El debate sobre las restricciones a la compra de vivienda por extranjeros sigue abierto
Un tema complejo que implica consideraciones legales y políticas significativas
El acelerado crecimiento demográfico en Canarias, especialmente en islas como Fuerteventura, ha generado un intenso debate sobre la necesidad de implementar medidas que regulen la adquisición de viviendas por parte de extranjeros, incluidos ciudadanos de la Unión Europea (UE) que no residen en las islas. Este debate ha evidenciado divergencias significativas entre los socios del Gobierno de Canarias: mientras que Coalición Canaria (CC) se muestra favorable a estas restricciones, el Partido Popular (PP) se opone firmemente.
En febrero de 2025, la comisión del Parlamento de Canarias dedicada al reto demográfico propuso regular la residencia en las islas para controlar el crecimiento poblacional. El informe destaca que el 10% de la población se concentra en menos del 2% del territorio canario, donde también se ubica el 92% de las plazas hoteleras y el 46% de las viviendas vacacionales. La propuesta busca equilibrar la distribución poblacional y mitigar la presión sobre áreas específicas.
Fuerteventura, con más de 6.300 viviendas vacacionales, enfrenta un debate sobre la regulación de este tipo de alojamientos. Mientras los propietarios defienden su contribución económica, las autoridades abogan por establecer límites para evitar una proliferación descontrolada que afecte la disponibilidad de viviendas para residentes permanentes.
La implementación de una ley de residencia en Canarias enfrenta desafíos legales debido al principio de libre circulación de personas dentro de la Unión Europea. Este principio permite a los ciudadanos de la UE residir y trabajar en cualquier Estado miembro sin restricciones significativas.
Posiciones divergentes en el Gobierno de Canarias
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de CC, ha manifestado su preocupación por el crecimiento turístico y demográfico en las islas. En una entrevista reciente, Clavijo señaló que Canarias no debería superar los 18 millones de turistas anuales, indicando que el aumento desmedido está generando incomodidad entre los residentes. Además, destacó la necesidad de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros, ya que la población ha crecido significativamente, ejerciendo presión sobre los recursos y servicios locales.
Por otro lado, el PP ha expresado su desacuerdo con estas medidas. El diputado Carlos Ester afirmó que el turismo no es el culpable de las emergencias habitacionales, hídricas, energéticas y migratorias que enfrenta Canarias, sino que atribuye estos problemas a años de inacción gubernamental. Esta postura refleja la resistencia del PP a implementar restricciones que puedan afectar al sector turístico y a la inversión extranjera en el mercado inmobiliario.
Contexto actual en el estado español
En el estado español, actualmente no existen restricciones que impidan a ciudadanos extranjeros, ya sean de la UE o de fuera de ella, adquirir propiedades inmobiliarias. Esta política ha facilitado que inversores extranjeros participen activamente en el mercado inmobiliario español.
El Gobierno español ha manifestado recientemente su intención de abordar la creciente crisis de vivienda mediante la implementación de medidas más estrictas. Entre las propuestas se incluye la posibilidad de aplicar un impuesto de hasta el 100% sobre las propiedades adquiridas por personas que no sean ciudadanos ni residentes de la UE.
Precedentes en otros países europeos
Algunos países europeos han establecido restricciones a la compra de propiedades por parte de extranjeros, por ejemplo:
Dinamarca: Impone restricciones a la compra de propiedades por parte de extranjeros, requiriendo que los compradores tengan una residencia permanente en el país o que hayan vivido en Dinamarca durante al menos cinco años.
Malta: Establece límites a la adquisición de inmuebles por parte de no residentes, especialmente en áreas designadas, para evitar la especulación inmobiliaria y proteger el mercado local.
Además, existen otros casos en Europa donde se han aplicado restricciones residenciales en regiones específicas. Por ejemplo, en algunas zonas de los Países Bajos y Austria, también se han implementado este tipo de medidas para limitar la compra de propiedades por parte de no residentes.
Consideraciones legales en el ámbito de la UE
La implementación de restricciones a la compra de viviendas por parte de ciudadanos de la UE que no sean residentes en Canarias enfrenta desafíos legales debido al principio de libre circulación de personas y capitales consagrado en los tratados de la UE. Este principio permite a los ciudadanos de la UE adquirir propiedades en cualquier Estado miembro sin restricciones significativas.
No obstante, existen excepciones que permiten a los Estados miembros imponer restricciones justificadas por razones de interés público, como garantizar de acceso a la vivienda para los residentes. Estas restricciones deben ser proporcionales y no discriminatorias.
Cualquier medida de este tipo requeriría la aprobación del Gobierno central y tendría que alinearse con la legislación nacional y comunitaria. La implementación de restricciones específicas en regiones autónomas como Canarias podría ser objeto de escrutinio por parte de las instituciones de la UE para garantizar su conformidad con el derecho comunitario.
Impacto demográfico y cultural en Fuerteventura
Fuerteventura ha experimentado un crecimiento poblacional notable en las últimas décadas. Se proyecta que en la próxima década la población de la isla aumentará un 45%, alcanzando aproximadamente 178.000 habitantes, de los cuales cerca del 40% serán residentes extranjeros. Este incremento plantea desafíos significativos en términos de sostenibilidad, preservación cultural y equilibrio territorial.
El crecimiento descontrolado ha tenido un impacto negativo en el medio ambiente y ha generado insatisfacción social, evidenciada en protestas recientes. La dependencia excesiva del turismo, sin una diversificación económica adecuada, aumenta la vulnerabilidad de la isla ante fluctuaciones económicas y puede erosionar la identidad cultural local.
