Las administraciones locales decidirán donde se harán las viviendas protegidas
AM-Coalición Canaria apoyará el Decreto Ley de Vivienda del Gobierno Canario
Asamblea Majorera-Coalición Canaria Fuerteventura celebróba ayer sábado un Consejo Político Insular y una Asamblea insular para abordar las principales cuestiones en torno al Decreto Ley de Vivienda y las medidas urgentes que entraña dicho texto legislativo para solucionar el problema habitacional que se vive en las islas.
En el encuentro participaba el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez Valido, así como el redactor del texto y Catedrático en Derecho Administrativo, Francisco Villar Rojas, “para trasladar las premisas principales tanto a los representantes políticos de los seis términos municipales de la isla y del Cabildo de Fuerteventura, como a la militancia asistente”, afirma Coalición Canaria en nota de prensa.
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Durante la reunión, “se esclareció cuáles serán los mecanismos que promueven la construcción de vivienda. Como supuesto principal, este Decreto de Ley recoge que la decisión sobre la aplicación de las medidas recae en las administraciones locales”, afirma la nota de prensa, “De esta forma, serán los ayuntamientos los que decidan dónde se ejecutarán esas viviendas protegidas”.
Se posibilita la vivienda protegida de titularidad privada
Rodriguez Valido aclaró que, aunque a través de estos sistemas mixtos se promueve la participación del sector privado en la construcción de vivienda protegida, los esfuerzos se centrarán en promover la vivienda pública. “Aunque se posibilite la vivienda protegida de titularidad privada, la mayoría va dirigida a ser de promoción pública”, recalcó.
“Por otro lado, este nuevo texto legislativo incluye como novedad la posibilidad de que los Cabildos insulares, en este caso, el de Fuerteventura, participen en la promoción e impulso de creación de vivienda protegida”, explica AM-CC. A este respecto se propuso por parte de la asamblea “la creación de una mesa compartida entre Cabildo insular y los seis ayuntamientos de la isla para proyectar la política en materia de vivienda que se quiere desarrollar en la isla”.
“Con ello, se pretende afrontar la repercusión territorial insular que tiene la generación de vivienda, debido a los movimientos de las personas y la densificación de la población, así como para estudiar cuestiones territoriales y de servicios públicos”, explican.
Promesas de “ejercicio responsable” municipales
En este sentido, la asamblea se pronunció “a favor de las medidas que recoge dicho nuevo documento que incluye permitir el ejercicio responsable al que se han comprometido los ayuntamientos. La Asamblea presentó ante los invitados cuestiones sobre la durabilidad del Decreto y aportó temas de interés como la realización de posibles modificaciones del mismo si así se considerara en su momento. Entre algunas de las propuestas que se trasladaron al consejero del Gobierno de Canarias, se planteó, por parte del Cabildo, crear unos indicadores para determinar el fin de la emergencia habitacional en la isla”.
Recuperar suelo rústico para viviendas
Por parte de las corporaciones locales se expuso la posibilidad de estudiar las viviendas que necesita cada municipio para estimar el número de licencias de construcción necesarias para decretar el fin de la emergencia. En la reunión se hicieron valoraciones sobre recuperar los suelos reclasificados a suelo rústico común, por la disposición adicional 15 de la Ley del Suelo. Según determinó el consejero del Gobierno de Canarias, en el caso de La Oliva y Pájara “hay mucho suelo de este tipo y es el municipio el que decide si quiere o no recuperar esos suelos”.
En el encuentro también se abordó la modificación de la Ley de Vivienda y se señaló que el modelo de edificaciones que aglutinan a una gran cantidad de viviendas de protección se encuentra ya obsoleto y no responde a la consecución de una sociedad equilibrada, y coincidieron en que socialmente es necesario mezclar viviendas de protección con viviendas libres, para que no haya una distinción y evitar consecuencias negativas en la convivencia.
