El portaviones francés de la discordia pasa frente a la costa Oeste de Fuerteventura
En medio de la polémica se asegura que el portaviones lleva residuos nucleares a bordo guiado por un remolcador holandés
Aunque unos dicen que el barco se dirige al desguace y otros aseguran que todavía no se sabe muy bien que hacer con el, lo cierto es que el que fuera uno de los primeros buques de estas características de la Armada francesa navega por el Archipiélago “sin control posible cargado de amianto y con residuos nucleares”, según Diario de Avisos.
“El portaviones denunciado por autoridades de distintos países y no pocas organizaciones no gubernamentales se pasea desde ayer por el corredor de aguas internacionales existente entre las islas de Gran Canaria y Fuerteventura remolcado por otro buque sin que conste finalmente cuál será su destino, por mucho que este pase por algún puerto del Mar Mediterráneo, hacia el cual se dirige”, explica el periódico tinerfeño.
El portaviones en cuestión dio en su tiempo honor y prestigio a la siempre orgullosa patria gala, por cuanto se trata de uno de los construidos de la clase Clemenceau, en honor al histórico político de aquel país que fue primer ministro de la III República del país transpirenaico, pero hoy no es más que un monumental conglomerado de chatarra nada conveniente para el medio ambiente, por cuanto, tal y como denuncian las aludidas ONG ecologistas, porta material tan tóxico como varias decenas de toneladas de amianto con el que se construyó en aquellos tiempos en que los también llamados asbestos se usaban hasta en los colegios, pero también residuos de su participación en pruebas nucleares llevadas a cabo por Francia en el Océano Pacífico.
Ayer mismo, un remolcador con bandera holandesa contratado por una empresa que se hizo cargo de este portaviones, denominado en primer lugar Foch y, tras ser vendido a Brasil, se llamó Aeródromo Sao Paulo y luego Nao Sao Paulo, navegaba al reducido ritmo que conlleva arrastrar semejante carga entre aguas internacionales como siguen siendo las existentes a escasas millas al oeste de Fuerteventura, las aguas interiores del archipiélago.
Canarias o el Estado no pueden hacer nada
La normativa vigente, derivada de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar identificada por Montego Bay (Jamaica), lugar donde se firmó, limita todo tipo de actuación por parte de las autoridades españolas pese al riesgo existente, tal y como explicaron anoche a DIARIO DE AVISOS autoridades portuarias, quienes no dudaron en apuntar que, conocedoras de las características de tan peculiar transporte, se le ha negado cualquier autorización a recalar en puerto canario alguno, habida cuenta de las lógicas prevenciones que implica esta suerte de ‘bomba’ medioambiental que, lamentablemente, acecha ahora mismo a las Islas.
Canarias no es un estado y por ende, según las normas del Derecho Internacional Marítimo, no puede exigir al Estado español que controle lo que sucede en las aguas que separan islas como Gran Canaria y Fuerteventura, por donde ayer circulaba a paso de tortuga un remolcador que tira de un antediluviano portaaviones francés revendido a Brasil y luego repudiado por dichas autoridades y que va cargado de materiales tóxicos y radioactivos de tal peligrosidad que ni en dicho país se autorizó a que zarpase ni en Turquía, inicial punto de destino para su desguace, quieren que llegue.
Se confía en que la mejora en las relaciones entre España y Marruecos permitan al fin delimitar la mediana con Canarias, pero la realidad es que, justo al lado de los principales motores económicos del Archipiélago como son las zonas turísticas, quienes imponen su particular ley son mafias como las de trata de seres humanos, que han convertido en un cementerio esta parte del Atlántico. También, visto lo visto, las que ponen en riesgo a Canarias en algo tan sensible como el medio ambiente.
