La pobreza y la riqueza “cabalgan” a lomos del precio de la vivienda en Canarias
El Gobierno regional plantea combinar el decreto ley de medidas urgentes con la futura norma de Vivienda Vacacional
La situación de los datos en relación a la vivienda en Canarias se están volviendo escalofriantes, en los últimos 10 años los precios se han disparado, pero tras la pandemia la presión sobre los precios se ha convertido en un abismo para las clases menos pudientes, que son casi todas en las islas.
Las medidas para tratar de paliar la fiebre de compra de viviendas en las islas por parte de foráneos, no parece que tengan cabida en el ordenamiento, y la situación no es sencilla.
Canarias se decanta por aplicar un conjunto de medidas globales, a través de una estrategia en vivienda, para paliar el problema habitacional que atraviesa el Archipiélago, antes que declarar zonas tensionadas en virtud de la Ley de Vivienda estatal, que entró recientemente en vigor. Una línea en la que se ha reforzado tras el anuncio del Ayuntamiento de Adeje de solicitar al Ejecutivo regional dicha declaración en su municipio.
La Ley de Vivienda abre la puerta a que las comunidades autónomas puedan decretar dicha declaración de zonas tensionadas. Para llevarlo a cabo deben cumplirse ciertos requisitos como que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30 % de los ingresos medios de los hogares de la zona.
También debe cumplirse que el precio haya experimentado, en los últimos cinco años anteriores, un porcentaje de crecimiento acumulado, al menos tres puntos porcentuales por encima del porcentaje de crecimiento acumulado del IPC de la comunidad autónoma correspondiente. Para iniciar el procedimiento, el Ayuntamiento debe trasladar su solicitud al Gobierno regional que, tal y como recoge la normativa estatal, en virtud de sus competencias en materia de urbanismo, tienen la potestad de llevar a cabo –o no–, dicha declaración.
La propia comunidad, de aceptarlo, deberá redactar un plan específico que propondrá las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios observados y trasladarlo al Gobierno central, que será el que tome la decisión final de aplicar, o no, la declaración. Cabe destacar que la declaración de zona tensionada tiene una validez de tres años, prorrogables anualmente siempre que continúen dándose las circunstancias que la motivan. De aceptarse, los precios deberán ceñirse a un índice de referencia homogéneo para todo el país.
En Canarias, el Gobierno regional ya se había posicionado al respecto, planteando una solución propia que no pasase por acogerse a la normativa estatal. En cuanto a los municipios, pocos o ninguno habían sido los movimientos llevados a cabo. Solo Santa Cruz de Tenerife había rechazado recientemente, en pleno, optar por solicitar la declaración. Eso, hasta ahora. Y es que el Ayuntamiento de Adeje ha anunciado este martes que instará al Ejecutivo canario a adoptar esta medida.
El objetivo, indica el Ayuntamiento, es definir, "con datos estadísticos oficiales, si, como se presupone, en Adeje, sus habitantes dedican al menos el 30% de sus ingresos a la vivienda o, también, si el precio de compra o alquiler ha sufrido aumentos que superan en 3 puntos el IPC en los cinco años anteriores", para lo que existe la posibilidad de realizar este estudio "por zonas o núcleos poblaciones dentro del propio municipio".
Si quieren recibir esta y toda la información GRATIS de Fuerteventura y Canarias puntualmente a través de nuestro canal de whatsApp, que no es un chat y no se puede enviar ni recibir comentarios, solamente información y videos de la isla, apuntarse al nuevo canal de Noticias Fuerteventura.
En el Archipiélago, hasta diez municipios podrían acogerse a la declaración de zona tensionada. Entre ellos, tres se encuentran gobernados por el PSOE y de estos, uno es el Ayuntamiento de Adeje, que ha sido el único en anunciar que dará el paso. Sin embargo, todo apunta a que su intento caerá en saco roto pues, el Gobierno de Canarias ve “más efectiva” su estrategia de combinar el decreto ley de medidas urgentes y la futura ley de vivienda vacacional.
El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, ha apuntado este mismo martes que el Ejecutivo está a la espera de conocer si se trata de una moción “y va a ser meramente declarativa, o si va a haber detrás un fundamento con una solicitud específica en base a la ley del suelo y de la nueva ley de vivienda”. Pese a que la Comunidad analizará las solicitudes que puedan trasladarse, en la práctica, se decanta por una legislación “más ejecutiva” y no por una norma que “obedece a la buena voluntad de muchas personas” dado que la Ley de Vivienda estatal “intenta fijar una recomendación a la hora de establecer los precios máximos”.
En este sentido, Cabello ha considerado que la combinación de la normativa regional –decreto ley de medidas urgentes y la futura ley de vivienda vacacional–, así como el trabajo conjunto que se realice con los cabildos y los distintos ayuntamientos, “podrá ir descomprimiendo el mercado a lo largo de los próximos meses”. Esa norma regional, que fue convalidado por el Parlamento de Canarias el pasado 20 de marzo, plantea medidas extraordinarias para hacer frente a la emergencia habitacional que atraviesa el Archipiélago, término que se recoge de forma expresa.
