El gobierno español lanza un plan de acción para “explorar tierras raras”
La situación geopolítica mundial podría volver a colocar el debate en el disparadero
La negativa de Fuerteventura en relación a la explotación de la minería de Tierras Raras y la posición posterior del Parlamento de Canarias parece blindar la posibilidad de que se instale este tipo de minería en la isla, pero los acontecimientos son tozudos y el mundo y la geopolítica giran a velocidad de vértigo.
En ese sentido, el gobierno español plantea este martes movimientos en la pelea mundial por los minerales críticos que enfrenta a China, Estados Unidos y Europa.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado un plan de acción con 38 medidas para resucitar la minería y promover desde el Estado la exploración de aquellos minerales presentes en nuestro país que figuren entre las 34 materias primas que Bruselas ha calificado como "fundamentales".
El plan es ambicioso, de hecho, fuentes ministeriales indican que no hay precedentes de una iniciativa igual a nivel nacional desde el inicio de la democracia. “El problema es que ni cuenta con un presupuesto claro ni depende enteramente del Gobierno, pues las competencias en materia minera están transferidas a las autonomías”, afirma el diario El Mundo.
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El paquete de medidas, que hoy arranca su trámite de audiencia pública, cubre el periodo 2025-2029. Es, por tanto, el primer paso de la Hoja de Ruta de la gestión sostenible de materias primas minerales, un documento que el Ejecutivo aprobó en 2022 y cuyo desarrollo quedó en standby a la espera de conocer el citado reglamento de Bruselas. Una vez conocido el marco europeo, el ministerio ha vuelto a la carga.
El reciente plan de acción, que previsiblemente estará operativo a finales de mayo, se enfrenta a una segunda incógnita: las CCAA. Son estas las encargadas de tramitar los proyectos mineros que se plantean en sus territorios y, por tanto, las que marcan los plazos. También son los gobiernos regionales los que, eventualmente, pueden frenar a los promotores.
Es en este punto donde el Gobierno de Canarias podría paralizar los permisos que solicitaba SATOCAN para la investigación, que hay que recordar son lícitos en relación al marco legal y que no se ha encontrado encaje jurídico para paralizarlos sin que el gobierno se vea sometido a posibles indemnizaciones multimillonarias. Hay que recordar que los permisos siguen "vivos" desde el punto de vista administrativo, ya que las declaraciones de los representantes políticos no dejan de ser "intenciones", nada está sobre el papel ahora mismo, salvo las solicitudes de la empresa.
En el plan del ministerio se deja claro que "en cualquier lugar donde existan indicios de materias primas estratégicas, el Gobierno podrá imponer sondeos y, si las autoridades autonómicas o locales ofrecen resistencia, bastará con alegar el interés estratégico para el país".
"Los recursos mineros son bienes de recurso público estatal», afirman desde el ministerio, donde recuerdan que la normativa nacional ya prevé la figura de reserva a favor del Estado", otra herramienta con la que contaría el Gobierno en caso de choque.
Fuentes del ministerio trasladan, además, que muchos de los proyectos mineros planteados en España ya se están dirigiendo a Europa. "Si las autoridades comunitarias los califican de estratégicos, las autonomías estarían obligadas a tramitarlos de forma preferente", puntualizan. Es decir, a decidir los permisos pertinentes en un plazo de 27 meses. Por ahora, solo las iniciativas que sean elegidas por Bruselas contarán con este trato preferente.
