El Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendió ayer de forma ‘cautelarísima’ la aplicación del protocolo canario para la recepción de niños y adolescentes migrantes. En su auto, el TSJC considera “incontestable” que el protocolo del Gobierno de Canarias incluye requisitos que “deben ser observados” para proceder a la entrega de los menores, pero estima que no es aún momento de pronunciarse sobre si el protocolo se ajusta a la legalidad vigente -como considera el Gobierno regional y niega el de la nación-, sino sobre la urgencia que plantea la Fiscalía, y solicita que el Gobierno regional alegue lo que estime antes de este próximo miércoles. Los magistrados ofrecen a las partes en litigio un útil y oportuno consejo: recuerdan la conveniencia de buscar “espacios de encuentro” que mejoren la coordinación en “un clima de lealtad y colaboración institucional”.

Los jueces explican su decisión: los nuevos requisitos –existencia de plazas disponibles, lugar de entrega, documentación individual para cada menor, identificación del menor con fotografías-, pueden comprometer la entrega inmediata de los menores a la administración regional, y supone por tanto un cambio relevante que afecta a un colectivo especialmente sensible y vulnerable. El Gobierno regional reaccionó inmediatamente al auto, acatando la decisión del TSJC y anunciando que sus servicios jurídicos trabajan ya en alegaciones y en la mejora jurídica del protocolo.

El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, recordó que la aplicación del protocolo durante unos pocos días ya había servido al menos para mejorar las garantías de entrega de los menores, que ya no son reseñados de manera grupal, sino individualmente, y con fotos que los identifican. También recordó que en el tiempo de aplicación del protocolo no se ha dejado de atender ni a un solo menor, e insistió en la necesidad de ir al fondo el asunto, que es el colapso de la capacidad de atender dignamente a los chicos: “podemos discutir sobre el protocolo”, dijo, “pero no cuestionar la necesidad de una respuesta del Estado al problema de los menores”.  

No todo el mundo piensa igual, evidentemente. El ministro Torres aseguró que el TSJC actuaba en el mismo sentido que el Gobierno de España: “hay afirmaciones que son las mismas que dijimos nosotros”. Su número dos, Chano Franquis, fue más lejos: aseguró que el TSJC ha suspendido la política migratoria de Clavijo y acusó al presidente regional de haber cruzado todos los límites, “utilizando los derechos fundamentales de los niños migrantes”. Y ya de paso, también acusó a Clavijo de haber “incumplido la legalidad”, algo que el auto del TSJC dice claramente que ni siquiera entra a valorar. Tanto Franquis como Torres insistieron especialmente en una idea: que Clavijo tiene que asumir la responsabilidad de lo que ha hecho el Gobierno de Canarias. 

¿Pero que ha hecho el Gobierno de Canarias? Lo que hemos visto estos meses es un enorme y continuado esfuerzo por llegar a acuerdos entre partidos y administraciones para afrontar el problema de los menores. Un trabajo ininterrumpido, que Clavijo ha asumido con nula colaboración del Gobierno Sánchez, y sus representantes en las islas, más preocupados de no perder la renta política que les pueda restar un acuerdo con el PP, que de ayudar a resolver el colapso de los sistemas de atención a menores, a punto de producirse. 

Para intentar alcanzar acuerdos Clavijo ha hecho más kilómetros que un taxi Mercedes de los de antes, y suma ya medio centenar de encuentros y reuniones con todo quisque, para llegar a soluciones de compromiso. Yo diría que ese esfuerzo es algo inédito en las islas desde le tocó hacer un peregrinaje parecido a José Segura cuando era Delegado del Gobierno de la Nación en 2006, y se enfrentó sin medios y recursos a la primera crisis de los cayucos. No fue tampoco entonces un trabajo fácil, pero al final, con alguna notable excepción académica (porque racistas que organizan manifestaciones racistas hay en los sitios más insospechados, hasta en la universidad), se logró convencer a casi todos de que había que ponerse de acuerdo. Y se salvaron muchas vidas. 

La situación es hoy -al menos- tan difícil como entonces. En las últimas 24 horas, la quinta parte de tiempo que ha tardado el TSJC en suspender la aplicación del protocolo canario, se han rescatado en Canarias más de mil migrantes, entre ellos 134 menores. Mientras, algunos siguen instalados en la miseria política del enfrentamiento y el daño. Supongo que a ellos también se les exigirá dar explicaciones algún día.