REF, RIC, IRPF
La Reserva de Inversiones en Canarias es uno de los principales incentivos fiscales contemplados en el REF. Su objetivo es fomentar la inversión productiva y la generación de empleo, permitiendo a las empresas reducir la carga tributaria del impuesto sobre el beneficio si reinvierten en actividades que contribuyan al desarrollo económico del archipiélago. La Reserva ha demostrado su capacidad como motor de la inversión en etapas de bonanza económica, pero ha sido objeto de debate en los últimos años, especialmente en lo que respecta a su efectividad para crear empleo y en la necesidad de adaptar el mecanismo a las cambiantes prioridades de la Unión Europea.
En esencia, lo que hace la RIC es permitir a las empresas y autónomos residentes en Canarias reducir hasta un noventa por ciento sus beneficios imponibles, y destinarlos a inversión productiva. Eso implica que, en lugar de pagar impuestos sobre las ganancias fruto de la actividad económica, las empresas las reinviertan en proyectos que contribuyan a modernizar el tejido económico local. Entre los requisitos para acogerse a la RIC, se establece que las inversiones deben realizarse en un plazo de tres años y estar destinadas a activos fijos productivos, a crear empleo o a participar en entidades que desarrollen actividades económicas en las islas. También puede destinarse la Reserva a la suscripción de bonos o participaciones en fondos de inversión que tengan impacto en la región. Sólo algunos sectores hiperideologizados desmienten la obviedad de que la RIC ha sido una herramienta fundamental para atraer inversiones y mejorar la competitividad de las empresas locales, pero es cierto que algunos expertos señalan que su aplicación ha provocado distorsiones. En particular, la de beneficiar más a las grandes empresas que a las pymes, y también la rigidez del sistema, que ha impedido que las inversiones estuvieran realmente alineadas con la necesidad de diversificación de la economía canaria.
Para incentivar el debate sobre el REF, el Gobierno Clavijo creó un Comisionado del REF, con rango de viceconsejero -José Ramón Barrera-, cuya función principal parece ser la de proponer ideas y agitar el patio. Barrera ha preferido optar por formatos de carácter general que por una reforma de los mecanismos de la Reserva. Por eso propuso hace casi un año la inclusión de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y la reducción del IRPF en la futura modificación del REF. Bonificar la Seguridad Social no se plantea como medida general, sino dirigida los parados de larga duración, los menores de 25 y mayores de 52 años, y las mujeres víctimas de violencia. Pero en relación al impuesto sobre la renta. el comisionado defiende deducciones de hasta el 60 por ciento de la cuota íntegra.
Abierto de nuevo el debate sobre las modificaciones necesarias hoy para hacer que el REF sea más efectivo, Margarita Ramos, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en La Laguna, subrayó ayer en el Parlamento la importancia de vincular los incentivos fiscales a la formación de trabajadores y al desarrollo de sectores estratégicos. La que fuera consejera de Trabajo durante parte del segundo Gobierno de Paulino Rivero, ha propuesto que la RIC incluya estímulos específicos para que las empresas inviertan en Formación Profesional dual, permitiendo que parte de los fondos reservados puedan destinarse a la capacitación del personal, algo que quizá mejoraría la productividad empresarial. Por su parte, Fermín Delgado, ex viceconsejero de Hacienda con Román Rodríguez, insistió en la necesidad de adaptar la Reserva a las prioridades europeas en materia de sostenibilidad, apoyando líneas de digitalización e innovación.
Ramos y Delgado tienen razón: el principal desafío de la RIC hoy es su encaje en las directrices comunitarias. La Unión considera que los incentivos deben estar orientados a la creación de empleo, la cohesión social y la sostenibilidad, limitando las deducciones que no cumplan con estos objetivos. Cualquier modificación del REF que persiga bonificaciones fiscales indiscriminadas colisiona con la normativa europea, lo que impide su respaldo por Bruselas. Bonificar el IRPF a las rentas del trabajo suena estupendo –todos pagaríamos menos impuestos- pero no parece aceptable por la Unión: es un incentivo al consumo, alejado de las líneas de actuación europeas, que prefieren incentivar la inversión y fomentar la actividad económica directa.
El Gobierno regional puede reducir la tributación de las rentas del trabajo modificando a la baja la escala del gravamen, aplicando deducciones o aumentando el mínimo personal y familiar. Para hacer eso no se precisa tocar el REF. Y evita el impacto negativo que tendría para la financiación autonómica. Porque si Canarias se descuelga –siquiera parcialmente- del IRPF nacional, será mucho más difícil convencer a Madrid de que aporte recursos de los fondos de garantía, suficiencia y convergencia.
