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Puerto quiere el centro comercial

 

Las autoridades luchan por la integridad del edificio del Centro Comercial Las Rotondas e interpretan que es fundamental en la economía capitalina.

 

En declaraciones concedidas a este medio, el Concejal Alejo Soler, explica que la intención de la corporación capitalina es que no haya derribo de la tercera planta del centro comercial. El ayuntamiento alega que la pérdida económica sería importante para las arcas municipales, para los empresarios instalados en el centro y para la sociedad de Puerto del Rosario en general.

“El ayuntamiento, cumpliendo con los procesos judiciales, saca a licitación el proyecto de ejecución de la demolición que comprende la tercera planta del centro comercial. Estamos obligados por una ejecución de sentencia que viene desde el 2005. Lo que no quiere decir que por plantear esta licitación de proyecto o por ejecución de la sentencia finalmente se derribe”

En esta línea de trabajo los responsables municipales tratan de llegar a un entendimiento con las diferentes administraciones y los propietarios para tratar de salvar la integridad del edificio.

“Estamos trabajando conjuntamente con el servicio jurídico del ayuntamiento y del Gobierno de Canarias para intentar encontrar una solución compensatoria que evite ese derribo y solventar el exceso de edificación que es el principal problemas del centro comercial. Para ello hemos propuesto una serie de vías con los propietarios y con la comunidad autónoma y tratar de presentarlo en los juzgados y salvar ese derribo.”

El ayuntamiento se encomienda a la lucha judicial argumentando serios perjuicios económicos a las arcas municipales, a los vecinos y a la economía de la ciudad. Hay que recordar que el Consistorio capitalino pretendió en 2014 salvar la situación intentando darle cobertura legal en la revisión del PGOU y que los propietarios compensasen el exceso edificado, bien en dinero o en suelo dotacional. Sin embargo, la juez Del Rosario desestimó la petición al considerar que las pretensiones municipales supone una vulneración a la legalidad vigente.


“Aunque finalmente serán los juzgados los que tendrán que dirimir esta situación que comenzaba con un expediente en el año 2001 con otra corporación de gobierno. Desde entonces se han presentado una serie de recursos, de los cuales algunos han sido desestimados, pero otros tantos han sido admitidos por lo que la corporación va a seguir luchando por llegar a un acuerdo, ya que entendemos el derribo provocaría un grave perjuicio desde el punto de vista económico y social para los vecinos del municipio, pero también para las arcas del ayuntamiento.”

 

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