Freno al desperdicio de comida
El Gobierno tratará de evitar con una nueva Ley que se tiren más de 1.300 millones de kilos de comida al año
Ni en hoteles, ni en restaurantes o bares, ni en supermercados, la comida no se tira. Y si es preciso para conseguirlo, se multará con sanciones de hasta 60.000 euros. En efecto, Canarias también se verá afectada por la nueva Ley que ha aprobado el Gobierno para luchar contra el desperdicio de alimentos y evitar que se tiren más 1.300 millones de kilos de comida al año, unos 31 kilos por persona, según los datos de 2020. El texto obliga a todos los agentes de la cadena alimentaria a disponer de un plan de prevención de este desperdicio y sancionará con multas entre 2.000 y 60.000 euros para quienes no hayan presentado este plan. Las sanciones podrían llegar a los 500.000 euros para los reincidentes.
También obligará a los bares y restaurantes a ofrecer gratis a los clientes aquello que no hayan consumido sin coste adicional (excepto en el caso de los bufés libres), y deberán proporcionar además "envases aptos para el uso alimentario", según la ley. Se trata de un texto "pionero" en la Unión Europea que buscará sobre todo "concienciar" a la ciudadanía sobre este problema con "consecuencias económicas, sociales, ambientales y éticas", según ha asegurado el ministro de Agricultura, Luis Planas, en rueda de prensa tras el Consejo de ministros.
Establece una jerarquía de uso de estos alimentos. Primero deberán destinarse a consumo humano a través de la donación a bancos de alimentos, después se contempla la transformación en productos como zumos, cremas o mermeladas, siempre en "condiciones óptimas de consumo". La siguiente prioridad es el consumo animal y finalmente el uso industrial, para hacer compost o biocombustibles.
Todos los agentes de la cadena alimentaria deberán contar, dentro de su plan, con "acuerdos con bancos de alimentos y ONG", según ha explicado Planas. En el caso de los establecimientos de hostelería, tendrán que donar aquellos alimentos "en pleno uso pero que tengan la previsión de que no podrán venderse al público".
Las entidades que reciban las donaciones deberán garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los alimentos. Además, la ley indica que los establecimientos solo podrán destinar estos productos a la donación, "sin ningún tipo de discriminación entre los beneficiarios", y no los podrán comercializar.
La ley plantea actuar sobre todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción agrícola y ganadera hasta la venta al por menor en el caso del comercio. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que se desperdicia cerca del 30% de los alimentos que se producen en el mundo, lo que equivale a unos 1.300 millones de toneladas anuales. De esta cantidad, un 20% de la pérdida se produce a lo largo de la cadena y un 40% en la venta al por menor y en los hogares.
Como la administración no puede regular lo que ocurra dentro de estos hogares, según ha señalado Planas, pretende sobre todo concienciar sobre el problema. "Esta no pretende ser una ley intervencionista, sino regulatoria y de concienciación", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en el papel "fundamental" que debe jugar cada ciudadano.
Ahora la ley comenzará el trámite parlamentario y el ministro ha confiado en que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2023, una vez haya sido aprobada en el Congreso y el Senado.
En cuanto al régimen sancionador de la futura norma, se considerará falta grave no contar con un plan de prevención que estará sancionado con entre 2.001 y 60.000 euros. Una infracción leve, que estará sancionada con multas de hasta 2.000 euros, será, por ejemplo, no aplicar la jerarquía de prioridades o que las empresas de distribución al por menor y la hostelería y restauración no donen los productos no vendidos que sean aptos para el consumo humano a través de un pacto o convenio. Otra infracción leve será la negativa a colaborar con las administraciones para cuantificar los residuos de alimentos. Finalmente, las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con entre 60.001 y 500.000 euros de multa, cuando se repita una falta grave en un plazo de dos años.
