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Emergencia habitacional en la Canarias de 2018. Por Andrés Briansó

 

 

Andrés Briansó

 

Algunas nos integramos en la vida política como consecuencia de un accidente lógico al entender la necesidad de trasladar la lucha social al interior de las instituciones.

 

Entendemos que las desigualdades sociales y la exclusión de familias trabajadoras a quienes se les cierran las puertas del bienestar hace necesario intensificar la defensa de los derechos más básicos como el de acceso a una vivienda digna.

 

Lamentablemente mientras no se alteren las reglas del juego en la desigual relación entre hipotecados sobreendeudados y banca, se mantendrá la lacra de los desahucios.

 

Lo que es igualmente alarmante es la ausencia de una red de seguridad pública. La falta de interés por crear un parque público de alquiler suficiente hace imposible que una familia que no pueda cumplir sus obligaciones con la banca y se vea en una situación de desahucio pueda ser realojada, al menos temporalmente, en una vivienda pública.

 

Seguimos en una situación de emergencia habitacional en Canarias, agravada además con el auge del alquiler vacacional debido a la popularización de su explotación a través de las nuevas tecnologías. Así, si no alteramos los desequilibrios de poder entre banca, ciudadanía y administraciones públicas, las entidades seguirán desahuciando y las personas con menos recursos seguirán siendo desahuciadas.

 

Actualmente en Canarias carecemos de una política de vivienda adecuada, los presupuestos públicos de vivienda son míseros, se han cerrado empresas, no se ha creado parque, además de que no se han afianzado alianzas con el tercer sector, ni con las entidades bancarias, ni con los colectivos defensores del derecho a la vivienda digna.

 

Si el problema de vivienda fuese un paciente con una grave enfermedad, el Gobierno de Canarias como médico, en vez de operarle de urgencia le subvencionaría una cómoda gama de ataúdes.

 

Sigue habiendo un inmenso número de vivienda vacía en manos de la banca esperando, especulando para seguir haciendo caja a costa del sufrimiento de la población y con la complicidad de unas administraciones insensibles e ineficaces.

 

Es urgente la toma de medidas concretas que supongan cambios drásticos en beneficio de la población: la puesta en el mercado de la vivienda vacía, el blindaje de alquileres asequibles, la rehabilitación y la provisión de vivienda barata. Para lograr estas medidas es necesario un importante compromiso de recursos públicos, lo que significaría un aumento de la presión fiscal a los que más tienen, una decidida apuesta contra el fraude y una indudable mejora en la gestión.

 

Nuestra apuesta decidida además pasa por impulsar una Comisión Parlamentaria autonómica que analice, de forma global, la problemática del derecho a la vivienda junto con colectivos ciudadanos; además de la creación de una Empresa Pública de Energía para, entre otras cosas, garantizar el suministro a personas y familias vulnerables, en consonancia con nuestra idea de que una vivienda no supone solo un techo sino que lo entendemos como un concepto más amplio que incluya la garantía de suministros esenciales.

 

Nos encontramos ante un problema que por sus dramáticas consecuencias sobre la población y por el creciente número de afectados demanda medidas valientes que supongan una postura firme de las instituciones en beneficio de la ciudadanía. Para lograr esto debemos apostar por poner al frente de las administraciones un equipo que combine experiencia con la empatía necesaria para mantenerse sólido en tan importante objetivo.

 

 

 

 

 

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