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El caso Nombredo hace que Amador tenga que declarar como investigado

El exalcalde de La Oliva, citado a declarar como investigado, defiende que no se ha producido ningún "abono" a la empresa, y llama mentiroso al alcalde  

 

Redacción NoticiasFuerteventura

 

Suspender el embargo de 767.679 euros a la empresa Nombredo SL es la decisión que adoptó por decreto Pedro Amador el 26 de octubre de 2016, y la medida que inició el expediente de Responsabilidad Patrimonial entre el Ayuntamiento de La Oliva y Nombredo SL.

 

El exalcalde de La Oliva, Pedro Amador, ha sido citado a declarar como investigado - antes "imputado"-, a tenor de estos y otros hechos que detalla la querella presentada por su sucesor en el cargo, Isaí Blanco, y por la que se le imputan siete supuestos delitos, entre ellos tráfico de influencias y malversación. En la querella, se afirma que el expediente es contrario a derecho, por estar únicamente avalado por informes de un asesor externo y de por los funcionarios habilitados.  

 

Amador se ha defendido estos días de las acusaciones, afirmando ser víctima de "una campaña de acoso y derribo" y calificando al alcalde actual de "mentiroso compulsivo". Según su versión, todo lo hizo por buena voluntad y para perseguir a los "morosos", afirmando que "siendo alcalde de La Oliva pusimos en marcha una iniciativa del grupo Votemos La Oliva, que pedía cobrar la deuda que mantenían con el Ayuntamiento una serie de sujetos".

 

Según explicó, tras reunirse con esta empresa que adeudaba grandes cantidades al Ayuntamiento por el impago de impuestos, Amador y su asesor también encausado, Xavier Salas, consideraron que el Ayuntamiento le debía dinero a Nombredo por el mantenimiento la urbanización de la que la empresa es propietaria, Origo Mare, en base a la sentencia de 2009 que obligaba al Ayuntamiento a recepcionarla.

 

La documentación recogida en la querella recoge como mediante Decreto de Alcaldía 1925/2016 de 26 de octubre, Amador resolvió anular la Diligencia de Embargo dictada por el Tesorero Municipal de la cantidad de 767.679 euros, e "iniciar de oficio un expediente de Responsabilidad Patrimonial, con el objeto de cuantificar la cantidad a abonar a la entidad NOMBREDO S.L., en concepto de gastos de mantenimiento de la urbanización Origo Mare e indemnización", reza la querella.

 

En un decreto posterior, 199/2017 de fecha 08/02/2017, y en base un informe jurídico del asesor externo Xavier Salas en el que se valoran y cuantifican las facturas presentadas por Nombredo, "se fija un importe de 439.043,45 € a satisfacer en concepto de abono de facturas", y también la cantidad de "26.807,70 en concepto de indemnización".

 

Sin embargo, los servicios jurídicos municipales consideran en su querella que los decretos adoptados por el entonces exalcalde se basaron únicamente en los informes encargados a un asesor externo, Xavier Salas, valorando que suponen "un cauce ajeno al prescrito por la Ley, de modo arbitrario y sin informe preceptivo alguno de Funcionario Municipal", y "existiendo en esos momentos un Tesorero Municipal, el cual ostenta dichas competencias".

 

El principal argumento que ha defendido Amador esta semana es que el Ayuntamiento no ha realizado ningún "abono" o "compensación", haciendo público un informe que pidió al Interventor actual tras conocer la querella, en el que "de manera literal se dice que 'no constan cantidades reconocidas, abonadas ni compensadas a nombre de Nombredo SL por que concepto “mantenimiento de la Urbanización Origo Mare'".

 

Desde la institución, fuentes municipales reconocen este extremo, aunque matizan que Amador se está defendiendo de lo que nadie le acusa. Consideran que suspender por decreto y sin informe del Tesoro el embargo de las cuentas de un deudor por el impago de los impuestos de IBI y Recogida de Basuras, es una decisión ya de por sí muy difícil de explicar, y que la recaudación municipal de entrada dejó de percibir esa cantidad, de tal manera que no puede aparecer en la contabilidad una cantidad que no se ingresó.

 

La querella del ayuntamiento entiende que es el expediente de Responsabilidad Patrimonial el que implica un "grave quebranto a las arcas públicas", en la medida que se produjo un reconocimiento de facturas anteriores a los cuatro años, con los que estarían prescritas, y con ello un daño patrimonial de 229.490 euros".

 

Por otro lado, en declaraciones realizadas en medios de la isla, Amador defendió que sus decretos están firmados y avalados por la entonces secretaria, algo que también rechazan desde la institución, pues afirman que la secretaria firmó los documentos para certificar los acuerdos adoptados, como es su obligación, pero que no los acompañó de ningún informe que los avalara. 

 

También se pone en duda que la sentencia de 2009 obligando al ayuntamiento a recepcionar la urbanización sea motivo suficiente para dar por válidas las facturas aportadas por Nombredo, valorando que muchos de los gastos de mantenimiento aportados son anteriores a esa fecha, y que el reconocimiento de esos gastos tampoco se justifica por esa sentencia.

 

En medio de la polémica, será el juzgado quien decida si seguir adelante o no con la causa cuando tome declaración a los encausados el próximo mes de febrero. 

 

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