CUESTIÓN DE PROYECTO. CUESTIÓN DE PRINCIPIOS
Autora: Irene Correas Sosa
Miembro del Foro CATPE Transito de Canarias hacia la Sociedad del Conocimiento y Prof. Colaborador Doctor, Universidad San Pablo CEU
La historia de las políticas sociales, hablado en términos generales y en toda la amplitud que el término Estado social –que no de bienestar- sugiere, está tan llena de aciertos como de errores, de políticas erráticas que sólo sirvieron para malgastar recursos públicos o políticas exitosas que han sido luego imitadas por otros. De nada nos serviría centrarnos en las primeras salvo para aprender qué salió mal, pero la respuesta la encontramos normalmente también en las segundas.
Desde las políticas que se pusieron en práctica a finales del siglo XVIII, en aquel incipiente sistema de seguros, hay un factor común en todas las que han conseguido resultados, aún cuando haya sido necesario actualizarlas: un proyecto a medio o largo plazo con un objetivo claro que sobrevivía a los vaivenes políticos.
Sí, era otra época, y sí, una época nada fácil, pero también se contaba con gobernantes que, en su mayoría, contaban con altura política suficiente como para no someter lo importante al infantil criterio de rechazarlo porque lo había hecho otro. Y cuando se hizo así, se fracasó.
La política educativa es una parte fundamental de la política social de cualquier Estado y como cualquier otra necesita un objetivo claro y no puede quedar al albur de la improvisación, el constante cambio de criterio y la falta de un objetivo que le dé sentido, como ha ocurrido en nuestro país.
La LOMCE parecía llamada, por fin, a solucionar muchos de los problemas que arrastramos desde el inicio de la democracia, en que la educación se vio secuestrada por políticas socialistas que en lo único que demostraban funcionar era en conseguir niveles cada vez más bajos de calidad educativa como sucesivamente demostraban los distintos estudios internacionales. Pero una vez más el buenismo se apodera de nuestra clase política, se abandona el proyecto y los principios y se claudica en lo fundamental hasta el punto de, tras haber conseguido lo difícil, abandonar cuando las aguas se habían calmado, se había demostrado que era una buena ley –a pesar de que pudo haber sido aún mejor-, y de que tenía medidas encaminadas de una vez por todas a crear el marco que situara a nuestro país en el lugar en el que le corresponde. Y esto ha ocurrido porque se tiene claro el objetivo pero falta el proyecto, faltan los principios y falta el liderazgo. Y hablamos en pasado, porque lo que queda es sólo un proyecto que pudo ser y que esta vez, de momento, tampoco ha sido.
No hemos de mirar a otros países para buscar soluciones, porque el problema lo tenemos en nuestra forma de hacer política. Lo que nos ha demostrado la política educativa en estos casi 40 años en nuestro país es que como muchos sabemos, las leyes no solucionan problemas pero sí pueden generarlos, máxime si se cambian cada poco tiempo.
Ejemplos de buenas políticas educativas en nuestro país tenemos muchos, a pesar de la ley estatal. Son varias las Comunidades Autónomas que pese a todo han conseguido consolidar proyectos que funcionan, y lo hacen porque hay un fin, un proyecto, un liderazgo y se les ha dado continuidad. Eso no quita que haya sido necesario realizar modificaciones en los mismos una vez testados para corregir lo que no funcionaba, pero se tenía un objetivo y se ha trabajado para conseguirlo.
A nivel nacional en cambio seguimos sin avanzar pensando que un pacto educativo es el sancta sanctórum que va a solucionar todos los problemas, y quizás lo hiciera si tuviera un contenido pensado para mejorar la formación de nuestros estudiantes y no para echar abajo una ley en base al único criterio de que la hizo otro. Pero no lo tiene, y a corto plazo parece difícil que lo tenga.
Y mientras nos entretenemos una vez más en lo superficial, en cambios en un calendario escolar que va a generar trastornos en familias con el consiguiente perjuicio para los niños y el único aparente beneficio para los funcionarios docentes; en si los niños tienen que ser o no evaluados; o en si pueden o no y cuándo hacer deberes, no vaya a resultar que alguno mejore gracias a ello.
¿y qué hay de las reformas que siguen siendo necesarias?, ¿para cuándo la ruptura con la estandarización en la formación que ha convertido nuestras escuelas en centros de producción?
Sin entrar a valorarlas, no es momento ni lugar, los distintos partidos tienen propuestas en sus programas, pero aquéllas centradas en aspectos que verdaderamente incidan en una mejora de la formación y por tanto de la calidad sólo son objeto de atención por algunos. Y de estos, se centran más en imponer su propio proyecto que en buscar puntos de encuentro con lo que ahora existe. Porque el consenso es algo que queda bien para lanzar titulares, pero para negociar llevamos el no por saludo y la imposición por argumento.
Ahora que se acercan semanas de negociaciones se abre ante todos ellos, los nuevos viejos partidos también, la oportunidad de realizar propuestas constructivas que dejen de lado la lucha partidista y se centren en los ciudadanos. No cabe duda de que al futuro candidato a Presidente del Gobierno le corresponde un papel principal avalado por los millones de españoles que han decidido revalidar su resultado electoral del pasado diciembre y encomendarle la dirección de nuestra Nación durante los próximos cuatro años –pactos mediante- , pero la oposición tiene la importantísima tarea de realizar un control responsable, constructivo y adulto a la política gubernamental. Y centrar el debate en los deberes, no lo es.
Como decía al principio, para que una política funcione, y las sociales no son una excepción, se necesita un proyecto y unos principios. Estamos ante una nueva posibilidad de llevarlo a cabo y de consolidar un proyecto. El de la legislatura pasada ha quedado desnaturalizado, pero sigue existiendo y aún es posible reconducirlo. No nos podemos permitir el lujo de dejar de hacerlo.
