Registrada en el Congreso la reforma de la Ley de Extranjería
Comparecen los portavoces de PSOE, Sumar y la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido junto a Fernando Clavijo, Ángel Víctor Torres y Sira Rego
Los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, junto con Coalición Canaria, han presentado una proposición de ley para reformar la Ley de Extranjería que requeriría a todas las comunidades autónomas el reparto de cerca de 3.000 menores extranjeros que se encuentran en Canarias. A pesar de que los consejeros del PP pidieron más tiempo para analizar la propuesta durante la conferencia sectorial, el Ejecutivo, con el respaldo del presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, ha decidido iniciar la tramitación de la ley. Sin embargo, reconocen que no cuentan con los apoyos necesarios para aprobarla sin el respaldo del partido de Alberto Núñez Feijóo.
Durante varios meses, el Gobierno de Pedro Sánchez ha estado negociando con Clavijo, quien comparte gobierno regional con el PP, con el objetivo de encontrar una solución duradera a la crisis migratoria en Canarias. En este momento, hay alrededor de 6.000 menores extranjeros acogidos en las instalaciones, que tienen capacidad solo para 2.000. El acuerdo alcanzado implica una reforma de la Ley de Extranjería para establecer un reparto obligatorio de estos menores entre todas las comunidades autónomas.
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La propuesta, presentada este lunes por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, modifica el artículo 35 de la norma, que se refiere a los menores extranjeros no acompañados. Esta modificación obliga a las comunidades autónomas a acoger a un número determinado de menores, según una serie de criterios, cuando un territorio de acogida supere el 150% de su capacidad. Torres ha indicado que, en el plazo de 12 meses, cerca de 4.000 menores deberían ser distribuidos por todo el territorio español. Además, todos los nuevos niños y niñas que lleguen al archipiélago deberán ser reubicados en el resto de comunidades en un plazo de 15 días.
Torres ha defendido que esta es "una medida de emergencia, de urgencia y justa", y ha pedido al PP que la apoye en el Congreso para que pueda ser aprobada lo antes posible "por el interés del menor" y en solidaridad con una comunidad que está soportando "individualmente" la carga de la migración. Sin embargo, las autonomías del PP decidieron no abordar esta propuesta en la reunión de la semana pasada, argumentando que no tuvieron tiempo suficiente para analizarla y criticando la falta de financiación. En respuesta, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado que la norma incluye el mismo mecanismo de financiación que el pacto alcanzado en 2022 para el reparto anual de 400 menores.
