Cada vez más caribeño
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad en Madrid para frenar los contagios de Covid-19, alegando que se ven afectados "derechos y libertades fundamentales" sin cobertura legal para hacerlo. En plata, lo que dicen el TSJM es que el Gobierno Sánchez ha adoptado decisiones para las que previamente no se ha amparado en mecanismos legales que le permitan tomarlas. Supongo que a estas alturas nadie discutirá la importancia de que el Gobierno de la nación pueda intervenir en los asuntos de seguridad sanitaria y hacerlo con la contundencia que requieran las circunstancias. Lo que resulta asombroso es que Sánchez y su ministro de Sanidad olviden que vivimos en un Estado de Derecho y no se puede actuar saltándose las leyes, más aún cuando el Gobierno dispone de mecanismos para poder intervenir. Lo que hay que hacer es articular y poner en funcionamiento esos mecanismos. La declaración del estado de alarma es uno de ellos, y puede ser aplicado a un territorio concreto, a una localidad, una provincia o una región. Pero el Gobierno no quiso asumir el riesgo político que supone declarar el estado de alarma en Madrid, en contra de la posición del Gobierno regional madrileño, lo que abriría un precedente complicado. A veces, ocurre que hay que asumir riesgos. Sobre todo para evitar que una decisión clave para la seguridad de Madrid se revuelque en la inseguridad jurídica. El varapalo del TSJM no sólo desautoriza el procedimiento aprobado por Sanidad y demuestra la inanidad legal del Gobierno, también coloca a municipios y barrios de Madrid en una situación caótica.
Mientras el desastre en la capital de España pasma a españoles y europeos, la respuesta de Pablo Iglesias a su imputación por el caso Dina produce escalofríos: el juez que investiga las extrañas peripecias de la tarjeta del móvil de su antigua asesora ha atribuido al vicepresidente los delitos de daños, revelación de secretos con agravante de género y denuncia falsa. El juez considera que Iglesias se presentó como una víctima de las cloacas del Estado, fingiendo ser víctima de un delito que sabía inexistente, para obtener rédito electoral. Estando Iglesias aforado, el juez ha remitido la investigación al Supremo, que deberá solicitar un suplicatorio al Congreso antes de poder juzgarlo. Iglesias ha replicado adelantando que sabe que el Supremo no aceptará la petición del juez, porque "es inconcebible" que lo haga, y ha acusado a "la derecha" de hacer coincidir el auto del juez con la rueda de prensa de Sánchez sobre el uso de los fondos europeos. En una comparecencia ante el Senado, ha insinuado la intención de la derecha de dar un golpe de Estado, porque "en este país es casi inviable que vuelvan al Consejo de Ministros y por eso acuden a medios no legítimos, porque saben que por la vía de las urnas no volverán al Gobierno".
Extraño país de Europa, este nuestro, en el que en vez de usar los medios legales de que dispone, el Gobierno decreta confinar a miles de ciudadanos al margen de la ley, y el vicepresidente presiona al Supremo para no ser juzgado, acusa al juez del caso Dina de hacer coincidir su auto con los intereses publicitarios de la oposición y atribuye a los partidos de la derecha parlamentaria la intención de provocar un golpe de Estado. Y todo es aplaudido por los partidos secesionistas. En fin, llevamos menos de un año con Iglesias al mando, y esto empieza a resultar cada vez más caribeño.
