El uso de la RIC para la vivienda de alquiler asequible, más cerca

El Congreso de los Diputados aprobó este martes considerar la proposición de ley para que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) se pueda destinar a la adquisición, construcción y rehabilitación de viviendas para su uso como residencia habitual y de alquiler asequible, excluyendo completamente su utilización con carácter vacacional y turístico. Con 299 votos a favor, 37 noes y seis abstenciones, esta medida entra ahora en la fase de tramitación por parte de la Cámara.

La iniciativa propuesta por Coalición Canaria (CC) y PSOE, que contó con el apoyo del Partido Popular (PP), Sumar y PNV, y con la negativa de Podemos y Vox, permitirá utilizar los fondos de la RIC para adquirir y, en su caso, construir bienes inmuebles destinados a vivienda habitual en el archipiélago. Y también que dicha reserva se destine a participaciones en el capital de sociedades que inviertan en arrendamientos de viviendas habituales.

La portavoz de CC en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, resaltó “la gran importancia social y los efectos prácticos de una medida que está pensada y diseñada para aumentar la oferta de viviendas en alquiler asequible y responder así a la emergencia habitacional que vivimos en Canarias”. Una situación, recordó, “que no es nueva, pero que se ha agravado y, ante este panorama, no podemos seguir haciendo lo mismo. Al contrario, tenemos que actuar con mucha más determinación”.

En este sentido se pronunció también la diputada del PSOE por Lanzarote, Dolores Corujo, quien apuntó directamente al Gobierno de Canarias (CC-PP) al que acusó de haberse mostrado “incapaz de poner coto al incremento desmesurado del alquiler vacacional” que en la actualidad se estima en “más de 65.000 inmuebles” destinados exclusivamente a esta actividad en las islas. Tanto nacionalistas como populares, en opinión de la socialista, no han sabido frenar el impacto que ha provocado en la sociedad el aumento de visitantes y lo que ello ha supuesto en materia de servicios, como si su partido nunca hubiese gobernado en el archipiélago.

Por su parte, el diputado del PP, Sánchez Ojeda, que anunció su apoyo para garantizar que la medida saliera adelante con mayoría quiso recordar a ambas representantes que “la propuesta inicial fue nuestra, ni del PSOE, ni de los bienquedas de CC”. Noemí Santana, de Podemos, continuó con la pataleta en la que está instalada desde hace años, intentando argumentar su negativa a esta iniciativa porque en 2006 cuando se amplió la RIC se pudo constatar “la mala praxis que hacían las empresas” al respecto. 

Para evitar precisamente lo que denuncian desde la bancada morada, Valido dejó claro que las viviendas estarán sujetas a controles estrictos para vigilar que se alquilan en un plazo máximo de seis meses desde su ejecución o puesta en condiciones de habitabilidad, y cuyo incumplimiento conllevaría la pérdida del beneficio fiscal. Tampoco podrá existir vínculo alguno entre propietario e inquilino. “Lo que demuestra y garantiza que la medida está diseñada para evitar cualquier uso especulativo porque no es para generar beneficios rápidos, ni tampoco para usos turísticos ni para inversión extranjera. Es algo necesario para garantizar más viviendas asequibles a residentes canarios”.