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España no negociará con Marruecos sobre las aguas del Sahara Occidental

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja claro que cualquier acuerdo sobre el Sahara debe contar con el beneplácito saharaui

 

  • Redacción NoticiasFuerteventura
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    La situación generada en el nuevo marco de las relaciones bilaterales entre Marruecos y España siguen en el candelero, máxime cuando el escándalo Pegasus puede torpedear el clima de concordia generado en los últimos tiempos.

     

    En este sentido el archipiélago canario se mantiene expectante de la situación con muchas informaciones cruzadas y un varios planos fundamentales de convivencia con el vecino del este. Inmigración, Petróleo, Pesca giran en torno al debate de las aguas jurisdiccionales.

     

    Reunión en breve

     

    España y Marruecos van a volver a reunirse en los próximos días para tratar por primera vez en 15 años sobre la delimitación de sus espacios marítimos. Y estas negociaciones amenazan ya con agitar las aguas canarias y saharauis.

     

    “El nuevo paso para dulcificar la compleja relación que mantienen Madrid y Rabat llega en el marco del guiño del Gobierno de Pedro Sánchez al reino de Mohamed VI tras esa controvertida carta que marca un giro copernicano sobre la soberanía del Sáhara Occidental. El grupo de trabajo conjunto comenzará el diálogo con Canarias en el epicentro y con el revulsivo de las aspiraciones del país magrebí para extraer petróleo tras encontrar un yacimiento cerca del archipiélago”, afirma el diario Público.

     

    José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, ha declarado recientemente que “el Gobierno español busca un acuerdo sobre la fachada atlántica en el marco del Convenio de la ONU sobre derechos del mar”.

     

    Es precisamente el vacío legal sobre el estatus de la antigua colonia española el que puede tensar la cuerda durante este diálogo y poner a España en una tesitura complicada y contraria al Derecho Internacional si cede a estas pretensiones del país magrebí.

     

    Autodeterminación muy lejana

     

    “La autodeterminación saharaui, reconocida por la ONU, cada día parece más utópica. Rabat siempre ha intentado que España y la UE reconozcan la marroquinidad del Sáhara. Algo que en Bruselas nunca han contemplado, a pesar de minar a un país al que consideran un "socio prioritario".

     

    “En 2020, Marruecos fue un paso más allá y sacó adelante dos leyes para ampliar su territorio marítimo declarando su soberanía sobre las aguas del Sáhara Occidental, un territorio catalogado por Naciones Unidas como pendiente de descolonización. De hecho, en su resolución 690 de abril de 1991, la propia ONU reconoce el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, pero tres décadas el referéndum no solo no se ha celebrado, sino que cada día que el conflicto permanece enquistado se vislumbra más utópico”, afirma público.

     

    La histórica sentencia que el Tribunal General de la UE dictaminó el pasado septiembre no da lugar a dudas: los acuerdos de liberalización de la UE y Marruecos no pueden incluir los recursos y aguas pertenecientes al Sáhara Occidental si no incluyen el beneplácito expreso del Frente Polisario, el reconocido por la ONU como representante legítimo del pueblo saharaui. La Justicia europea no considera ilegales los acuerdos comerciales con Marruecos, pero arguye que deben ser ratificados por el Frente Polisario, algo que nunca ha ocurrido.

     

    Así, en su fallo, la corte de Luxemburgo hizo constar "que el Frente Polisario goza de reconocimiento a nivel internacional como representante del pueblo del Sáhara Occidental, aun suponiendo que dicho reconocimiento se inscriba en el marco limitado del proceso de autodeterminación del citado territorio". "Además, su participación en ese proceso implica que cuenta con la autonomía y la responsabilidad necesarias para actuar en ese contexto", reza la sentencia.

     

    La cuestión de fondo no radica en si la UE y Marruecos pueden sellar acuerdos comerciales con el Sáhara, sino si pueden hacerlo sin el consentimiento de la ex colonia española. Y la respuesta de la Justicia europea es clara: No.

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