La imputación de Blas Acosta
Los excesos de celo y el “quedabién” de los llamados partidos de izquierdas han logrado que la política esté más politizada que nunca en este país y, por supuesto, en Canarias. Ahora, el vicepresidente del Cabildo y secretario general del Psoe en Fuerteventura, Blas Acosta, se ha visto sorprendido y en peligro político al estar imputado por un posible delito societario cuando era el máximo responsable de la empresa municipal de Pájara, Gesturpa, en su época de concejal de urbanismo. Gesturpa se creó en 1996 para construcción de viviendas o la gestión de alquileres de inmuebles o ventas de parcelas y fue disuelta en 2016, con una deuda de más de un millón y medio de euros. Al parecer, la concejal de Votemos, que estaba en la anterior legislatura como independiente en las listas del Psoe, y que acabó mal con Blas Acosta, ha denunciado las posibles irregularidades en la gestión económica de la empresa donde parece ser que se investiga que ha habido desfases en la contabilidad. Más allá de que todavía es muy pronto para aventurar nada, si es cierto que tal y como está el código ético de algunos partidos, y en concreto del Psoe, la situación política se les puede complicar de cara al futuro. En principio, sólo hay una auditoria donde se reflejan algunas posibles irregularidades en la gestión de unos créditos y de un balance financiero con algunas dudas contables, pero la oposición no desperdiciará esta investigación para tratar de meter en un aprieto al principal líder del socialismo en Fuerteventura.
Hidalgo: “Se quede en nada”
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, quién visitó a su homónima en Arrecife, la también socialista, Eva de Anta, aseguró a preguntas de los periodistas que todavía es pronto para valorar esas acusaciones contra Acosta pero que “espero que se queden en nada”. Y posiblemente se quede en nada o no. La realidad es que los famosos códigos éticos de los partidos ponen en apuros a quién más exige que se cumplan. Tenemos el caso del Psoe de Lanzarote donde su secretaria general pidió la dimisión de Pedro San Ginés por su implicación en el caso de la incautación de la desaladora de Montaña Roja o cuando la dirección de los socialistas obligaron a dimitir a su propio alcalde de Arrecife, José Montelongo, por estar imputado en el caso Montecarlo, sin siquiera fijarse fecha de juicio oral. Una dimisión provocada más por cuestiones internas de poder que por la gravedad del asunto. O luego la pasividad del partido con el multimputado ex-secretario general del Psoe, Carlos Espino, acusado de varios delitos graves ligados a la corrupción en su cargo de consejero delegado de los Cacts. Queremos decir con ello dos cosas. Primero que los llamados códigos éticos se utilizan políticamente por los partidos, ya sea para combatir al contrario, o para lidiar disputas internas de poder. Y, en segundo lugar, que por exceso de celo se cometen no sólo injusticia políticas sino dramas familiares con imputaciones que luego quedan en nada. Pero el daño político y personal ya nadie lo resarce ni a nadie le interesa. La política se está convirtiendo en una profesión de riesgo de la que los más preparados ya huyen y mayormente acuden a ellas los que no consiguen trabajo por si mismos. Una pena.
