ASCAV explota: "Desde octubre se han dado de alta más de 20.000 nuevas viviendas vacacionales"
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional responde tras la presentación el pasado viernes del anteproyecto de ley que regulará el sector
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV desmiente tajantemente que la Consejería de Turismo del PP vaya a mantener el statu quo de los pequeños propietarios de viviendas vacacionales del archipiélago; antes bien, afirma que se ha tejido un entramado en la norma que excluirá a la mayor parte de pequeños propietarios del archipiélago.
La asociación indica que "solo los propietarios que además sean explotadores de sus inmuebles podrán optar a una consolidación (que como veremos, no es tal), cuando el propio Gobierno de Canarias es conocedor de que la mayor parte de los propietarios ceden sus viviendas a empresas gestoras especializadas (todos ellos quedarán fuera)".
Inciden en que no se trata de una consolidación de uso propiamente dicha. "Los propietarios (que a su vez sean explotadores de su propia vivienda) tendrán que pasar "un nuevo examen" aportando más documentación y sometiéndose a un control por parte del Ayuntamiento y del Cabildo, que deberán dar el "sí" vinculante. No se trata de consolidación alguna, sino de una nueva auténtica licencia que deberán obtener", observan desde ASCAV.
Además, añaden que "todos los propietarios de apartamentos, bungalós y similares (casi un 60% de las viviendas vacacionales actuales) quedarán automáticamente expulsadas del alquiler vacacional. Si este es tu caso, puedes ir colgando el cartel de "cerrado"".
"Aún consiguiendo la consolidación, no podrán traspasar su vivienda vacacional ni siquiera a sus hijos o descendientes en caso de fallecimiento, los cuales perderán el uso turístico automáticamente: una auténtica expropiación del título habilitante de la vivienda vacacional".
Según indica ASCAV, la Consejería de Turismo del PP "ha establecido que Ayuntamientos y Cabildos disponen de 8 y 6 meses, respectivamente, para examinar todas las declaraciones responsables de las viviendas radicadas en sus términos territoriales, para ir eliminándolas inexorablemente por la imposibilidad de obtener la actividad clasificada como vivienda vacacional. Para más inri, ese gasto será sufragado por los mismos propietarios mediante el pago de una tasa. La Administración podrá concertar acuerdos con los Registradores de la Propiedad para que actúen como colaboradores en esa gestión".
Y aportan datos: "desde el mes de octubre de 2023 han creado un auténtico "efecto llamada" (como incluso ha reconocido el Consejo Económico y Social en su informe sobre el Anteproyecto) para justificar una norma tan restrictiva. En octubre de 2023 (cuando la Consejería anunció la norma) tras 8 años de vigencia del Reglamento de viviendas vacacionales se habían dado de alta en Canarias algo más de 40.000 viviendas vacacionales. Desde octubre (en 10 meses desde el anuncio del nuevo texto) se han dado de alta más de 20.000. ¿Todavía alguien duda que la propia Consejería es la responsable del incremento? ¿Alguien con dos dedos de frente aún duda que a la propia Consejería le interesa este brutal aumento por ellos fomentado para disponer de una razón de peso que justifique su atropello para con las viviendas vacacionales de Canarias?".
Finalmente, concluyen que "es rotundamente incierto que se haya "flexibilizado el texto". Sólo un ejemplo. Los que pierdan su declaración responsable de VV quedarán excluidos automáticamente durante 3 años. 3 años en los que no podrán ganarse la vida. ¿Acaso quiere la Sra. Consejera que le demos las gracias por prohibirnos ganarnos la vida durante ese tiempo por haberlo bajado de 10 a 3?".
