o la subida de los precios del alquiler".
De foma expresa solo Podemos y el PP habían anunciado su rechazo a la reforma de la Ley Turística de 2013, pero finalmente y por sorpresa se ha decidido retirar del orden del día esta polémica cuestión.
