30 años de la ruta más mortífera
Desde el 28 de agosto de 1994, que llegaba la primera patera a Fuerteventura, los fallecidos en el atlántico podrían ser cientos de miles
La ruta atlántica de las migraciones marítimas irregulares a través de Canarias forma parte de un conjunto de itinerarios que canaliza una de las fracciones de la emigración africana hacia Europa más mortales. Fue a finales del siglo XX cuando comenzaron a llegar esporádicas y pequeñas embarcaciones de madera desde la costa africana hasta las Islas, sin generar alarma social ni tampoco respuestas por parte del Estado ni de las instituciones de control migratorio. Sin embargo, durante estos 30 años los movimientos de salidas hacia el territorio insular desde el continente africano se han intensificado, alcanzando el mayor número de intercepciones el pasado curso, con más de 40.000 personas arribadas.
Este miércoles 28 de agosto de 1994 se cumplirán 30 años desde que dos saharauis con una una bandera del Frente Polisario llegaron a bordo de una patera a Fuerteventura, en un viaje que apenas duró un día. Era la primera embarcación de inmigrantes sin papeles que tocaba Canarias. O la primera de la que se tenía noticia. Aquellos dos saharauis probablemente desconocían que su hazaña proyectaba el comienzo de una oleada masiva de precarias barcazas que en los años posteriores arribarían sobre el territorio insular.
Durante los años posteriores a la llegada de los dos jóvenes, la mayoría seguían llegando a Fuerteventura, en menor medida a Lanzarote y de manera esporádica a Gran Canaria. Hubo otra fórmula, más puntual, que empezó en 1999: la de los barcos chatarra. Una decena llegó a las Islas con inmigrantes del África Occidental. Sin embargo, el gran fenómeno migratorio comenzó a finales de 2005, cuando una barcaza con muchos más migrantes alcanzaba la costa de Agaete, en Gran Canaria. Era el primer cayuco. A medida que se reforzaba la vigilancia de las costas marroquíes, saharauis, mauritanas o senegalesas, las rutas iban cambiando y los riesgos se multiplicaban. Sólo en 2006, el año de 'la crisis de los cayucos', se registraron 27 naufragios con 506 muertos.
Entre los motivos por los que huyen estas personas que se embarcan en una travesía a cara o cruz con la muerte, más allá de la guerra y el hambre, se añaden dos que están emergiendo: la sequía y los conflictos en el Sahel. Asimismo, se constata un cambio de perfil en el inmigrante que llega hasta las Islas en comparación con aquellos que llegaron durante la crisis de 2006. Ahora lo hacen familias enteras, incluidas mujeres embarazadas y menores. Como consecuencia del cambio de ruta, los inmigrantes se aventuran a viajes cada vez más largos y peligrosos por mar, que parten incluso desde Gambia o Senegal. El incremento contundente a mediados de 2006 y en un corto espacio de tiempo supuso que se expandiera la capacidad de gestión del fenómeno en modo de emergencia y a remolque de los acontecimientos. Durante aquellos años se adquirió un aprendizaje organizativo, contenido en buena medida en la experiencia del personal implicado en esta gestión, tanto en salvamento como en la primera acogida en los puertos, la identificación y tramitación administrativa y la retención de las personas interceptadas, así como la posterior canalización hacia otros destinos dentro o fuera del país. Sin embargo, las labores de contención de salidas y una crisis económica global provocada por el boom inmobiliario contribuyó a una reducción de las llegadas para una emergencia que había desatado la histeria entre la sociedad canaria.
Después del auge temporal del uso de esta ruta durante los años 2005 a 2007, su peso en las llegadas al continente europeo había caído hasta el 0,2 % del total en 2017, con un repunte incipiente en 2018 y mayor aún el 2020, cuando con la pandemia de la COVID-19 llegaron a las Islas 23.023 personas, según los datos del Frontex. Sin embargo, en el caso de Canarias, la 'crisis de los cayucos' generó un aprendizaje en el desarrollo de políticas de control y acogida implementadas, porque la expansión y contracción flexible de las capacidades de acogida requiere retener el aprendizaje operativo de los episodios anteriores, para que los protocolos, el personal especializado, las infraestructuras y los servicios relacionados se puedan activar en poco tiempo.
Sin embargo, durante los dos últimos años el reputen incipiente de las llegadas ha vuelto a disparar las voces de alarma que alertan de la incapacidad de gestionar el número de arribos. Y es que el drástico aumento de llegadas unido a la falta de previsión y preparación del sistema de acogida en Canarias, ha provocado una vulneración reiterada de la legalidad, falta de asistencia letrada a personas migrantes y una insuficiente capacidad de identificación y atención a colectivos en situación de extrema vulnerabilidad que merecen especial protección y cuidado, como niños que viajan solos.
Al mismo tiempo, se ha normalizado un trato inhumano a las personas migrantes, viéndose obligadas miles de ellas a permanecer durante semanas -en algunos casos meses- en situaciones de absoluta privación de servicios básicos y condiciones de vida digna: durmiendo sobre el suelo o esterillas, sin un techo bajo el que cobijarse, hacinadas en espacios mínimos y con acceso restringido a aseos o baños.
Las soluciones siguen sin llegar ante un problema "estructural"
Las autoridades españolas sigue sin garantizar a las personas migrantes llegadas a Canarias ni condiciones adecuadas de acogida, ni acceso a un procedimiento de asilo justo y eficiente. Un escenario con numerosos obstáculos para los migrantes que llegan a las Islas, que además se encuentran sin protección internacional, sin protocolos para la identificación y protección de personas vulnerables además de con unos servicios de acogida para niños y niñas no acompañados "colapsados" y sin apenas colaboración ni apoyo de otras comunidades.
Ante todos estos condicionantes y siendo el territorio insular un espacio limitado y al borde de su capacidad alojativa, desde el pasado año el Gobierno de Canarias pide la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería para la distribución de los menores migrantes a otras comunidades, ante un escenario que ya han expresado todas las instituciones del Archipiélago como "crítico", para una ruta que entre enero y mayo de 2024 se ha cobrado 4.808 vidas, lo que equivale a casi 32 muertes diarias, según Caminando Fronteras.
Cerca de 5.000 muertes en el océano y más de 6.500 el pasado año
Cifras aterradoras y que hacen presagiar que, si nada lo remedia, se superarán este 2024 los índices de fallecimientos en el mar que se dieron en 2023, donde murieron 6.618 personas cuando intentaban llegar a las costas españolas, -la cifra más alta desde que se tienen registros- en las más de 610 embarcaciones arribadas en el Archipiélago y eso, sin contar las 84 que desaparecieron con todas las personas a bordo.
En 2023 murieron 6.618 personas intentando alcanzar las costas españolas en precarias embarcaciones
Y es que hay quienes navegan desde las playas de Tan-tan y Tarfaya, mientras que otros se embarcan en una travesía continental desde Mauritania, Senegal o incluso Gambia. Las comunidades en movimiento abordan un océano con mayores peligros donde el riesgo de perder el rumbo, las dificultades meteorológicas y las largas travesías son peligros presentes, a los que se suman los insuficientes recursos de búsqueda de embarcaciones en situación de riesgo. Y es que quienes toman esta ruta migratoria no se enfrentan a una valla de 10 metros, sino a un 'muro' de más de 100 km de océano Atlántico que se traga cada año muchas vidas.
