Los nuevos proyectos de renovables irán ahora por la vía rápida en zonas no protegidas
La UE ultima dos leyes para reducir controles y estudios medioambientales para autorizar parques eólicos y fotovoltaicos
La velocidad a la que está cambiando el clima en la tierra y bajo las consideraciones de las sucesivas cumbres climatológicas, Europa y el estado español tratan de pisar el acelerador en relación a la implantación de centros de producción energética que no contaminen con CO2 la atmósfera del planeta, es decir tratar de llevar al mínimo a la combustión de combustibles fósiles.
En este sentido el Gobierno del estado ha levantado la obligación de elaborar una evaluación de impacto ambiental a todos los proyectos de energía eólica y fotovoltaica que no vayan a implantarse en el mar, dentro de la Red Natura o de zonas consideradas Patrimonio Nacional y de la Biodiversidad.
Este procedimiento exprés ya existía desde marzo, pero solo para las instalaciones más pequeñas, de hasta 75 MW de potencia instalada eólica y 150 fotovoltaica, con el fin de acelerar los permisos para implantar las energías renovables. La diferencia ahora es que ya no se especifica el tamaño de las instalaciones que fuera de las zonas protegidas podrán beneficiarse de un trámite de autorización acelerado, con silencio administrativo y que recorta a la mitad el proceso de información a la Administración correspondiente y de información pública.
La modificación se plasma en el decreto-ley con las prórrogas y nuevas medidas para paliar los efectos de la crisis económica por la guerra en Ucrania que aprobó el Gobierno a finales de diciembre. Entre otras muchas medidas, se introduce en la ley española el reglamento de la UE que aprobaron los ministros europeos de Energía el 19 de diciembre, para acelerar el despliegue de renovables en zonas con menor riesgo medioambiental, mediante "procesos de concesión de autorizaciones más simples y cortos".
Basta el informe del promotor
Lo que dispone el decreto-ley que entró en vigor el 28 de diciembre es muy similar al procedimiento exprés para autorizar proyectos de eólica y fotovoltaica para parques más pequeños que está en vigor en España desde marzo, porque ya aparecía en el primer decreto con medidas económicas por la guerra en Ucrania.
A grandes rasgos, supone eximir de realizar por parte de la Administración una evaluación de impacto ambiental -que puede llevar más de un año- a proyectos que no vayan a estar en espacios protegidos ni en el mar. En su lugar, el promotor debe presentar una documentación donde afirmará que el proyecto no tiene afectación ambiental por lo que respecta a vertidos, generación de residuos o recursos naturales y sobre patrimonio cultural, incidencia socio-económicas sobre el territorio o efectos sobre instalaciones próximas.
Si en un plazo de 10 días la Administración y sus técnicos no consideran que existen efectos perversos dará el visto bueno, que también lo será si la administración no se pronuncia, con silencio administrativo. Esto no obsta para que los técnicos ambientales hagan un informe de afección ambiental en un plazo de dos meses, pero hasta entonces el promotor podrá empezar a poner en marcha el proyecto.
La situación majorera
En Fuerteventura el gobierno de CC-PP y Sergio Lloret había planteado un documento que ha ralentizado la implantación de las energías renovables en los últimos tiempos. El documento podría quedar en saco roto en relación a las últimas noticias que llegan de Europa y del Estado Español.
