Comienza el curso político con muchas incógnitas
La primera administración pública en ponerse en marcha será el propio Ejecutivo autonómico con un Consejo de Gobierno
Comienza la cuenta atrás para la 'vuelta al cole' y, con ella, arranca también la actividad política tras pasar el mes de agosto de vacaciones. Mientras que los estudiantes de las Islas volverán a la cotidianidad de aquí a la primera quincena de septiembre, la política canaria se adelanta al calendario, pues arrancará su agenda este mismo lunes. La primera administración pública en ponerse en marcha será el propio Ejecutivo autonómico, con la celebración de un Consejo de Gobierno para poner sobre la mesa las principales conclusiones del encuentro entre el líder del Estado, Pedro Sánchez, y su homólogo en el Archipiélago, Fernando Clavijo.
Por su parte, la Cámara regional comenzará a funcionar de nuevo el martes 3 de septiembre, dando paso a la celebración de casi una veintena de plenos, diecinueve Mesas, diez juntas de portavoces y cerca de noventa comisiones parlamentarias. En ellas, las formaciones políticas intentarán dar respuesta a los principales retos que sigue enfrentando la comunidad autónoma de aquí a finalizar el presente ejercicio 2024, es decir, en cuatro meses. Pero, ¿cuáles serán los asuntos pendientes que marcarán estos encuentros en el seno del Gobierno y del Parlamento canario?
El principal asunto al que Canarias deberá encontrar una solución de inmediato es la crisis migratoria. Y es que, mientras el Gobierno autonómico y el central continúa en un 'tira y afloja' de responsabilidades sobre esta problemática, el Archipiélago en un momento de máxima tensión.
Desde el pasado 15 de agosto han llegado a las costas regionales cerca de 22.304 personas en 340 embarcaciones, un 126 % más que en el mismo periodo de 2023. Además, a día de hoy, 5.200 menores migrantes viven bajo la tutela del Ejecutivo canario, que ha tenido que multiplicar casi por tres (de 36 a 81) las instalaciones con los que cuenta para atender a los niños y niñas no acompañadas.
Un escenario que se ha agravado aún más después que el Congreso de los Diputados tumbara –con el voto en contra del PP, Vox y Junts–, la reforma de la Ley de Extranjería que obligaba a acoger menores migrantes entre las distintas comunidades autónomas. De esta forma, el presidente de las Islas, Fernando Clavijo, y diversos consejeros se han visto obligados a rogado en cuantiosas ocasiones que el resto del Estado se involucre en la derivación de los menores migrantes a otras autonomías.
En materia económica, cabe recordar que la Agenda Canaria continúa ‘en el aire’. Tras el rechazo al techo de gasto –de nuevo, con el voto en contra de Junts, PP y Vox– el Archipiélago se queda sin partidas presupuestarias de cara al próximo año 2025. La comunidad autónoma también sigue sin noticias, por el momento, del incremento del 3,2 % para el siguiente ejercicio que ha solicitado al Estado.
Y es que, sin esa subida, las Islas perderán casi 300 millones de euros, teniendo en cuenta que el sistema de financiación estimaba 56,2 millones de euros para el presente 2024 -en el que no se ha contado con presupuestos estatales-, 117,5 millones de euros para el próximo ejercicio y 122,8 millones para el año 2026.
Por ende, el tan ansiado nuevo modelo de financiación autonómica que garantice suficiencia financiera para servicios públicos básicos, se verá truncado si el Gobierno central no logra dichas cuentas. Asimismo, en este escenario, la bonificación del 60 % del IRPF para los ciudadanos residentes en La Palma también se encuentra amenazada. Así, numerosas infraestructuras relevantes para el Archipiélago —especialmente para costas, obras hidráulicas, carreteras, vivienda, infraestructuras turísticas o educación, entre otras— se encuentran en 'jaque mate'.
Las construcciones, que fueron firmadas en 2018 a través de un protocolo, programaba 1.200 millones de euros a entregar en doce años a razón de 350 millones de euros por ejercicio, teniendo que firmar tres convenios de cuatro años de duración cada uno. El convenio de carreteras —uno de los que más desencuentros ha generado entre el Gobierno de España y el de Canarias—, establecía 230 millones de euros para el territorio regional en el año 2024 y 250 millones para el ejercicio 2025.
Pero aún quedan por negociar las partidas para el resto de materias. En materia social, también corre riesgo la financiación para la lucha contra la pobreza, prevista en el Régimen Económico y Fiscal, aprobado en 2018 y que establecía que, mientras los datos regionales sean superiores a la media nacional, el Estado destinaría una partida, fijada en unos 30 millones de euros.
Respecto al transporte, las cuantías para la subvención del 75 % para los vuelos entre Canarias y la península –que en las cuentas de 2023 se cifró en 825 millones de euros– y la bonificación del 100 % para las guaguas y tranvías de las Islas –que, para 2023, presupuesto prorrogado en 2024, contaba con una cuantía de 81 millones de euros pero que desde Canarias se cifraba en 141 millones–, continúan en la ‘cuerda floja’.
En la misma línea, parece que ya nadie se acuerda de la bajada impositiva, una de las medidas estrella de Partido Popular y Coalición Canaria en su pacto de Gobierno. Fue en 2023 cuando ambos partidos cerraron un programa conjunto de gobierno en el que incluyeron la medida, pero con un matiz: reducir de forma “selectiva” el IGIC dos puntos. Sin embargo, casi un año después este anuncio sigue sin concretarse y la consejera de Hacienda del Gobierno canario, Matilde Asián, posterga la reducción a cuando la economía “muestre signos de crecimiento”. Un asunto que ha generado gran revuelo, en numerosas ocasiones, en el seno de la Cámara regional; al igual que el problema de la vivienda.
Alquileres elevados, escasa oferta de inmuebles públicos, la proliferación de pisos turísticos y los bajos salarios completan una ecuación que dificulta el acceso a la vivienda para muchos canarios. Según algunos portales inmobiliarios, en las Islas se dedica un 40 % del sueldo para pagar el alquiler de un inmueble. Un dato que se agrava si se trata de jóvenes que buscan independizarse, ya que en su caso tendrían que proyectar casi el 93 % de su salario neto para poder vivir de alquiler.
Medidas urgentes para problemas estructurales
Para tratar de poner coto a este escenario, el Gobierno de Canarias ha proyectado dos acciones: el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, que promete agilizar la construcción de miles de casas –promovido por la consejería de Obras Públicas–; y la otra, la futura ley de vivienda vacacional –instaurada por la consejería de Empleo y Turismo– y que concreta poner un tope máximo a las viviendas vacacionales.
Sin embargo, aún continúan pendientes algunas medidas más explícitas solicitadas por los ciudadanos y que siguen bajo estudio del Ejecutivo autonómico, tales como: una ecotasa por pernoctaciones, un cambio profundo en el modelo turístico que empiece por la conservación de los espacios naturales, una moratoria turística y del alquiler vacacional o la regulación de la compra de vivienda por extranjeros.
La emergencia energética y el cambio climático es otro de los retos marcados en la lista de prioridades para esta legislatura. Y es que el Archipiélago continúa con una red eléctrica completamente obsoleta que requiere de una renovación urgente. Para ello, el Ejecutivo canario continuará estudiando, en los próximos meses, cómo establecer nuevos protocolos, mejores tiempos de respuesta ante posibles apagones y la examinando de nuevas líneas de acción, así como posibles ubicaciones de grupos electrógenos que den respaldo a la red.
Unas acciones extraordinarias que suponen ‘un parche’ a un gran problema. Todo, a la espera de que se termine de proyectar el concurso de concurrencia competitiva para la renovación de las centrales energéticas actuales. Por otra parte, recientemente se ha aprobado un decreto para la reforma de la ley canaria de cambio climático, con el objeto de modificar medidas para proteger la biodiversidad, el patrimonio cultural y el litoral de las Islas, así como los montes; con el objeto de instituir acciones sostenibles en materia de gestión de residuos y calidad del cielo.
En materia sanitaria, el Gobierno de Canarias sigue trabajando para lograr reducir aún más las listas de espera, algo que parece que ha conseguido avanzar en este primer año de legislatura. En total, en la legislatura anterior la lista de espera quirúrgica aumentó un 46 % Actualmente, hay en el Archipiélago 33.751 personas en lista de espera quirúrgica y la demora para una operación se sitúa en 146,5 días, un indicador que estaba en constante aumento tras los 153 días que registraba en junio de 2023 y los 156,7 días de diciembre de 2022; siendo en ambos periodos, la región con mayor días de demora de España.
Respecto a educación, el Ejecutivo autonómico tiene como objetivo desde el comienzo de la legislatura el descenso progresivo de los ratios en las distintas etapas y niveles de los centros educativos. La propuesta que ahora contempla la consejería proyecta que, a partir del curso 2024/2025, en centros con más de ocho unidades, el Gobierno de Canarias bajaría la ratio máxima en cuarto de Educación Infantil y primero de Secundaria Obligatoria (ESO), suprimiría los denominados grupos mezcla o mixtos en el segundo ciclo de Primaria y reduciría las ratios de distintas especialidades docentes para una mejor atención a la diversidad.
En la misma línea, continúa en desarrollo la medida estrella en esta materia de la administración pública: la implantación de la educación de cero a tres años en las Islas. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias prevé abrir durante el curso 2024/2025 unas 839 plazas más del ciclo de 0 a 3 años en el archipiélago, para alcanzar un total de 2.644.
Estas 589 plazas con las que se prevé contar para las primeras semanas del curso que está por comenzar se sumarían a las otras 1.217 que ya están en funcionamiento en todas las islas, de las cuales 597 fueron abiertas en el año escolar 2022/23 y las otras 620 durante la actual legislatura de CC y PP al frente del Gobierno canario.
Sin embargo, el avance o no de esta medida dependerá de cómo se desarrollen tanto las licitaciones que se están tramitando como la ejecución de las obras y cómo se comporten las empresas adjudicatarias, tal y como advirtió la propia Consejería de Educación.
A esto se suma la problemática, aún sin resolver, del aumento de las plantillas docentes de los centros públicos de Canarias. Estas crecieron los cuatro cursos de la legislatura anterior en 3.867 efectivos, a un ritmo de 967 por curso, frente a los 387 del curso 2023-24 que representan apenas un tercio en anteriores años.
Un escenario que provoca una grave ralentización como consecuencia del retroceso sufrido en el presupuesto de educación de Canarias, que ha pasado del 4,63 % del PIB en 2023 al 4,20 % en 2024, incumpliendo lo establecido en la Ley Canaria de Educación que fija que a partir de 2022 este debería situarse como mínimo en el 5 % del producto interior bruto.
