¿Cómo implementar un canal de denuncias?
La lucha contra la corrupción es una de las prioridades, en materia administrativa, que se ha marcado la Unión Europea en esta etapa. Dar herramientas a los trabajadores para poder avisar sobre los casos y movimientos sospechosos que se producen a su alrededor, en las compañías que trabajan con la Administración, ha sido la principal medida de esta iniciativa. Así nace el canal de denuncias para empresas, también conocido como ‘whistleblowing’, que consiste en una vía que tiene carácter oficial y que respalda el anonimato, y que se ha asumido por Ley cuando se reúnen una serie de condiciones.
Esta normativa, fruto de las decisiones de la directiva europea, ha entrado en España en septiembre de 2022, mediante su aprobación en el Consejo de Ministros. De esta manera, todas las entidades públicas y ayuntamientos, así como las empresas que tienen más de cincuenta empleados y aquellas que facturan un volumen superior a los diez millones de euros o están relacionadas con el sector financiero, tienen la obligación de instalar un canal de denuncias. Una vez la Ley ha sido aprobada, a lo largo del 2023 se especificarán los tiempos de aplicación de esta nueva normativa que significa un cambio radical de la relación entre la Administración y las empresas. A partir de ahora, cualquier empleado dispone de una herramienta muy potente para denunciar un posible caso de fraude o corrupción.
El canal de denuncias es interno cuando se ubica en el seno de una empresa privada o en una Administración. En el caso de los ayuntamientos, aquellos con una población inferior a los 10.000 habitantes tienen la posibilidad de compartir dicha herramienta. Este canal es externo si la fuente es el propio Estado, que forma parte de la Unión Europea, ya que esta medida incluye a todos los miembros de esta comunidad. Los organismos públicos tienen la obligación de instalar el marco adecuado para la presentación de denuncias independientes y autónomas, además de para su correcta recepción.
Tipos y aplicación
Las entidades sujetas a instalar esta herramienta pueden elegir un canal de denuncias interno, cuyo funcionamiento se realiza dentro de la propia empresa; o externo, de manera que es un proveedor ajeno a ella quien lo tramita y gestiona. La definición concreta de las personas que son responsables de este canal es otra de las medidas que se tienen que llevar a cabo. Esto implica, además, el correspondiente proceso formativo. La obligatoriedad de esta Ley ha posibilitado el surgimiento de compañías especializadas que ofrecen, a otras empresas de diferentes sectores, este servicio. Su actuación es esencial para detectar posibles irregularidades en materia de blanqueo de capitales, protección de datos y fraudes. El recurso a un factor externo tiene la ventaja de que sus conclusiones se convierten en un indicador de transparencia, que puede dar una muy buena imagen si los resultados son positivos.
