La nueva Ley del suelo canaria favorecerá planes generales más rápidos
Entre los objetivos, el consejero Miranda ha citado la necesidad de agilizar los trámites administrativos
El consejero de Política Territorial del Gobierno autonómico, Manuel Miranda, ha presentado este miércoles el borrador para actualizar la actual ley del suelo de Canarias, aprobada en 2017, pues aunque no va a haber un «cambio de filosofía», su articulado, ha dicho, es «mejorable». Así se ha expresado el consejero en una rueda de prensa junto al director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz y la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate.
El nuevo borrador, que se espera que tras los trámites llegue al Parlamento entre julio y septiembre de este año, plantea cuestiones «que son dignas de actualizar, mejorar y clarificar» tras un proceso de escucha con administraciones, colegios profesionales y sociedad civil, según han explicado. Entre esas modificaciones se incluye, por ejemplo, un aumento del 10 al 15 % las cesiones de aprovechamiento del patrimonio público del suelo, de manera que se ampliará el porcentaje destinado a vivienda pública.
Entre los objetivos, Miranda ha citado la necesidad de agilizar los trámites administrativos y ha señalado que reducirán hasta un 40 % el contenido de los planes generales para que su tramitación sea más fácil y rápida y que los plazos se reducen al máximo permitido por la legislación estatal, limitándose las fases y simplificando las tramitaciones de los instrumentos de ordenación. Manuel Miranda ha aseverado que esas clarificaciones y simplificaciones no producirán inseguridad jurídica y que el espíritu será ordenar ‘grosso modo’, «sin entrar en la pormenorización».
«Si un plan general entra en las cosas pequeñas se dilata en el tiempo», ha esgrimido el consejero, que también ha anunciado un aumento en la cuantía de las sanciones para quien incumpla la ley, llegando a los 600.000 euros de multa para las infracciones muy graves, que contarán asimismo con un plazo más dilatado de tramitación.
«Habrá más margen temporal para combatir la indisciplina urbanística», ha resumido Miranda, que ha ahondado en que uno de los motivos para actualizar el texto legal es que hay aspectos que no se contemplaban en 2017, como la agenda urbana, la presión territorial, el reto demográfico, la crisis climática o la transición ecológica. Asimismo, el director general ha anunciado que para corregir el solapamiento entre conceptos como «plan especial» y «plan parcial» se llamará siempre «plan especial» y que, con el nuevo texto, se permitirá a los municipios cambiar la tipología de los suelos no desarrollados.
Se ha referido así, por ejemplo, a algunas zonas industriales que no fueron ejecutadas y que, si los ayuntamientos lo desean, se podrán convertir en suelo urbanizable. Sobre este aspecto, Cruz ha matizado que continúa siendo un objetivo «no consumir nuevo suelo». Asimismo, ha anunciado una nueva herramienta, similares a los planes de modernización del suelo turístico, dirigida a los suelos industriales para intentar mejorar las zonas antiguas y degradadas de manera que se puedan actualizar algunos polígonos «que en muchos casos están obsoletos».
En resumen, según Onán Cruz, se trata de racionalizar y atender a nuevos retos a través de la simplificación de los instrumentos de ordenación, dando especial peso a los pequeños instrumentos que permiten hacer modificaciones parciales y poder adaptar así a los municipios a las realidades cambiantes. Preguntando por la desaparición en 2017 de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) y si considera que aquello fue un error, lo ha negado y ha insistido en que no se está cuestionando la ley o su modelo, sino atendiendo a cuestiones que los técnicos han planteado.
«No va haber un cambio en la filosofía, la ley descentralizó el urbanismo y nosotros eso no lo vamos a cuestionar, sino que vamos a adaptarnos a los tiempos», ha expresado el consejero, que ha añadido que le preocupan especialmente los municipios de menos de 10.000 habitantes, que tendrán, ha dicho, un tratamiento especial y más ayuda tras la modificación legislativa. Por último, tanto Cruz como Miranda han señalado que el borrador contempla el favorecimiento de la actividad agraria y ganadera y las actividades económicas vinculadas al suelo rústico.
