El Cabildo de Gran Canaria formaliza su denuncia contra el cura de Lomo Magullo
La denuncia está firmada por el presidente Antonio Morales y solicita que se dictamine si estas manifestaciones pudieran ser “constitutivas de un ilícito penal de odio por razones ideológicas”
Antonio Morales, en su calidad de presidente del Cabildo grancanario ha formalizado un denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Las Palmas, para que abra una investigación que determine si las declaraciones y mensajes en video, audio y plataformas de redes sociales, por parte del conocido como ‘Padre Báez’ pudieran ser “constitutivas de un ilícito penal de odio por razones ideológicas”.
Esta decisión fue anunciada el pasado domingo, tras lo cual han sido numerosas las adhesiones a dicha iniciativa así como las manifestaciones de repulsa a las declaraciones realizadas por el párroco en diversos medios tras el asesinato de ‘violencia vicaria’ de las niñas Olivia y Anna, a manos de su padre.
El cabildo considera “muy grave exculpar la acción de asesinar a dos niñas, justificándola en la ruptura matrimonial y en conductas de las que se culpabiliza, claramente, a la madre de las niñas”.
De esta manera para el Cabildo “utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para justificar el asesinato de estas menores, por la separación matrimonial y la conducta de la madre es culpabilizar a la que es víctima, y hacer apología de unos valores y una ideología discriminatoria y de violencia contra las mujeres”.
En la denuncia se considera que “la trivialización y justificación de este crimen, unánimemente reconocido como un caso de violencia vicaria extrema podría constituir un delito de odio por razón de género tipificado en el artículo 510 del Código Penal” y que por lo tanto esto obliga al Cabildo a reaccionar como sociedad y como Administración Pública en cumplimiento de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, especialmente para erradicar las conductas favorecedoras de desigualdad de las mujeres en todos los medios de comunicación social”.
Para el Cabildo, “la libertad de expresión no puede amparar un discurso de ataca frontalmente el modelo de convivencia diseñado por la Constitución, lesionando gravemente el derecho a la igualdad y la no discriminación”.
