11.000 no comunitarios podrán regularizarse al año en canarias
Una realidad que será posible gracias a la reforma sobre las figuras de arraigo para obtener los papeles y la residencia
Más de 11.000 migrantes conseguirán regular su residencia al año en Canarias, hasta 2027, gracias a la última reforma de la Ley de Extranjería. Y es que la modificación, aprobada por el Consejo de Ministros, pretende reducir la burocracia y facilitar la inserción laboral de personas con situación irregular no sólo en la comunidad autónoma, sino en todo el país. Una realidad que será posible, principalmente, por los cambios normativos relevantes que se han llevado a cabo respecto a las figuras de arraigo.
Un mecanismo que permite a los foráneos obtener los papeles que le dan derecho a residencia y trabajo en España. En el Archipiélago, la mayor parte de quienes obtienen la autorización por arraigo lo hacen por la vía familiar: 4.319 de las 7.764 personas la consiguieron a través de esta figura. El año pasado 2.780 personas solicitaron un arraigo social, mientras que 363 lo requirieron por tener una actividad laboral en el Archipiélago y 312 por estar desempeñando una actividad formativa. Pero, ¿qué supondrá esta reforma de la ley para los migrantes irregulares?
¿Qué cambios trae consigo la última reforma de la Ley de Extranjería?
La nueva reforma de la Ley de Extranjería trae consigo numerosas novedades que benefician a los extranjeros en España. Unas modificaciones que, de acuerdo con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aporta mayores garantías y rigor jurídico en función de las necesidades del mercado laboral y de los propios migrantes, adaptando la regulación a la legislación europea y al reto demográfico del país.
Una de ellas es que, hasta ahora, sólo existían cuatro figuras de arraigo. Por un lado, está el sociolaboral, que se concede por tener un empleo en el país, eso sí, acreditando tener uno o varios contrato con un mínimo el 20 horas y que sumen el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). A este le sigue el arraigo social, que puede solicitarse si existen vínculos con otras personas extranjeras que ya residen en España con una autorización. Para ello, esta persona deberá disponer de medios económicos suficientes para mantenerlo, con ingresos que deben ser al menos, el 100 % del IPREM.
Los cambios en la Ley de Extranjería acortan plazos y flexibilizan requisitos para facilitar la regularización de foráneos que ya viven en España
La ley también contempla el arraigo formativo, que abre la puerta a la regularización de personas que lleven dos años viviendo en España y quieran formarse. Aunque ya se introdujo en la reforma de 2022 ahora se flexibiliza para poder llegar a más casos. El arraigo de segunda oportunidad, de nueva creación, trata de evitar situaciones de irregularidad sobrevenida.
Podrán acogerse personas que ya hayan trabajado previamente de forma legal, pero que hayan perdido su autorización por algún motivo como perder el empleo que les daba derecho a ello. Por el contrario, no podrán beneficiarse aquellos que lo hayan perdido por motivos de orden público, salud pública o seguridad. Por último, el más común y por el que la mayoría de migrantes consiguen regularizar su situación, es el arraigo familiar queda muy limitado tras la reforma de la regulación de la Ley de Extranjería.
Solo se aplicará a los progenitores nacionales de terceros países de ciudadanos de otros Estados de la Unión Europea. Ahora, con el cambio de la normativa, se añade una más para facilitar la regularización de quienes por diversos motivos tuvieran con una autorización previa y la hayan perdido. Otro de los principales cambios es el acortamiento de los plazos y la simplificación de procedimientos.
El número mínimo de años de residencia en el país para poder acogerse a ellas se acorta de tres a dos. La reforma también homogeneiza los visados, que tendrán una duración de un año, incorpora mecanismos de protección para los trabajadores migrantes de temporada e incluye un refuerzo a la reagrupación, que permite que los ciudadanos extranjeros traigan al país a sus familiares de primer grado.
El Estado prevé regularizar a más de 300.000 migrantes al año con la nueva reforma de la Ley de Extranjería
Atendiendo a las cifras a nivel nacional, a finales de 2023, 210.334 personas habían logrado una autorización por arraigo en todo el país. Son 84.938 más que en 2022. Pero el Gobierno central estima que gracias a esta reforma puedan ser muchas más, en concreto, unas 300.000 personas al año durante los próximos tres ejercicios. Por lo que si se extrapola esta estimación a los datos a nivel regional, el cambio normativo abrirá la puerta a la regularización de 33.000 personas en tres años en Canarias.
De acuerdo con los datos del Ministerio, a 31 de diciembre del año pasado 7.764 personas habían obtenido una autorización por arraigo en el Archipiélago. Suponen un 3,6% de todas las que se concedieron en España. Un 54% son mujeres y el grupo de edad más numeroso es el de aquellos que tienen entre 25 y 34 años. La media de tiempo que han tenido que residir en el país antes de poder regularizar su situación es de 2,6 años y la mayor parte de ellos se encontraba en una situación de irregularidad profunda cuando lo consiguieron.
En otras palabras: se trata de personas que no han tenido una autorización de residencia concedida previamente en España. En esta circunstancia se encontraban 7.197 de los extranjeros que consiguieron el año pasado su autorización, mientras que 577 estaban en una situación de irregularidad sobrevenida, es decir, que han tenido uno de estos visados y lo han perdido.
Tal y como ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, todas estas autorizaciones son incompatibles con las solicitudes de asilo, de manera que si la persona está cursando una solicitud de protección internacional no puede recurrir a ellas.
Con la reforma, se espera que medio millón de personas en situación irregular en España puedan conseguir sus papeles, 26.000 de ellas en Canarias
Además, este cambio normativo es un proceso de regularización independiente del que impulsa la iniciativa legislativa popular –avalada con más de 600.000 firmas– y que prosigue su tramitación en el Congreso de los Diputados, después de que fuera apoyada de forma mayoritaria por los grupos el pasado mes de abril.
Con ella, se espera que medio millón de personas en situación irregular en España puedan conseguir sus papeles, 26.000 de ellas en Canarias. Por eso, la reforma ha sido tildada de “insuficiente” por parte del departamento de Migraciones de la Conferencia Espiscopal Española (CEE), que señala que deja fuera a 75.000 personas en toda España.
