En los últimos 22 años la tasa de crecimiento del PIB canario apenas sobrepasó el 1,3% anual de media

Por Alfonso González Jerez para Tiempo de Canarias

Supone un alivio, desde luego, que por fin un presidente del Gobierno de Canarias señale el primer verdadero problema económico que padece crónicamente el país: la productividad. El fracaso incuestionable de Canarias en materia de productividad denuncia y explica la sintomatología de una economía con crecimientos generalmente modestos, tremendamente frágil ante cualquier crisis externa, financiera, energética o sanitaria, con un desempleo estructural altísimo, salarios bajos, desigualdad creciente y una pobreza cada vez más ampliada, a los que se suma, de manera intrigante, un enorme gasto público en sanidad y educación que no sirve ni para ser debidamente atendidos en los centros sanitarios ni para aumentar la formación académica y profesional de las nuevas generaciones.

No es momento de frivolidades ni mentecateces. Nos estamos jugando –simplemente –tener un futuro habitable. El PIB per cápita no aumentará ni el desempleo conseguirá bajar del 10% de la población activa ni dispondremos de empresas regionales ni de salarios decentes hasta que no aumente la productividad de nuestra economía, es decir, hasta que seamos más productivos para crecer mejor. La productividad no recuperará su crecimiento con otro millón más de visitantes turísticos o una nueva autopista. En España la productividad dejó de crecer a mediados de los años ochenta nada menos. De hecho en 2018 –antes de la pandemia – la productividad de la economía española era un 5% más baja que en 1996. En Canarias, específicamente, la productividad ha desfallecido desde los últimos años del siglo pasado. En 2018 significaba casi un 8% menos que en 1998. Es bastante terrorífico.

En el año 2021 Canarias acumuló un PIB de unos 42.600 millones de euros, frente a su máximo histórico, los aproximadamente 47.190 millones de 2019. Este año alcanzaremos por fin, después de cuatro años, un PIB similar, con un PIB per cápita que arañará los 21.000 euros. Todavía ligeramente inferior al PIB per cápita de 2007 o 2008 –antes de la brutal crisis financiera internacional – que llegó a los 21.050 euros. En los últimos 22 años –con las dos crisis graves sufridas– la tasa de crecimiento del PIB canario apenas sobrepasó el 1,3% anual de media. No es desastroso, pero denota que algo va mal. Muy mal.

Sin embargo, las élites políticas y empresariales de las islas se han dedicado a practicar un estúpido avestrucismo cortoplacista que nos ha abocado a un entramado sistémico de problemas y, a la vuelta de la esquina, a una crisis que pondrá en cuestión la viabilidad misma de una Canarias democrática, estable, próspera y cohesionada territorial y socialmente. Y no es fácil. Vivimos del sector servicios, y muy particularmente del turismo, sobre el que los economistas subrayan dudas teóricas sobre su capacidad de tracción sobre la productividad total de factores, inferior a la de la industria, el transporte o la logística.

En los últimos 22 años –con las dos crisis graves sufridas– la tasa de crecimiento del PIB canario apenas sobrepasó el 1,3% anual de media

La llamada de atención del presidente Clavijo es atinada y correcta. Pero en mi opinión la actitud del Gobierno autónomo debería ser más proactiva desde un concepto estratégico multinivel sobre el que basar un liderazgo de las reformas necesarias. Para la situación actual de la comunidad hubiera sido más conveniente diseñar una Oficina de Prospectiva y Estrategia, emulando el centro de estudios dependiente de la Presidencia del Gobierno español, que un Comisionado del Régimen Económico y Fiscal. El Gobierno debe empezar para mejorar la productividad de la economía con la propia administración autonómica. Es imprescindible una reforma jurídica y operativa para conseguir unas administraciones públicas más profesionalizadas, más ágiles y rápidas, más informatizadas y menos burocratizadas, así como eliminar de una vez superposiciones competenciales que no redundan en un servicio público, sino todo lo contrario, y cumplir con la dichosa simplificación de trámites y procedimientos que no acaba de llegar nunca. Más de una tercera parte de los ayuntamientos canarios deberían ser suprimidos para una gobernanza más eficiente y eficaz de los territorios. La gestión del suelo en Canarias es una chapuza caótica y la planificación de la ordenación urbana una pesadilla recurrente. Pues bien: no existe una productividad sostenida sin marcos regulatorios estables y eficientes.

La productividad no recuperará su crecimiento con otro millón más de visitantes turísticos o una nueva autopista.

El estudio España 2050: Propuestas para una Estrategia Nacional de largo plazo, presentado en 2021, fue obra de un equipo de economistas organizado desde la Oficina Nacional de Prospectiva. Con sus luces y sus sombras, ya me gustaría a mí tener un documento similar respecto a Canarias, auspiciado desde el Gobierno autonómico y con la colaboración de economistas de ambas universidades canarias. Tal y como ha subrayado el profesor Jesús Fernández–Villaverde junto a la calidad de las instituciones la educación juega un papel fundamental en un desarrollo económico robusto, continuado y capaz de generar empleo, reducir la pobreza y financiar un Estado de Bienestar razonable, objetivos que Canarias no podrá alcanzar de ningún modo si no mejora la creatividad y productividad de su economía. A las reformas jurídicas e institucionales -una administración de justicia que se sobreponga de su actual colapso, unos marcos regulatorios estables y fiables- hay que sumar, desde luego, las educativas. Jamás han protagonizado un debate amplio ligado explícitamente a la salud de la economía isleña. Ya es hora que lo hagan.

“España tiene un currículo educativo excesivamente rígido y enciclopédico, más orientado a la reproducción de contenidos que al desarrollo de competencias más relevantes para la vida y el aprendizaje profundo”, se comenta en el informe antes referido. Exactamente lo mismo ocurre con Canarias desde hace décadas. No es tan abstruso indicar los elementos que deberían integrar una reforma educativa básica a favor de la productividad económica, la empleabilidad de los futuros titulados y la convivencia democrática en una sociedad plural:

a) Las universidades canarias están infrafinanciadas históricamente. Ya no puede retrasarse más un contrato programa plurianual. Las plantillas docentes están muy envejecidas. Es suicida y opuesto a toda mejora productiva cercenar recursos públicos para I+D+i; es disparatado no consensuar y regular un sistema I+D+i canario entre empresa privada, comunidad autónoma y empresarios.

b) Está muy bien enseñar en valores, pero los valores implican tanto derechos como deberes. La autonomía de los centros debe ser real y la autoridad del profesor debe restaurarse reglamentariamente. Los alumnos están obligados a conocer lo que son leyes y reglas: desde la Constitución y el Estatuto de Autonomía al ideario del centro y el reglamento del mismo. Un ejemplo: entrar en clase con móviles no es un derecho, sino un error para el estudiante y un estropicio para el aula.

Las universidades canarias están infrafinanciadas históricamente. Ya no puede retrasarse más un contrato programa plurianual

c) Si queremos que los alumnos asuman planes educativos menos rígidos y más orientados a aprender a encontrar y procesar información y a adquirir competencias y destrezas concretas, el acceso a la función docente debe permearse de ese mismo objetivo. Para ser profesor no debería bastar ya memorizar un conjunto de temas y emborronar un proyecto pedagógico según cuatro fórmulas triviales. La reforma educativa supone sobre todo una reforma de la formación de maestros y profesores. Formará parte de la plantilla de cada centro docente un psicólogo y un psicopedagogo. Potenciación de las tutorías personalizadas. Clases de refuerzo sistemáticas. La educación física, nutricional y sexual no deben ser asignaturas decorativas.

d) Priorización y Refuerzo de lectoescritura y de matemáticas en Primaria y ESO: leer, escribir, expresarse, analizar información, calcular.

e) Inglés desde la Enseñanza Infantil -la mitad de las horas- y programación informática desde primero de la ESO. A los 16 años se debe hablar inglés fluidamente y conocer y saber practicar un lenguaje básico de programación.

g) Reforma de la FP y apertura a los mayores de edad para cursos y programas profesionales específicos de formación continua.

La educación es un instrumento de transformación económica e innovación productiva. Verbigracia, no nos conformemos con que se rueden películas en Canarias gracias a nuestras ventajas fiscales. Creemos un centro de excelencia para la formación en técnicas cinematográficas –fotógrafos, sonidistas, camarógrafos, decoradores, diseñadores de vestuario, etcétera– a través de la televisión autonómica y la colaboración de universidades y grandes compañías privadas. Aportemos y retengamos talento local, importemos talento foráneo, seamos el soporte técnico-profesional de nuestro propio cine y del cine de Norteamérica, Europa y África.

Entre las patologías de la descendente productividad canaria está también al absentismo, la temporalidad laboral, los estrechos márgenes de ganancia entre la mayoría de los productores y los sueldos bajos. También en el sector servicios, donde la productividad es más baja que en la agricultura o la industria, todavía por debajo que en 2019. Si se compara Canarias con otras regiones insulares (Córcega, Madeira, Azores, Islas Jónicas) obtiene peores puntuaciones en calidad e imparcialidad de servicios. Es necesario que el turismo canario –indispensable como motor económico durante los próximos treinta años– viva su propia reforma, relacionada con la mejora de las condiciones laborales, la limitación del consumo de recursos y la sostenibilidad. Cuantitativamente ya se ha llegado al límite. Turismo con mejor prestación de servicios, turismo de más calidad y que sepa encontrar colaboraciones inteligentes con otros sectores productivos, como el agrícola y ganadero, turismo que no consuma más territorio. No demonizar a la “industria turística” pero tampoco mantener una cultura política que la consagra como solución económica intemporal y sin costes externos. Los tiene y no siempre son neutralizados por los beneficios.

Por supuesto que muchas de las medidas que deben tomarse para una mejora continuada de la productividad de la economía canaria exceden las competencias autonómicas actuales. Por ejemplo, el modelo de gestión de las universidades públicas, que es directamente un horror. Ninguna de las cincuenta mejores universidades del mundo – públicas o privadas – se gobierna según el vetusto modelo de la universidad pública española, en la que la comunidad universitaria elige a un señor o una señora que encabeza un equipo de gestión –salido igualmente de una lista electoral– tenga o no tenga poca o mucha experiencia en gestión de empresas o en buscar financiación externa. Y las universidades (públicas) no suelen tener precisamente un equipo de economistas, gerentes y administradores especialmente competentes entre sus muros, por no hablar del control tribal de departamentos, las luchas cainitas, el asfixiante papeleo burocrático. Es una catástrofe cotidiana que convierte en realmente milagrosos los buenos profesores y la buena investigación que, pese a todo, pueden encontrarse en las universidades canarias, cuyos centros han optado por buscarse la vida pero que, incluso para eso, no cuentan con las herramientas necesarias. Cuando más del 40% de las plazas son de profesores asociados -un índice altísimo de precariedad- ¿qué calidad docente se puede esperar?

Porque poner luz, orden y limpieza en este gallinero puede llegar a tener un coste político terrible para el que pretenda asumirlo realmente como objetivo estratégico

En todos los casos de una sociedad con un sistema económico deficientemente productivo -y de una frágil complejidad- se extiende una percepción cada vez más generalizada. La percepción de que casi nada funciona bien. La pesadilla de que la chapuza nos persigue por todas partes y que nuestra propia vida es una creciente chapuza en sí misma. Uno intuye que esa sensación se ha popularizado en Canarias durante las últimas décadas. Pero no conviene engañarse. Muchísima gente ama la chapuza. Muchísima gente no está dispuesta al esfuerzo de corregirla, de vivir de manera más exigente, de perder su zona de confort empresarial, funcionarial, académica. El enredado y arriscado esfuerzo de enderezar la productividad canaria, que transversalmente exige cambios en múltiples espacios sociales, administrativos y económicos asusta a los políticos. Porque poner luz, orden y limpieza en este gallinero puede llegar a tener un coste político terrible para el que pretenda asumirlo realmente como objetivo estratégico. En el fondo el líder político que se atreviera a impulsar este cambio estructural estaría fortaleciendo a una sociedad civil frente a su propio poder y capacidad de influencia, cuestionado de facto el dolce far niente de una élite incrustada en el inmovilismo. No parece demasiado verosímil. Y sin embargo es absolutamente imprescindible.