Buenas nuevas y no tan buenas sobre la pobreza
Canarias ha registrado una reducción en su tasa de pobreza, marcando el nivel más bajo desde que existen registros. La Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social ha caído del 33,8 al 31,2 por ciento en tan solo un año. El dato es extraordinariamente alentador, pero –siempre hay un pero- no puede ocultar una realidad más compleja: la desigualdad sigue creciendo y las políticas públicas, aunque necesarias, siguen resultando insuficientes para cerrar la brecha creciente entre los más ricos y los más pobres en el Archipiélago.
La mejora de la tasa Arope, el indicador europeo que mide la pobreza y la exclusión social, implica un descenso del segundo al quinto puesto en el ranking de regiones más pobres de España. También la tasa de riesgo de pobreza, que mide los ingresos tras las transferencias sociales, ha disminuido del 26,1 al 24,6 por ciento, un porcentaje que no se había logrado desde el inicio de la crisis económica de 2008. Esos avances no pueden despreciarse: evidencian el impacto positivo de una economía más próspera, y de políticas laborales y sociales que han contribuido a mejorar la situación en las islas. Sin embargo, aún hay más de 700.000 canarios que viven en la precariedad, con dificultades para afrontar gastos imprevistos, pagar facturas o simplemente permitirse una semana de vacaciones al año. El crecimiento económico y la mejora de los ingresos medios en Canarias (casi un diez por ciento durante el último año) no han beneficiado por igual a todos: mientras algunos grupos y sectores han logrado incrementar su bienestar material, una parte muy importante de la ciudadanía, que incluye gente que antes se identificaba como de clase media, se mantiene atrapada en la precariedad. La incapacidad de nuestro sistema económico para impulsar una redistribución efectiva de la riqueza sigue siendo el mayor obstáculo para erradicar la pobreza estructural en las Islas.
Sin duda, las políticas públicas tienen mucho que ver con la reducción de la pobreza: el incremento del salario mínimo, el refuerzo de las ayudas sociales y la aplicación de medidas como el ingreso mínimo vital, contribuyen a aliviar la situación de muchas familias. Pero son medidas insuficientes para abordar el problema en su conjunto. La desigualdad en Canarias es cada vez más evidente y se manifiesta en el acceso a bienes y servicios básicos. Aunque la renta media de los canarios crece, sigue siendo inferior a la media nacional. Canarias continúa encabezando la relación de regiones con mayor porcentaje de población en carencia material severa, con un 10,5 por ciento, muy por encima del 8,4 por ciento de la media española. Muchas familias, a pesar de los avances en términos de empleo e ingresos, siguen sin poder permitirse gastos esenciales como una alimentación adecuada o el mantenimiento de un vehículo o –por supuesto- el alquiler de una vivienda, uno de los problemas que más angustian.
La pobreza se combate con subidas en los salarios y con el reparto eficiente de los impuestos, pero uno de los aspectos más alarmantes es la muy escasa inversión del Gobierno nacional en la lucha contra la pobreza en Canarias. El presupuesto del Estado destina apenas 30 millones de euros a mejorar las condiciones de las personas más necesitadas, una cantidad ridícula, claramente insuficiente para revertir la situación de esos cientos de miles de canarios que rozan situaciones vitales de miseria. La cifra representa una inversión de menos de 43 euros por persona necesitada, una cantidad irrisoria si se considera la magnitud del problema.
La lucha contra la desigualdad no puede limitarse a medidas paliativas, sino que debe abordarse desde una perspectiva estructural. La inversión en servicios públicos, el acceso a vivienda asequible, la mejora del sistema educativo y el fortalecimiento del empleo de calidad, son todos elementos fundamentales para reducir la brecha económica y social. Sin una financiación adecuada y una estrategia que persiga la redistribución de la riqueza, más allá de las políticas de ayudas y paguitas de coyuntura, la mejora actual puede ser temporal y no llegar a consolidarse. Porque hoy la economía ha mejorado, pero la diferencia entre los ingresos de los más ricos y los más pobres –lo que se denomina eufemísticamente ‘brecha social’- sigue creciendo en los últimos años. Los canarios más ricos ven aumentar exponencialmente sus beneficios y patrimonios, y los más pobres retroceden en el reparto global. Hay más tarta para repartir, pero el reparto sigue siendo injusto: la parte que llega a los más ricos crece más que la que llega a los más pobres.
