Otra vez…
Ocurrió apenas unos minutos después de conocerse la sentencia de ayer del Supremo, desestimando el recurso del Gobierno de Canarias contra la desautorización del toque de queda por el TSJC, hace ahora dos semanas. Comenzó a circular por la redes un meme de Dandochola, que anunciaba como noticia de última hora que «El gabinete jurídico (sic) del Gobierno de Canarias se presentará al próximo concurso de Murgas». Una forma humorística y cruel de señalar la poca consistencia del recurso de casación presentado por los Servicios Jurídicos contra el auto de 14 de julio del TSJC que echó por tierra la propuesta del Gobierno de establecer toque de queda en Tenerife entre las doce y media de la noche y las seis de la mañana, o en los municipios con tasa de incidencia Covid superior a los cien casos por cien mil habitantes, que son hoy la mayoría de las ciudades de las islas.
La propuesta para limitar la libertad de circulación de los ciudadanos de Canarias lleva, pues, dando tumbos por los juzgados desde que fue aprobada el 8 de julio, mientras la incidencia en Canarias no para de crecer, sin que el gobierno regional disponga de los elementos necesarios para embridar esa escalada. Es cierto que no se trata de una situación que afecte sólo a las islas. Prácticamente, toda España vive la presión creciente sobre su sistema hospitalario de la extensión de la infección, que ya ha desbordado cualquier barrera entre edades y grupos.
La negativa del Supremo (como antes la del TSJC) a aprobar el toque de queda, cabrea a mucha gente de buena fe, preocupada por lo que está sucediendo. A fin de cuentas, el Gobierno hace lo que puede y cree mejor para evitar que la enfermedad se extienda sin freno ni mesura, y los tribunales –eso opina mucha gente– deberían contribuir a resolver la situación. Pero en realidad los tribunales no están para eso, están –en lo que a esta concreta cuestión se refiere– para determinar si las decisiones del Gobierno se ajustan a las leyes. Y el problema es que no se ajustan, no porque el Gobierno no lo quiera hacer bien, que probablemente actúa con la mejor intención, sino porque quienes redactan los decretos no disponen de la preparación –o los recursos– necesarios para que sus propuestas puedan ser consideradas legales. No ha ocurrido solo en Canarias. El Gobierno Sánchez se desentendió del Estado de Alarma y se lavó las manos para evitar el gigantesco varapalo que podría haber supuesto que el Constitucional decretara ilegal la alarma cuando aún se estaba aplicando. Al hacer eso, Sánchez colocó a las regiones en una situación muy complicada, la de organizar el desmadre subsiguiente sin dotar a las regiones de medios legales para poder hacerlo.
Tras el auto del TSJC cuestionando la legalidad del toque de queda, la presentación de la casación ha sido una pataleta, apenas respaldada por la Fiscalía, que en este asunto –como en tantos otros– se ha posicionado a favor del Gobierno, como suele.
El recurso de casación no debió presentarse, las posibilidades de que prosperara eran escasas: la casación es un recurso extraordinario que persigue anular una sentencia judicial porque contiene una interpretación o aplicación de la ley incorrecta por parte del tribunal juzgador, o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido con el debido proceso. La casación debe basarse en errores en el procedimiento, y lo que ha dicho el Supremo es que los errores no estaban en el procedimiento sino en la propuesta realizada por el Gobierno de Canarias.
