El Parlamento de Canarias abre una comisión de investigación por el Caso Koldo
El ‘caso Koldo’ ha impactado de lleno en Canarias, siendo una de las comunidades que se ha visto implicada en el supuesto cobro de ‘mordidas’ para la compra de material sanitario durante la pandemia. En el caso de las Islas, el Gobierno de Ángel Víctor Torres pagó casi doce millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, vinculada al exasesor del que fuera ministro de Transportes en la pasada legislatura, José Luis Ábalos. Algo que ha provocado que tanto Coalición Canaria como el Partido Popular, hayan decidido presentar este miércoles una comisión de investigación con el objetivo de conocer la implicación del Ejecutivo regional en el caso.
Ya en el anterior mandato, cuando al frente del Ejecutivo se encontraba el conocido como Pacto de las Flores, liderado por el ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor torres, tanto nacionalistas como populares solicitaron una comisión de investigación sobre el ‘caso mascarillas’, por el que el Gobierno canario abonó cuatro millones de euros por adelantado a una empresa no sanitaria para adquirir un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas. En aquella ocasión, fueron los grupos que sustentaban el Ejecutivo regional los que se encargaron de abortar un posible debate sobre esta cuestión en el Pleno de la Cámara, rechazando de plano cualquier investigación.
Ahora, el escenario es bien diferente y permite a ambas formaciones poner en marcha una comisión de investigación para tratar de arrojar luz política sobre lo ocurrido. El propio presidente regional, Fernando Clavijo, ya aseguraba este lunes que lo que está ocurriendo “se combate con transparencia”, facilitando toda la información sobre los contratos para que los ciudadanos “sepan exactamente qué expedientes eran, cuánto fue lo que se compró y cuántas mascarillas se adquirieron”. Y es que, al final, el nombre del Archipiélago ha vuelto a estar presente a nivel nacional por un presunto caso de cobro de comisiones irregulares.
Ello ha levantado el rechazo, también, del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, quien ha afirmado este martes, en un receso de la sesión parlamentaria, que el Archipiélago "no merece ser portada en los medios de comunicación por el Caso Koldo" o “arrastrar” otros casos como el del ‘Tito Berni’ o los cuatro millones por la compra de mascarillas que nunca llegaron. Cabe destacar que un preinforme emitido por la Audiencia de Cuentas cuestionaba dichas contrataciones, cuya aprobación, tal y como ha referido el propio Domínguez, “les prohibieron, rozando la ilegalidad”.
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Por todo ello, el vicepresidente regional entiende que el expresidente y actual ministro debe prestar declaración en la comisión de investigación que se llevará a cabo en la Cámara regional para responder “todas aquellas preguntas que se le puedan formular”. Una decisión que también pretende materializar la formación a nivel nacional, ya que solicitará la comparecencia del ministro en la comisión que se constituya en las Cortes Generales. Por parte de los socialistas, su portavoz en el Parlamento canario, Sebastián Franquis, asegura que los contratos “ya han sido investigados por la policía, en el ámbito judicial y, afortunadamente, no han encontrado ningún tipo de responsabilidades, puesto que no ha habido ningún detenido en nuestra comunidad autónoma”.
Sin embargo, obvia el informe de la Audiencia de Cuentas que afeaba al Gobierno de Torres por autorizar los pagos cuando se superaban los umbrales económicos previstos en la situación de excepcionalidad derivada de la pandemia, así como la advertencia sobre que la empresa no tenía un objeto social relacionado con el material sanitario. Muchas de dichas contrataciones, además, “estuvieron muy alejadas del rigor” que se le exige a un servidor público y no se dirigieron a “salvaguardar” los recursos económicos de la Comunidad Autónoma, tal y como resumía la Audiencia de Cuentas en el documento 'censurado'.
Por todo ello, el propio Gobierno de Canarias también estudia la posibilidad de personase como acusación particular una vez que tenga identificada y agrupada toda la documentación respecto a esta compra de mascarillas y sea analizada por los Servicios Jurídicos que, según apuntó el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, serán quienes tengan “la última palabra” al respecto. "Es un tema que estamos respondiendo a lo que nos van comunicando los juzgados, continuaremos analizando toda la información y en los próximos días la pondremos en manos de los servicios jurídicos para que la analicen”, ha explicado.
