El precio medio de un piso pasa de 105.000 a 230.000 euros en 10 años en Canarias
Un incremento que supone que el valor del m² de un inmueble de compra en el Archipiélago se establezca en 2.869 euros
El acceso a una vivienda sigue causando estragos en el Archipiélago. El escenario en Canarias sobre los inmuebles tanto de alquiler como de compra son un problema de mucho calado y de difícil análisis, fundamentalmente porque operan muchos agentes -y de infinidad de lugares e interés contrapuestos- que hacen de las casas un bien de comercio y explotación capitalista, generando grandes beneficios.
La escasa construcción de vivienda pública desde el año 2008 se suma el constante aumento de la población que está experimentado el Archipiélago en los últimos 20 años, a la especulación con la vivienda y a la turistificación. Según los últimos datos, en las Islas viven casi 2,5 millones de personas, 430.000 más que en 2024. Sin embargo, con el transcurso del nuevo curso, los desafíos continúan siendo muy similares, hacer vivienda y controlar los precios de inmuebles que no paran de aumentar su precio. Según el análisis de 'Variación acumulativa de la vivienda en España en 2025', el coste medio de un piso de 80 metros cuadrados en Canarias ha subido de 105.000 euros a 230.000 en diez años, lo que supone un incremento de un 121 %.
Baleares y Canarias son las dos comunidades autónomas donde más ha subido el precio de la vivienda. Un incremento que ha supuesto que el valor del metro cuadrado de un inmueble de compra en el Archipiélago se establezca en febrero de este ejercicio en 2.869 euros, un 60 % por encima del que se registró hace justo 20 años, a inicios de 2005, durante la burbuja inmobiliaria en España. Así, los precios actuales en el mercado canario se encuentran en el 58 % más altos que hace 15 años. Sin embargo, en un periodo de tiempo más reciente, las valoraciones actuales del mercado inmobiliario son un 61 % más altas que en 2020, y están un 12 % más caras que hace un curso.
Por comunidades autónomas todas han notado un incremento de precios, con notables diferencias. Baleares (+176 %), Canarias (+121 %) y Madrid (+106 %) han proyectado aumentos de costes por encima del 100 % en los últimos diez ejercicios, mientras otras regiones como Castilla-La Mancha (+8,5 %), Castilla y León (+8,8 %) o Extremadura (+9,0 %) experimentan crecimientos más sostenidos.
La situación del mercado inmobiliario en España ha alcanzado un punto de no retorno, donde los jóvenes se ven completamente asfixiados por los costos de pagar una vivienda o un alquiler. Los canarios destinaron el pasado año una media de 9,2 años de su salario al costo de una vivienda frente a los 8,1 del ejercicio anterior. Así lo releva el estudio 'Relación de salarios y la compra de vivienda en 2024', también de Fotocasa. Este fenómeno, lejos de ser un caso aislado, refleja una crisis estructural que amenaza con destrozar la ya precaria estabilidad de miles de personas jóvenes.
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El hecho de que el alquiler se coma la totalidad del salario es una bofetada a las promesas de progreso y equidad. La juventud, en lugar de ser motor de cambio y renovación en la sociedad, se encuentra atrapada en un ciclo de pobreza.
El problema radica en la desconexión total entre salarios y los precios de las viviendas, tanto de alquiler como de compra. Según el último estudio del 'Observatorio de la Emancipación del Consejo de Juventud del alquiler', los jóvenes canarios están entre los que menos cobran del país, con una media de 834,21 euros netos, frente a los 1.248 euros en Madrid, mientras que el alquiler medio se sitúa en los 800 euros. Esto no solo es un desajuste, es una emergencia social. La idea de que un joven deba destinar casi el 100 % de su salario para tener un lugar donde dormir es inaceptable y revela la necesidad de gestionar un problema que se agrava día a día.
En este plano, Baleares, Madrid y Canarias vuelven a presentar el escenario más devastador. La situación es tan crítica que, en algunos casos, ni destinando el sueldo al completo logran cubrir la renta. Esta realidad no solo impide ahorrar, sino los empuja a hacia una dependencia económica crónica; atrapados en un ciclo de precariedad sin salida al que las administraciones deberán de poner coto.
