Hambre
Más de 120 millones de personas se verán abocadas a la hambruna antes de que finalice este año como resultado del impacto del desastre económico provocado por la pandemia: el hambre, casi vencida en el planeta (excepto en situaciones de sequía persistente o guerra) vuelve a ser una amenaza real para países del tercer mundo en situación de conflicto, como Venezuela o Sudán, pero también para otros con economías potentes, como la India, Brasil o Sudáfrica. Para que eso ocurra se han tenido que encadenar varios factores: el primero y más arrasador, una creciente imposibilidad para encontrar trabajo, que se extiende masivamente en países y territorios donde además no existen ni seguros ni ayudas para las personas sin empleo. Y a eso se suman una brutal reducción de la producción agraria, un sistema alimentario disfuncional que empobrece a millones de productores de alimentos, la descomposición de las redes de distribución de suministros y la reducción de la ayuda humanitaria, que cae en picado, según nos recuerda el Programa Mundial de Alimentos.
Un informe de Intermón Oxfam calcula que el hambre provocada por el Covid-19 causará el próximo año la muerte de hasta 12.000 personas al día, más de las que provoca hoy la propia enfermedad. Y mientras esa catástrofe ocurre delante de nuestras narices sin ocupar las noticias de la tele, las ocho empresas de alimentación y bebidas con más facturación del planeta han pagado a sus inversionistas dividendos por 18.000 millones de dólares desde enero de este año, coincidiendo con la extensión de la pandemia. El director ejecutivo de Intermón Oxfam, Chema Vera, recordaba que esa cifra es "diez veces superior a la cuantía que Naciones Unidas ha solicitado para evitar que la gente siga pasando hambre".
Ante una situación tan grave, la única respuesta para evitar que la pandemia dé paso a una gigantesca catástrofe humanitaria, de consecuencias mucho peores que la propia enfermedad, radica en que los gobiernos de los países desarrollados cumplan al menos con los compromisos adquiridos con Naciones Unidas. La tónica actual es justo la contraria: Europa y EEUU se han instalado en el primero nosotros no sólo en sus decisiones de acaparamiento de medicinas y suministros, también en lo que se refiere al destino de fondos que antes se dedicaban a cooperación internacional, fundamentalmente con los países más desarrollados, y ahora se utilizan para atender problemas locales de menor enjundia. Es una tendencia de la que no escapan ni siquiera los gobiernos que reivindican su progresismo: hasta la fecha, el Gobierno español solo ha ingresado una cantidad ridícula que representa apenas el tres por ciento de los 3,3 millones que Pedro Sánchez se comprometió a aportar respondiendo al llamamiento realizado por Naciones Unidas.
El futuro no es halagüeño para nadie: el planeta se enfrenta a una enfermedad que contagia a ricos y pobres, pero que afecta más a quienes sufren las consecuencias de la desigualdad: a los países más pobres, y a los más pobres de los países ricos. El hambre física es ya una realidad mundial, que precisa de una respuesta conjunta de los países con más recursos. Una respuesta que contribuya a definir protocolos de intervención económica ante las nuevas catástrofes que nos traerá en calentamiento global.
