Tuits y textiles
El Consejo Económico y Social de Canarias, organismo asesor de Ángel Víctor Torres, se sumó a principios de semana a las voces críticas con la gestión de la consejera Noemí Santana, en la presentación de su informe anual sobre la evolución de la economía canaria. El presidente del consejo, José Cristóbal García, calificó como “tremendamente grave” la gestión en el sistema de Dependencia del Gobierno regional, por el retraso inaceptable en la percepción de las ayudas, y porque seamos la región española donde peor funciona el sistema. Ayer, el Diputado del Común, Rafael Yanes, volvió a colocar la Dependencia bajo el foco de la crítica, al reconocer las deficiencias que se producen en la atención de las personas dependientes, el incumplimiento sistemático de los plazos para tramitar la prestación, y el hecho de que estemos muy por debajo de la media nacional en todas las cifras. Consciente de la existencia de más de 25.000 personas dependientes que esperan, de ellas ocho mil pendientes de cita, y de una parte de esas personas muere antes de ser atendida, la Diputación del Común está a punto de presentar su informe extraordinario sobre este asunto.
García y Yanes se suman a la avalancha de críticas que recibe la Consejería, que lleva ya dos a años y medio responsabilizando en exclusiva al pasado del desastre que ocurre hoy. Y es cierto que la Dependencia parece estancada desde hace ya demasiado tiempo, pero también lo es que la situación no deja de agravarse, y eso a pesar de disponer ahora la Consejería de más recursos, que sus directivos se han demostrado absolutamente incapaces de gastar. El año pasado se devolvieron al Tesoro cinco millones de euros sin ejecutar, un dinero que asignado a la prestación. Y es esta misma consejera que no ha sabido gastar lo que tiene, quien presume de sacarle a Hacienda setenta millones más para gastar (o devolver) en 2022. Un incremento del 13,60 por ciento, que la responsable del estancamiento de las políticas sociales en el archipiélago considera “como consejera de este Gobierno, y representante de una de las fuerzas que firmaron el Pacto … todo un orgullo para las fuerzas progresistas de Canarias”.
Creo que la señora Santana debería gastarse el dinero de que dispone antes de manifestar su satisfacción por lograr que le entre más en la caja. De momento, sí ha sabido mover el dinero necesario para reacondicionar completamente su despacho, cuyo remozado chic-gauche se contrató en Tenerife, a pesar de que doña Noemí prácticamente no lo pisa y lo mantiene durante semanas cerrado con llave. Mientras la consejera se entretiene con sus decoradores, Canarias sigue siendo la región que más tiempo tarda en resolver los expedientes, 927 días, más del doble de la media nacional que está en 432 días, ya bastante por encima de los seis meses que establece la normativa como máximo plazo. Desde que Santana y su equipo se hicieron con la gestión en Derechos Sociales, han pasado de necesitar una media de 785 días para dar las prestaciones a los 927 actuales, casi cinco meses más. Ahora cuentan con más personal, pero el comité de empresa de la Consejería asegura que las personas contratadas están hacinadas y carecen de suficientes ordenadores para hacer su trabajo. Todo colapsa a su alrededor, pero Santana y su director general, Miguel Montero, responsables directos (pero no únicos) de la situación de desastre en Dependencia, se pasan los días eligiendo el color de las telas de las cortinas o colgando afanosamente sus tuits sobre el asalto a los cielos y el mundo ideal que viene.
Entretanto, el presidente Torres mira para otro lado, ajeno a las críticas del CES, del Diputado del Común, de los trabajadores, de los Directores de Servicios Sociales, de las Asociaciones de cuidadores y familiares, de los sindicatos y los ayuntamientos.
