Los ecologistas de Telde también se posicionan a favor del derribo de los hoteles de Fuerteventura
En un comunicado, Turcón apoya el posicionamiento del Defensor del Pueblo sobre los hoteles RIU en Fuerteventura, mientras, las familias luchan por su puesto de trabajo
En un comunicado el Colectivo Turcón – Ecologistas en Acción “manifiesta su apoyo al Defensor del Pueblo que ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de La Oliva y que confirma que el expediente de caducidad de la concesión para ocupar el dominio público marítimo terrestre otorgada a Riu Hoteles SA en las Dunas de Corralejo, se ajusta a derecho y debe continuar hasta sus últimas consecuencias con el derribo de los hoteles y la restauración ambiental de la zona”.
En este sentido, además recuerdan que “este Colectivo está personado en los dos expedientes de caducidad, tanto del Hotel 3 Islas como del Oliva Beach, que llevan ocupando décadas el dominio público de Costas y un espacio natural protegido como el Parque Natural de Corralejo”.
“Estos hoteles han sido un mal ejemplo de cómo llevar una política insostenible de la actividad turística, ocupando precisamente, el bien ambiental que sirve de atractivo y poniendo en riesgo el derecho que tiene toda la ciudadanía al uso del dominio público, los bienes ambientales a preservar y, con ello, al resto de la actividad turística de la Isla de Fuerteventura”, explican.
Recelo ante el traspaso de competencias en costas
Así mismo, desde el Colectivo Turcón – Ecologistas en Acción “queremos manifestar que el traspaso a la Comunidad Autónoma Canaria de las competencias de Costas y que esta no sea una nueva puerta de entrada a la concesión de licencias de obras en dominio público que vayan en contra del interés general y de la protección de la pertenencia pública de todos y todas, cuya preservación a ultranza es fundamental para el desarrollo medioambiental y social de Canarias”.
“Esperamos que el Gobierno de Canarias, sea menos permisivo con la ocupación de la costa de lo que han sido las administraciones anteriores. Se trata de una oportunidad para que el Gobierno de Canarias demuestre que el traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma no es sinónimo de permisividad con la ocupación de la costa y la corrupción, el deseo de la ciudadanía es percibir una administración valedora de los intereses culturales, medioambientales y patrimoniales de este territorio ultrajado por viles provechos económicos”, afirman.
