Todo sea por cobrar

Hace dos días se supo que Ciudadanos había comunicado la expulsión definitiva de los concejales y consejeros tránsfugas que votaron en contra de las instrucciones de su partido. En realidad, la expulsión de todos ellos se produjo hace un mes, el 6 de agosto, lo que pasa es que Ciudadanos es un partido muy muy liberal (ya se sabe), y en vez de confiar en el servicio público de Correos, que funciona estupendamente, prefirió enviar los documentos por una empresa privada de mensajería. Y no es la primera vez que se lían con esto de mandar papeles. La suspensión provisional de militancia de Enrique Arriaga y Concha Rivero fue comunicada hace un par de meses ¡¡¡al Cabildo de Lanzarote!!! Es lo que tiene querer dirigirlo todo desde tan lejos, y sin saber geografía.

Pero al grano: la abogada Zambudio, que es una suerte de portavoz de los antes díscolos y ahora no adscritos, ha explicado que han recurrido la decisión de expulsarlos ante los tribunales, y que en el caso de que los tribunales no les den la razón, entonces recurrirán la ley canaria de municipios ante el Constitucional. La abogada Zambudio hará bien en intentar impugnar la ley. Fue elaborada por el consejero socialista Francisco Hernández Spínola precisamente para que los concejales socialistas contrarios al acuerdo en cascada entre el PSOE y Coalición Canaria se lo pensaran dos veces antes de votar contra las instrucciones del partido. La ley Spínola no priva de derechos políticos a quienes se comporten como tránsfugas, de acuerdo con el criterio que fija la propia ley. Lo que se inventó Spínola es castigarles el bolsillo, impidiéndoles cobrar un salario y prohibiendo taxativamente que puedan ser empleados por empresas, institutos u organismos dependientes de la corporación a la que pertenecen. Hay que reconocer que el procedimiento no es muy edificante, pero esto de dejar a pan y agua a los traidores ya lo inventaron los romanos, y para mí que Spínola es un tío muy clásico.

La portavoz y principal propagandista de los Ciudadanos rebeldes está intentando elaborar un discurso sobre la dignidad, el compromiso personal con la regeneración y etcétera. Pero esto es todo mucho más sencillo: la concejal Zambudio tenía en su mano un montón de opciones para no asquear su conciencia de regeneracionista y actuar con coherencia. Podía haber entregado su acta, antes que votar en contra de su conciencia. O podría haber votado en contra de las instrucciones de su partido, y después irse a su casa. O podría, para evitar que al irse volvieran los tipos malvados contra los que votó en contra (en el Cabildo esa excusa no vale, porque no cabe la moción de censura), podía votar contra ellos, seguir de concejala y asumir lo que dicen la lógica y la ley, es decir, seguir sosteniendo a la actual alcaldesa, pero sin cobrar y sin canonjías. Pero lo que ha elegido es quedarse, decir que hizo lo que le dijo su partido que hiciera, y así tener la excusa para iniciar un procedimiento judicial y seguir cobrando, y luego -si no le dan la razón en el juzgado- acudir al Constitucional para poder seguir cobrando unos añitos más, si el secretario del ayuntamiento se lo tolera. La señora Zambudio no es una mártir de la dignidad, una nueva Churchill obligada a cambiar de partido para no cambiar de ideas. Es una concejal que quiere seguir cobrando sus 3.000 pavos todo el tiempo que pueda. Que a lo mejor hasta lo necesita, la pobre.