El Gobierno de Canarias compró hasta 12 millones de euros a la empresa investigada

El SCS firmó al menos dos contratos a dedo con Soluciones de Gestión para la compra de 4,75 millones de mascarillas

El Gobierno de Ángel Víctor Torres pagó casi doce millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, investigada en el ‘caso Koldo’ por una presunta trama de cobro de comisiones irregulares, por la compra 'a dedo' de 4,75 millones de mascarillas FFP2 durante los meses de abril y mayo de 2020, en plena primera ola de la pandemia de Covid-19. Al contrato inicial por valor de 6,87 millones de euros para la adquisición de dos millones de este tipo de cubrebocas, se sumó dos semanas más tarde la compra de otros 2,75 millones de mascarillas por las que se pagaron cinco millones de euros más, según revelan los documentos del Servicio Canario de Salud (SCS) en los que se formalizan ambos pedidos y a los que ha tenido acceso TIEMPO DE  CANARIAS.

Ambas operaciones se firmaron en los primeros compases de la pandemia, apenas unos días después de la destitución de Teresa Cruz como consejera de Sanidad y de que Julio Pérez asumiera de forma accidental las responsabilidades en esta área. Al frente del SCS se encontraba el entonces vice consejero de Presidencia y hoy jefe de Gabinete de Ángel Víctor Torres en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Antonio Olivera. Al importe de ambos contratos, que suman 11,87 millones de euros, hay que sumar el coste del transporte, los fletes aéreos y el seguro de transporte de las mascarillas entre Madrid y Tenerife Norte –los envíos tuvieron como destino el Hospital Universitario de Canarias, desde donde fueron distribuidas a los distintos centros del SCS–, que fue asumido por el Gobierno de Torres y que ascendió a casi 450.000 euros extra (IGIC incluido).

La fórmula de contratación empleada fue el concurso negociado sin publicidad, debido a la situación de emergencia generada por la pandemia. En la práctica, supone que el Gobierno pueda seleccionar ‘a dedo’ a la empresa que le suministrará un material o le proporcionará un servicio sin necesidad de convocar un concurso público de libre acceso, al que puedan concurrir todas las empresas interesadas. Al ser una negociación directa entre la administración pública y la empresa invitada al procedimiento, ambas partes tienen libertad para fijar de mutuo acuerdo el importe del mismo. Esta práctica fue habitual durante la pandemia, si bien órganos como la Audiencia de Cuentas han puesto reparos a muchas de las operaciones firmadas bajo su paraguas debido a las desorbitadas cantidades pagadas y a las diversas irregularidades encontradas. Los contratos suscritos entre el Gobierno de Torres y la empresa Soluciones de Gestión no son una excepción a esas críticas.

En total, en estas dos operaciones el Ejecutivo del pacto de las Flores invirtió algo más de 12,32 millones de euros en la compra de más de cinco millones de mascarillas, a pesar de que la empresa con la que contrataba –y que ahora se ha descubierto vinculada a Koldo García Izaguirre, mano derecha del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos– no contaba con ningún tipo de experiencia en el ámbito sanitario. Una circunstancia que, según demuestran los documentos del SCS consultados por TIEMPO DE CANARIAS, pasó factura: 837.000 de las mascarillas que formaban parte de uno de los lotes suministrados en el primer contrato resultaron no alcanzar el grado de filtrado exigido a las calificadas como FPP2, por lo que no garantizaban la correcta protección de los profesionales sanitarios. 

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Este primer pedido fue formalizado el 22 de abril de 2020 e incluía la entrega de 2,75 millones de unidades de “mascarilla protectora KN95/FFP2” por importe unitario de 2,5 euros, lo que eleva el total del contrato a 6.875.000 euros, a los que hay que sumar el coste del transporte, flete aéreo y seguro Madrid-Tenerife Norte “que se facturará aparte, según se indica en la [factura] proforma”, especifica la orden de formalización del pedido por parte del SCS, firmada por la entonces directora general de Recursos Económicos del organismo, Ana María Pérez Afonso.

A este primer encargo, se sumó un segundo, formalizado apenas un mes y medio después, el 5 de mayo de 2020, para la compra de otros dos millones de “mascarillas EPI KN95” a razón, de nuevo, de 2,5 euros la unidad, ascendiendo el total de la factura a cinco millones de euros, quedando al margen, de nuevo, el coste del seguro y transporte de la mercancía hasta Tenerife. De acuerdo con la documentación del SCS, el primer encargo fue suministrado mediante tres envíos realizados los días 23, 25 y 28 de abril de 2020, y el segundo en otras tantas entregas materializadas los días 12, 14 y 25 de mayo del mismo año.

Por estas seis entregas, el SCS ordenó, el 19 de noviembre de 2020 el pago de 447.061,74 euros (417.814,71 euros sin IGIC) a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, como abono de los gastos de transporte y seguros

Por estas seis entregas, el SCS ordenó, el 19 de noviembre de 2020 el pago de 447.061,74 euros (417.814,71 euros sin IGIC) a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, como abono de la factura emitida por la misma por los “gastos de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas para la protección frente al Covid-19, por el trayecto entre Shenzhen (China) y Tenerife”. En total, por estas dos operaciones la empresa vinculada al asesor del ministro Ábalos se embolsó algo mas de 12,32 millones de euros entre el pago de las mascarillas y del transporte. Unas cantidades que ahora la Fiscalía Anticorrupción investiga si estaban infladas artificialmente y parte de ellas fueron a parar a los bolsillos de los integrantes de la presunta trama en forma de comisiones irregulares.

Sin embargo, no solo el elevado precio pagado a una empresa sin experiencia en el área y vinculada a un cargo del mismo partido que el que dirigía entonces el Gobierno de Canarias es lo que dispara las alarmas en esta operación. Tal y como figura en la documentación a la que ha tenido acceso TIEMPO DE CANARIAS, uno de los lotes mascarillas suministradas en el primer pedido como FFP2 resultaron no poseer ese grado de protección. En concreto, 837.300 de los 2,75 millones de mascarillas adquiridas –más del 30 % de las mismas– no superaron los controles de calidad a las que fueron sometidas antes de ser distribuidas entre los sanitarios.

Ante la reclamación del SCS por esta circunstancia, en noviembre de 2020, Soluciones de Gestión propuso “como compensación por dicha situación” ofrecer al SCS las mascarillas entregadas “y catalogadas como no aptas para FFP2 valorándolas como mascarillas quirúrgicas al precio de mercado del mes de abril”, momento en el que se produjo la entrega, y completar el pedido hasta alcanzar el importe de 2.094.500 euros –en los que se valoraban las mascarillas afectadas– con “555.000 mascarillas de FFP2 NR modelo SBL902 del fabricante ANHUI SUBOLUN GARMENT”. 

Así, las 837.300 mascarillas que no reunían los requisitos para ser consideradas FFP2 –pero aptas para ser consideradas como quirúrgicas, según los análisis de filtrado a los que fueron sometidas– pasaron a ser valoradas en 707.518,50 euros (al precio unitario de 0,854 euros) y el pedido se completó con 555.000 nuevas mascarillas FFP2, adquiridas a 2,50 euros la unidad, el mismo precio con el que se compraron las originales, seis meses antes.

Estas compras fueron cuestionadas por la Audiencia de Cuentas en una propuesta de informe presentada en 2022 y que fue rechazada por el pleno del órgano fiscalizador, en una decisión prácticamente sin precedentes. En ese informe frustrado, la Audiencia de Cuentas se mostraba crítica con que el Gobierno de Torres hubiese elegido a una empresa sin experiencia en el sector sanitario –de hecho, Soluciones de Gestión pasó de facturar cero euros en 2019 a más de 50 millones durante la pandemia– y que no había acreditado la preceptiva solvencia profesional o técnica, como establece la ley de contratos del sector público. Unas críticas que se extendían a otras empresas con las que también contrató el Ejecutivo del Pacto de las Flores durante los primeros meses de la emergencia sanitaria.