El Dreamland pasa a la fase de información pública
Para salir adelante, el proyecto deberá pasar una evaluación ambiental ordinaria en vez de una simplificada, como corresponde a actuaciones de la misma naturaleza
El voto de calidad del presidente, junto a NC-AMF, PSOE y Podemos, da luz verde a la la tramitación del expediente como Interés Insular, que pasa a información pública, para “que todos los ciudadanos puedan opinar”
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, responsable del Área de Infraestructuras, Carreteras, Ordenación del Territorio y Gestión de Bienes, ha sido clave hoy, lunes 28 de noviembre, a través del voto de calidad que le otorga el Pleno de la Corporación al presidente, para que saliera adelante la tramitación del expediente para la declaración de Interés Insular del proyecto para la instalación de los estudios de cine en Fuerteventura, solicitado por la empresa Dreamland Studios.
Con 11 votos a favor, de los grupos políticos NC-AMF, PSOE y Podemos; y 11 votos en contra, correspondientes a los grupos de PP y CC, el avance del expediente a la siguiente fase de su tramitación propuesto por Presidencia quedaba en tablas, tras la desestimación de las enmiendas presentadas por CC y PP, por lo que ha sido necesario aplicar la doctrina del voto de calidad del presidente para, finalmente, dar conformidad al inicio de la tramitación del proyecto.
A partir de este momento, el proyecto entra en su siguiente etapa, que pasa por su publicación para información pública, de modo que sea accesible al conjunto de la ciudadanía, para ser valorado por todas las administraciones y entidades interesadas en el mismo, así como por la población en general, quienes podrán realizar sus aportaciones.
Asimismo, la propuesta habrá de superar la fase de evaluación ambiental. Una fase que, contrariamente a lo habitual para proyectos similares, que enfrentan una evaluación ambiental simplificada, en este caso se ha aprobado que cumpla con el requisito de superación de una evaluación medioambiental ordinaria.
Responde esta medida, en palabras del presidente, a “la enorme importancia que un proyecto de estas características implica para la Isla y, si sale adelante, queremos que sea porque se ha analizado exhaustivamente y se pueda asegurar que cumpla con todas las garantías de viabilidad ambiental, con el máximo rigor”.
“Es una actividad importante para Fuerteventura, que reúne los requisitos para ser considerada de Interés Insular, por su capacidad para generar nuevas oportunidades y diversificar la estructura económica, y teniendo en la mano los informes previos favorables, incluida la consideración de la consulta realizada al Órgano Ambiental, que se solicitó con el fin de tener la seguridad de que no existiera una inviabilidad ambiental de inicio en el expediente, lo que toca ahora es iniciar la tramitación”, recalcaba Sergio Lloret.
De este modo y una vez publicada la documentación en la página web del Cabildo de Fuerteventura, en su área de Ordenación del Territorio, ciudadanos, administraciones locales y entidades privadas tendrán un plazo de 30 días para aportar toda aquella documentación y consideraciones que consideren oportunas relativas al proyecto.
Con esta resolución la Corporación Insular cumple, a ojos del presidente Sergio Lloret, con su “responsabilidad” de dar luz verde “para que se inicien los trámites del expediente, para que entre en su fase de información pública, con el fin de que ciudadanos e instituciones puedan aportar sus consideraciones al proyecto”. Quiso, en este punto, Sergio Lloret, hacer un “llamamiento a la responsabilidad, que pasa por someter el proyecto a la opinión de la ciudadanía, sin poner vetos, escuchando y considerando todas las opiniones de cara a hacer lo mejor para Fuerteventura”.
Del “no” al “sí pero” en las enmiendas de CC y PP
Previamente a lograr la aprobación para avanzar en su tramitación, el expediente tuvo que enfrentarse a la votación de las enmiendas presentadas por Coalición Canaria y Partido Popular.
La primera de ellas, la llevada a votación por parte del Grupo Coalición Canaria, planteaba la completa desestimación de la consideración de Interés Insular para el proyecto y, por lo tanto, la culminación en el día de hoy de cualquier trámite adicional al expediente. Con el voto en contra de AMF-NC, PSOE y Podemos, la propuesta de CC fue desestimada, pese a contar con el voto favorable del Partido Popular.
Este, por su parte y pese a haber votado a favor de la total desestimación del proyecto y su consideración de Interés Insular, presentó otra enmienda, votada a continuación, en la que mantenía un punto de vista favorable a la actividad propuesta por el proyecto y a su interés para la isla de Fuerteventura, considerando que la aprobación del inicio de su tramitación debía condicionarse a un cambio de ubicación. Enmienda que, finalmente, fue también desestimada, en este caso con el voto favorable de CC, pese a la votación previa del Grupo que sostenía la desestimación absoluta del proyecto.
La mayoría cualificada por el voto de calidad del presidente hizo decaer ambas propuestas, resultando en la aprobación para el inicio de los trámites administrativos.
Recordaba Lloret que, en la valoración de este proyecto en el pleno en enero de 2021, existió “una postura prácticamente unánime, de los grupos presentes en la sesión, de entender como positiva la actividad empresarial vinculada con la producción audiovisual, de cara a la diversificación de la estructura económica de Fuerteventura”. Esta postura favorable al contenido sustancial del expediente motivó que la propuesta no fuera denegada, sino que, en su lugar, “se dejara sobre la mesa”, ante las dudas generadas en aquel momento en cuanto a las alternativas de ubicación del mismo y su posible impacto medioambiental.
Un “Sí” no vinculante
Del mismo modo, quiso aclarar Lloret durante la sesión que el visto bueno concedido hoy al inicio del trámite “no quiere decir que el proyecto vaya a salir adelante, ni que tenga o vaya a conseguir una declaración de impacto ambiental favorable o que la declaración pueda tener incluso un montón de condicionantes”, apuntó. Señalando además que, “el voto de hoy es únicamente acerca del inicio de la tramitación, por lo que no impide que, según avance ese proceso, haya motivos que justifiquen un cambio en la dirección del voto”.
De este modo, el presidente Sergio Lloret ha recordado que “la ley establece que las decisiones que se adopten en el Pleno tienen que estar motivadas, no pueden ser arbitrarias”. Insistiendo en que, como representantes públicos, los miembros de la Corporación “tenemos que proceder atendiendo a los informes y pensando en lo que es bueno para Fuerteventura”.
En este sentido, Sergio Lloret no tiene “ninguna duda al respecto de la conveniencia para la Isla en la implantación de un proyecto de estas características”, por lo que el presidente ha considerado que “hay que permitir que el resto de la ciudadanía pueda tener acceso y opinar sobre el proyecto”, recalcó.
“En absoluto está en el Parque Natural”
Tal y como relató el propio presidente, a partir de la decisión tomada por el pleno de enero del pasado año de dejar el expediente sobre la mesa, la responsabilidad sobre el mismo recayó en el Área de Ordenación del Territorio, que dirige Lloret, desde la cual se solicitó al Órgano Ambiental de la Corporación Insular una consulta previa respecto del contenido del proyecto para comprobar su viabilidad.
La respuesta de esta se planteó en el sentido ya transmitido en aquel pleno: el de la necesidad de aportación de alternativas de ubicación dentro de la Isla de Fuerteventura, así como la resolución de conflictos básicos detectados a la hora de conectar la instalación prevista con servicios básicos y generales, como la energía eléctrica, los accesos terrestres o el abastecimiento de agua, entre otros.
Sin embargo, aclara Lloret, “el Órgano no puso objeción alguna en cuanto a la ubicación inicial. Si hubiese algún tipo de inviabilidad absoluta en cuanto al emplazamiento, el Órgano Ambiental se habría pronunciado en este sentido y no fue el caso”.
El proyecto, quiso enfatizar el presidente, “en absoluto está en el Parque Natural de las Dunas, ni en ninguno de los suelos de protección ambiental vigentes. Si se hubiera dado alguna de esas circunstancias no sería posible tramitar este expediente ni someterlo a la consideración del suelo”.
Por el contrario, y según relató Lloret durante la sesión plenaria, “el expediente cuenta a día de hoy con el aval de ser inicialmente viable a ojos del Órgano Ambiental, ya que, la localización propuesta no está ubicada en ningún espacio natural protegido, ni de la Red Natura 2.000, ni en ninguno de los suelos de la Red Insular de Espacios Protegidos vigente”.
Declaraciones con las que el regidor Insular quiso aclarar y poner fin a los rumores y manifestaciones generadas en torno a la ubicación de este proyecto que, añadió, “ni siquiera podemos afirmar si será definitivamente en el emplazamiento inicial planteado o si, a lo largo de la tramitación, se considerará que debe ser en algún otro”.
El estudio ambiental analiza cinco localizaciones
Tal y como explicó el presidente, una vez trasladadas a la empresa promotora las consideraciones realizadas por el Órgano Ambiental Insular, ésta remitió a la Corporación de Fuerteventura un nuevo documento complementario que venía a resolver dichas consideraciones, analizando un total de cinco emplazamientos posibles para las instalaciones.
Además de la localización inicial propuesta, localizada en la zona de los Risquetes, en el municipio de La Oliva, el estudio ambiental aportado por la empresa toma en consideración dos opciones alternativas en dicho municipio, evaluando un suelo ubicado en la zona oeste de Corralejo y otro en el entorno de Parque Holandés; además de considerar un suelo localizado entre Nuevo Horizonte y El Castillo, en el municipio de Antigua, y otro en Matas Blancas, en el municipio de Pájara.
Resueltas además las cuestiones planteadas por los órganos insulares en cuanto al planeamiento de las opciones de conectividad de accesos y servicios, daba así cumplimiento la promotora con los requerimientos establecidos por parte del Órgano Ambiental y los técnicos de la Corporación para avanzar en la tramitación del reconocimiento del proyecto como de Interés Insular.
Asimismo, el presidente quiso hacer hincapié en la incapacidad por parte de promotores privados de “proponer cualquier emplazamiento para la materialización de un proyecto, por mucho que la consideración sea de Interés Insular. A diferencia de aquellos ejecutados directamente por las administraciones públicas, las entidades privadas han de contar con la propiedad o algún tipo de derecho sobre el suelo incluido en la propuesta”, precisó.
Resueltos los requerimientos técnicos solicitados para dar viabilidad al inicio de la tramitación del proyecto y tras la aprobación de la consideración de Interés Insular en la sesión plenaria de hoy, el proyecto habrá de pasar el trámite completo de valoración medioambiental, además del de información pública.
Capital Energy ha presentado cuatro proyectos de energía eólica flotante para las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote
La empresa energética Capital Energy ha presentado al Ministerio para la Transición Ecológica dos nuevas propuestas de parques eólicos marinos para generar energía eólica offshore en aguas canarias. Los parques Mencey, en Tenerife, y Timanfaya, en Lanzarote, se suman a los otros dos proyectos que la empresa ha presentado al ministerio para su tramitación ambiental, con la intención de ser el primer proyecto de esta tecnología en Canarias.
En total Capital Energy ha presentado cuatro proyectos para su estudio ambiental, que se suman a los otros 21 parques de hasta 12 empresas energéticas que han presentado propuestas para su análisis. Todas están a la espera de que se pongan en marcha los tres mecanismos que permitirán el desarrollo de la eólica offshore en España: la regulación por la que se regirán los parques, los Planes de ordenación del espacio marítimo y la subasta energética. Aunque fuentes del sector descartan que todos los proyectos presentados gocen de viabilidad para desarrollarse y aseguran que inician la tramitación ambiental para pulir los matices de la iniciativa.
A la espera del despliegue
Sea como sea, las Islas Canarias tienen todas las papeletas para ser el punto de partida de la energía eólica flotante, así se recoge en la hoja de ruta del Gobierno de España para el despliegue de esta tecnología. Se calcula que la primera subasta, que se ha anunciado, que se publicará los primeros meses de 2023, sea de entre 1 y 3 gigavatios de los que unos 200 megavatios (MW) serían para las islas, según estiman las mismas fuentes.
Capital Energy cuenta con al menos unos de sus proyectos que entrarían dentro de este cálculo. Se trata de Maresía, el parque eólico marino con mayor potencia presentado a tramitación ambiental. La propuesta alcanza los 255 megavatios y se instalaría a unos 10 kilómetros de la costa sureste de Gran Canaria.
Por su parte, los nuevos parques propuestos tienen una potencia menor. En Tenerife se instalaría Mencey, de 150 megavatios a unos 2,5 kilómetros de la costa. Por el momento no se puede acceder a toda la información del proyecto, pero desde Capital Energy han informado a Atlántico Hoy que con el proyecto se prevé una inversión de 500 millones de euros.
En Lanzarote la propuesta es Timanfaya un parque eólico flotante de 50 megavatios a una distancia de 2 kilómetros de la costa para el que la empresa calcula una inversión de 200 millones de euros. Timanfaya se convierte en el segundo parque eólico marino propuesto en aguas de Lanzarote; la empresa EDP Renovables también presentó el Parque Eólico Marino Lanzarote de 50 MW en aguas lanzaroteñas.
El cuarto parque que la empresa ha propuesto se sitúa en el puerto de Granadilla, también en Tenerife. Este proyecto se desarrolla en conjunto con la empresa Blue Float Energy y propone generar 50 MW en las aguas del puerto, para ello han calculado la inversión de 120 millones de euros.
