El PP de Fuerteventura pide en el cabildo derogar la ley estatal de vivienda
La ocupación ilegal de vivienda afectó el año pasado a 663 casas canarias, un 0,06% del total, casi 1,1 millones de pisos
El Grupo Popular en el Cabildo de Fuerteventura afirma que llevará a cabo una moción para abordar “la creciente problemática de la ocupación ilegal de viviendas en Canarias, un fenómeno que ha crecido de forma alarmante durante los últimos años, especialmente desde que Pedro Sánchez asumiera la presidencia del Gobierno”.
En palabras de Claudio Gutiérrez, portavoz del Grupo Popular, "la ocupación de viviendas es un problema que no deja de crecer en todo el país, afectando también de manera directa e indirecta a miles de canarios".
Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, entre 2018 y 2024, más de 4.000 viviendas han sido ocupadas en Canarias, un incremento del 76% en comparación con los siete años de Gobierno de Mariano Rajoy. En lo que va de 2024, el número de ocupaciones se ha elevado a 663 casos, lo que implica que, en promedio, cada mes se ocupan 55 viviendas en las Islas.
No es menos cierto que estos datos entran en contexto cuando en Canarias se desahucian al triple de viviendas en el mismo periodo de tiempo, con políticas de vivienda social inexistentes en los últimos 20 años en las islas.
El Grupo Popular, "ante esta alarmante situación", ha presentado varias propuestas para enfrentar este problema. En primer lugar, han "instado al Gobierno de España a derogar la ley actual de vivienda", que según el PP, "fomenta la ocupación ilegal y pone en peligro la convivencia vecinal". Además, el Grupo Popular solicita al Congreso de los Diputados "que desbloquee la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal, conocida como la Ley Antiocupación, que permitiría un desalojo en un plazo de 24 horas", afirman.
"Es urgente que el Gobierno de Sánchez y sus aliados en el Congreso tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger la propiedad privada", afirmó Gutiérrez. "El marco legal actual deja a los propietarios en una situación de indefensión absoluta, ya que los desalojos tardan una media de 23,5 meses en Canarias", añadió.
Además, el Grupo Popular ha solicitado la creación de juzgados especializados en ocupación e inquiocupación para acelerar los procesos de desalojo y garantizar una respuesta más rápida a este creciente problema.
