Siembra el caos, que algo queda
La Ley del Suelo, al margen de que sea buena o mala, está siendo combatida por los que siempre han querido tener el poder y, por tanto, el control del territorio. Se trata de una lucha entre funcionarios, técnicos y, sobre todo, ciertas instituciones de corte ecologista, instituciones que en Lanzarote abandera la Fundación César Manrique, para no permitir que se haga nada que no pase por sus manos. Todo lo que no parta de ellos es malo ‘per se’. De esta manera, han politizado una Ley que lo único que hace es aclarar y simplificar lo que ya había. No clasifica nuevo suelo turístico, se limita a simplificar la burocracia a deshacer los múltiples nudos existentes que mantienen la isla paralizada. El objetivo de la norma, recordémoslo ya que algunos parecen haberlo olvidado, es clarificar la normativa territorial; acercar a los ciudadanos la gestión del territorio y proteger y conservar los espacios y suelos más valiosos. O lo que es lo mismo, se trata de unificar la norma y que no existan contradicciones. Se busca acabar con la maraña burocrática que lo que ha provocado es que se haya construido mucho y mal. Además, lejos de lo que se quiere dar a entender, la Ley del Suelo no se mete en temas turísticos, sino que entra de lleno en los problemas del sector agrario, tratando de dar solución a las múltiples quejas de los agricultores que, hasta el momento, se han visto condenados a no poder legalizar sus explotaciones.
La nueva Ley le da una nueva concesión al suelo rústico, compatible con ciertas actividades turísticas que permite mantener el paisaje agrario. Es decir, da una solución a un problema prácticamente necrosado. La norma, además, no ataca a los Espacios Protegidos en Canarias, tal y como se ha dejado caer para ensuciar su espíritu Antes al contrario, trata de acercar a los ciudadanos la gestión del territorio, así como proteger y conservar los espacios y suelos más valiosos. Pero eso el ciudadano común no lo sabe y la idea es crear falacias que confundan, enfangar la Ley para que no se haga nada, para que las cosas sigan como están, enmarañadas e irresolubles, y el poder de decisión siga estando en las mismas manos. De conseguirlo, Canarias permanecerá como está, es decir, sin sacar adelante los necesarios planes generales que darán normalidad a la vida insular y a sus instituciones. Recordemos, sólo por darnos un capricho, que de los 88 municipios que hay en Canarias sólo 26 tienen a día de hoy planes generales aprobados. De esos 26, 9 se encuentran en ‘stand by’ denunciados en tribunales de Justicia. Estos datos tienen una única interpretación: sólo un tercio del suelo de las islas está ordenado, el resto está en trámites y la maraña burocrática no permite avanzar en ningún sentido.
Dicen, quienes han iniciado esta absurda guerra contra la Ley del Suelo, que la misma quita poder a la Cotmac. La realidad es que la Cotmac ostenta poderes en la actualidad que nunca debería haber tenido. De hecho, no tiene porqué decidir cómo se deben hacer las cosas en los municipios, un poder que deberían ostentar los propios municipios. A los problemas se le buscan soluciones, no más problemas. Y las soluciones parecen evidentes: todo lo que se normaliza y se desenreda se aclara, permite avanzar y mejorar.
Lo demás es caos, confusión y el triunfo de los de siempre.
