Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla exigen la fiscalización del precio de los billetes aéreos
Piden además la obligación de servicio público para determinadas rutas
Los gobiernos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla han acordado hoy establecer medidas para impulsar una estrategia cuyo objetivo sea la determinación de un sistema de transporte sostenible, eficiente y eficaz que permita la cohesión territorial y social, el desarrollo económico y el respeto por el medio ambiente. Esas medidas se han agrupado en la Declaración Institucional aprobada por las delegaciones de los cuatro gobiernos autónomos reunidos desde ayer en Las Palmas de Gran Canaria en la primera Cumbre sobre el Transporte y la Movilidad Sostenible de los Territorios Extrapeninsulares.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, acompañado por la presidenta del Govern de Illes Balears, Francina Armengol, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, el director general de Fomento de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Bharat Bhagwandas, y el consejero canario de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha hecho pública hoy la Declaración Institucional que recoge un conjunto de medidas para facilitar la conectividad de los residentes en estos territorios con la España peninsular.
El presidente de Canarias avanzó que solicitarán una reunión al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para trasladarles las conclusiones de la cumbre. También resaltó el acuerdo para que cada año se celebre esta Cumbre en uno de estos cuatro territorios "para seguir profundizando en nuestras relaciones y el diálogo", apuntó, y trabajar en una alianza que el presidente calificó de "estratégica para nuestros territorios en materia de transporte y movilidad". La próxima cumbre se realizará el año que viene, en la segunda quincena de enero, en la ciudad de Melilla.
Todos los representantes públicos que han participado en esta cita coinciden en que la bonificación del 75 por ciento ha supuesto un hito pero "tiene que redundar en que el pasaje sea más barato para el usuario, y que la complementación y financiación por parte del Gobierno de España no suponga un aumento de los precios", apuntó Ángel Víctor Torres.
Los cuatro gobiernos de los territorios extrapeninsulares reconocen que hay que mantenerse vigilantes para que esta subvención, que supone un desembolso anual de 600 millones de euros al Estado, no se vea desvirtuada. "Los poderes públicos no pueden desentenderse de garantizar la movilidad bajo unos estándares básicos de calidad y precio, y más aún, cuando detectamos posibles nuevas amenazas como, por ejemplo: los procesos de concentración empresarial en los diferentes modos de transporte, nuevos modelos de turoperación o el BREXIT. En consecuencia, la movilidad en estos territorios requiere que se recoja la excepcionalidad de sus circunstancias y se determine un tratamiento diferenciado".
En la Declaración Institucional se refleja que "ahora es el momento de trabajar juntos, gobiernos autónomos y Estado, con el objetivo de definir los mecanismos que certifiquen la máxima eficiencia de los recursos públicos para, así, asegurar que se dirigen directa y exclusivamente a los ciudadanos de los territorios extrapeninsulares".
Tras estas consideraciones previas, los cuatro gobiernos regionales protagonistas de la Cumbre han acordado instar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a tomar las conclusiones de esta Cumbre como punto de inicio para comprometerse en actuaciones concretas como las siguientes:
Crear una mesa permanente integrada por representantes del Estado y de estas cuatro comunidades para el seguimiento, control y propuestas de actuaciones sobre movilidad.
Establecer Obligaciones de Servicio Público para determinadas rutas con la Península sobre la base de tarifas máximas o de referencia, frecuencias mínimas, refuerzos estacionales, etc.
Reclamar el análisis de la aplicación de las subvenciones a residentes en el transporte intermodal hasta el fin del trayecto, en conexión con los territorios insulares y ciudades autónomas, independientemente del operador.
Fiscalizar el sistema de establecimiento de precios de las compañías para evitar que se produzcan incrementos no justificados de los mismos.
Dar a conocer públicamente las conclusiones de los estudios presentes y futuros de movilidad y específicamente los relativos al encarecimiento de los billetes.
Incluir en los Presupuestos Generales del Estado la exigencia de que la condición de residente se acredite a la finalización del proceso de compra de billetes y no al inicio.
Asegurar que la situación derivada del Brexit no suponga un incremento de las tasas de navegación.
Los gobiernos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla han acordado también establecer una unidad de acción de las cuatro instituciones con respecto a la conectividad, colaborar con el Gobierno de España en la tramitación de la propuesta legislativa para elaborar una Ley Estatal de Movilidad Sostenible que contemple las singularidades de estos territorios, y fijar un compromiso para trabajar en el establecimiento de medidas a fin de iniciar la transición hacia una movilidad sostenible e inteligente.
Otro punto importante en el que ha habido consenso es en solicitar al Estado la participación en los órganos de gestión de AENA y la gestión compartida de las instalaciones aeroportuarias para desarrollar una gestión más efectiva y ajustada a la realidad social, económica y territorial de los territorios extrapeninsulares.
Además, la Declaración Institucional incluye la necesidad de solicitar al Gobierno central el seguimiento del proceso de adquisición de la compañía Air Europa por el Grupo IAG, ya que la concentración empresarial resultante puede suponer una reestructuración de las rutas que operan las diferentes compañías en estos territorios. También se ha acordado solicitar que se estudie ampliar la bonificación al transporte marítimo de pasajeros residentes al vehículo embarcado como parte de su equipaje en los desplazamientos a la Península.
En el caso concreto de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se ha consensuado reclamar a la administración del Estado la compensación de los costes efectivos del transporte de mercancías para abastecimiento de estos territorios.
